Abren juicio oral contra 27 personas y contra el PP por la trama Gürtel en Boadilla

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Ballesteros

La Fiscalía reclama más de 76 años para el líder de la trama, Francisco Correa, y más de 64 para el número dos, Pablo Crespo

30 jun 2016 . Actualizado a las 23:46 h.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó ayer la apertura de juicio oral contra 27 acusados en la pieza separada del caso Gürtel en la que se investigan las actividades presuntamente ilícitas cometidas en Boadilla del Monte (Madrid) alrededor del grupo de Francisco Correa, principal cabecilla de la trama corrupta desarticulada en febrero del 2009. El instructor declaró la responsabilidad civil de 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco envió a juicio, entre otros, a los responsables de Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y José Luis Izquierdo; al exalcalde de Boadilla Arturo González Panero; al concejal José Galeote; al exdiputado Alfonso Bosch; y a los empresarios Alfonso García Pozuelo, José Luis Ulibarri, Jacobo Gordon y José Ramón Blanco. A todos les impone fianzas que superan los 150 millones de euros en concepto de multas y responsabilidad civil, a lo que se suma el tercio establecido por ley. Las fianzas más altas corresponden a Correa, con más de 32 millones de euros; Crespo, con casi 24 millones, y González Panero, alias El albondiguilla, con 23,6.

Acusaciones

El juez decretó la apertura de juicio oral por si los hechos investigados en esta pieza fueran constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales e insolvencia punible.

En el auto se describen todas las operaciones presuntamente irregulares investigadas, de algunas de las cuales supuestamente se benefició el PP, «consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de los distintos actos políticos organizados por y para el partido» y que se cifran en un total de 204.198 euros.

La resolución señala a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento y concede un plazo de diez días a los acusados, responsables civiles y a partícipe a título lucrativo para que presenten sus escritos de defensa. El PP figura también como partícipe a título lucrativo en los procedimientos que afectan a la trama en los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.

Según la Fiscalía, la red pagó a los políticos del PP, en forma de regalos o dinero, a cambio de interceder en adjudicaciones públicas de Boadilla, llegando la trama a dirigir en la práctica toda la contratación pública en esa localidad del noroeste de Madrid. Dichos pagos ascendieron a 1,8 millones en el caso de González Panero, 2,7 millones en el de Correa, y Bosch llegó a embolsarse 941.652 euros, Crespo 593.000 y Galeote 557.609 euros.

Cuentas en Suiza

Parte de los fondos percibidos por El albondiguilla, Crespo y Martín Morales se ocultaron en cuentas abiertas en sucursales bancarias suizas abiertas a nombre de sociedades panameñas.

Todas estas actuaciones se habrían cometido, según la Fiscalía, «con la finalidad de enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos por el grupo liderado por Correa en Boadilla del Monte del 2001 al 2009», que «incorporaría funcionarios y autoridades de dicho municipio a cambio de la correspondiente comisión».

«Especialmente en la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, entidad que controlaban de hecho a través de sus sucesivos gerentes y a la que consecuentemente transferían desde el ayuntamiento la contratación de distintos servicios consiguiendo de esta forma también eludir los controles, entre otros, de la oposición política y de la Intervención».

Empresarios

De este modo, la red habría favorecido la contratación de la entidad Sufi, gestionada por Rafael Naranjo con la colaboración de su hijo Gonzalo Naranjo Villalonga, de sociedades relacionadas del constructor Alfonso García-Pozuelo Asins y de la mercantil UFC, gestionada por José Luis Ulibarri Comerzana.

García Pozuelo se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia, reconoció haber pagado a dirigentes del PP en la primera etapa de contratos de la trama Gürtel (1999-2005) y expresó su arrepentimiento.

Además de Tecnología de la Construcción S.A. (Teconsa), gestionada por Jose Luis Martínez Parra; de Artas Consultoría S.A., tras la que se ocultarían algunos de los miembros del grupo liderado por Francisco Correa, y de las sociedades de eventos vinculadas a este último.