La guerra en la policía llega al juzgado

Mateo Balín / Colpisa MADRID

ESPAÑA

El fiscal acusa de «extralimitación intolerable» al inspector que investiga al comisario Villarejo y a la cúpula de Interior, y le pide al juez que lo aparte del caso

10 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

La guerra de comisarios en la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, acrecentada tras la difusión de las grabaciones del ministro del Interior con el ex jefe de la oficina antifraude catalana, suma un nuevo capítulo. Esta vez los efectos llegan hasta el mismo juzgado de Madrid que investiga el caso del Pequeño Nicolás. Un procedimiento penal en el que está imputado por un delito de revelación secretos el comisario José Manuel Villarejo, uno de los protagonistas de este grave conflicto y que en sede judicial llegó a admitir la existencia de la llamada operación Cataluña, en referencia a las actividades secretas que llevó a cabo este cuerpo desde el 2012 para frenar el proceso soberanista.

El fiscal Alfonso San Román ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción número dos de Madrid en el que pide al magistrado Arturo Zamarriego que aparte del caso al inspector jefe que dirige la investigación contra el comisario Villarejo y la cúpula de Interior. Asimismo, ha solicitado que disuelva la llamada Comisión Judicial de la Policía Nacional, nombrada por el juez y que ha sido responsable del informe sobre la grabación ilegal al comisario Marcelino Martín Blas-Aranda, ex jefe de Asuntos Internos -la unidad que detuvo al Pequeño Nicolás-, el citado inspector jefe Rubén López y dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Conversación en el juzgado

Aquel encuentro intervenido por un teléfono móvil y difundido por varios medios derivó en la apertura de una pieza separada de la causa principal, en la que están imputados una decena de personas, entre ellos Francisco Nicolás Gómez Iglesias por delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de identidad. En la pieza están siendo investigados por revelación de secretos el comisario Villarejo y el periodista que publicó la primera información sobre la grabación en Infosensible, web dirigida por la mujer de Villarejo.

El informe policial sobre las escuchas ilegales fue encomendado por el juez a la comisión judicial, de la que forman parte el comisario Martín Blas-Aranda y el inspector jefe López. Entre sus conclusiones conocidas en mayo pedían la detención de Villarejo, de su mujer y del periodista, y la imputación del ex director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, de otros comisarios y de varios informadores de diferentes medios de comunicación. Sin embargo, el fiscal San Román se opuso entonces a investigar a Pino, ex número dos de la Policía, y ahora le pide al juez que aparte a los responsables del informe y disuelva la comisión judicial. Alega que ha habido una «extralimitación intolerable» de sus funciones y se ha vulnerado la presunción de inocencia de los investigados. Para el fiscal, la gota que colmó el vaso ha sido una conversación entre el Pequeño Nicolás y el inspector jefe López en los pasillos del juzgado, en el que este supuestamente le ofreció un acuerdo favorable para cerrar el caso. El fiscal dio por buena la versión denunciada por el joven y ahora reclama apartar al inspector jefe de la investigación. En cambio, rechaza la nulidad de todas las actuaciones, como pidió la defensa del presunto estafador.