El caso Nóos deja en una situación extrema a Urdangarin y a Torres

En medios judiciales dan por seguro que se les impondrán penas de 10 años de cárcel


madrid / colpisa

Ha sido el juicio más largo de la historia judicial de las Islas Baleares. 61 sesiones, 299 testigos y una decena de peritos. Un proceso que ha durado cinco meses y en el que, quizás la mayor sorpresa, ha sido que no ha habido sorpresa y que Iñaki Urdangarin y exsocio Diego Torres, lejos de intentar un pacto con la Fiscalía o de reconocer al menos parte de su culpa, han defendido su inocencia plena contra viento y marea. Una táctica que les enfrenta a pecho descubierto a 19 años y medio de cárcel, en el caso del exduque, y a 16 y medio de petición fiscal en el caso de Torres.

En medios judiciales palmesanos, conocedores de la contundencia de la Audiencia Provincial en los casos de corrupción con los no arrepentidos, dan por seguro que nadie va a librar al cuñado de Felipe VI de una condena superior a la década de prisión. Una pena muy similar a la que se especula se llevará su exsocio en Nóos. Ambos -recuerdan estas mismas fuentes- unieron su futuro procesal después de años de disputas cuando el pasado enero firmaron la paz tras la guerra de los correos electrónicos y decidieron defenderse juntos y parapetarse tras un doble escudo. Por un lado, el de culpar de todas las irregulares a tres de sus subordinados, los hermanos Tejeiro (Marco Antonio, Miguel y Luis), los cuñados de Torres. Y por otro, el de rechazar cualquier responsabilidad porque todos sus movimientos eran supuestamente supervisados por la Casa Real a través de personajes como Carlos García Revenga o el conde de Fontao. Pero ni los Tejeiro ni los consejeros de Zarzuela respaldaron sus afirmaciones, dejándoles sin argumentos y más expuestos que nunca a una sentencia ejemplar.

La seguridad que hay en Palma de que los dos exdirectivos de Nóos van a salir muy mal parados del proceso que concluyó el miércoles contrasta con la absoluta incertidumbre sobre qué pasará con la infanta. Solo la magistrada Samantha Romero -presidenta del tribunal y ponente de la sentencia- sabe la suerte que correrá Cristina de Borbón. Pero Romero ha sido durante estos meses absolutamente impenetrable. 

Ni una sola pista.

Ni un solo cometario a los medios o a las partes en el proceso que haga vaticinar si va o no a dar cancha a la desprestigiada Manos Limpias, que cerró el juicio pidiendo los mismos ocho años de cárcel para la hermana del rey que reclamó antes de la vista oral. La jueza Romero tampoco ha dejado traslucir el más mínimo comentario que sirva para imaginar hasta qué punto puede condicionar su fallo la investigación de la Audiencia Nacional contra la trama chantajista de Manos Limpias y Ausbanc, que estalló en plena vista oral, amenazando incluso la continuidad del sindicato como acusación popular.

Ni la más mínima pista de cómo le sentó que en su alegato final el fiscal Pedro Horrach se dedicara a defender a la hermana del jefe del Estado con duros ataques, obviamente, a Manos Limpias, pero también a los siete jueces que avalaron la decisión de dejar acusar al sindicato, entre ellas las tres magistradas que presidían el tribunal. Horrach, probablemente, haya sido la parte del proceso que mayores desencuentros y roces ha mantenido con las tres jueces y, muy particularmente, con la propia Romero.

El mutismo de la presidenta ha llegado al punto de que ni siquiera ha querido facilitar una fecha aproximada en la que podría hacer pública la sentencia. Ni una estimación. Eso sí, según han revelado fuentes judiciales a este periódico, Samantha Romero, hasta que termine ese fallo, que se barrunta larguísimo y que no vería la luz hasta finales de otoño, estará dedicada en cuerpo y alma a ese texto, pues ha sido liberada de todo lo demás.

En esa sentencia habrá benevolencia con los imputados de la trama balear del caso Nóos, encabezada por el expresidente autonómico Jaume Matas. Todos ellos reconocieron los hechos y varios han intentado reparar el daño, incluido Matas, lo que ha provocado una rebaja de la petición fiscal. Una ola que arrastrará a la baja su condena. Ese es también el caso de la exdelegada de Madrid 2016, Mercedes Coghen. En el otro extremo, en una situación muy parecida a la de Torres y Urdangarin, están los procesados de la rama valenciana, con el vicealcalde Alfonso Grau al frente. No hubo arrepentimiento y esas actitudes no gustan en los tribunales de la isla.

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