Trias se comprometió a asumir los desperfectos causados por los okupas en el Banco Expropiado
ESPAÑA
El contrato firmado por el anterior gobierno de Barcelona no solo incluía pagar el alquiler de local okupado; también otras cuotas como el IBI o la tasa de recogida de basuras
27 may 2016 . Actualizado a las 17:58 h.El exalcalde de Barcelona y actual líder de la oposición municipal, Xavier Trias (CiU), se comprometió con el propietario del local del llamado Banco Expropiado no solo a asumir el alquiler durante un año entero, sino a satisfacer el IBI, las tasas de basuras, las contribuciones y cualquier desperfecto causado por los okupas. Así consta en el «contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda» que firmó el 1 de enero del 2015 el entonces primer teniente de alcalde, Joaquim Forn (CiU), y la empresa Antartic Vintage SL, propietaria del inmueble desalojado por los Mossos D'Esquadra el pasado lunes, que ha originado tres días de disturbios en el barrio de Gràcia.
El contrato de alquiler, hecho público este viernes por la emisora RAC-1, fue firmado por el consistorio para «ganar tiempo» y evitar el desahucio de los okupas porque, según explicó este jueves Xavier Trias, pensó que era la solución «menos mala», no para beneficiar a este colectivo, sino porque puso por delante los intereses generales con la intención de «evitar un conflicto grave», como el que ha ocurrido esta semana. El propio contrato de arrendamiento hace constar este motivo, detallando que el alquiler de la finca okupada lo pagaría el ayuntamiento «ante la previsión cierta de que el lanzamiento forzoso de los ocupantes del local ocasionará disturbios y altercados que pueden poner en peligro la paz social del entorno en que se encuentran las fincas ocupadas».
Por ello, el ayuntamiento solicitó a Antartic Vintage SL «la suspensión provisional del lanzamiento previsto en aras de intentar negociar con los ocupantes su desalojo pacífico y voluntario», a lo que la propietaria accedió. El contrato establecía que el ayuntamiento iba a destinar el local al desarrollo de cualquier actividad licita y no lucrativa, incluyéndose expresamente la posibilidad de que permitiese su uso a los actuales ocupantes y eximiendo a la propietaria de cualquier responsabilidad por las actividades que se desarrollasen en el local. También fijaba que «los impuestos, arbitrios, contribuciones y demás» que se impusiesen serían de «exclusiva cuenta y cargo de la arrendataria».
El documento reconoce «las especiales circunstancias» que justificaron el contrato, por lo que establecía una duración inicial de un año, hasta el 31 de diciembre del 2015, con posibilidad de prórroga trimestral, «siempre y cuando el local permanezca ocupado por cualquier persona».
El ayuntamiento se comprometió a dejar el local en buenas condiciones una vez hubiese sido desalojado y la propietaria, a mantener la suspensión de petición de desahucio «como mínimo durante 5 años y 16 días, esto es, hasta el 31 de diciembre del 2019». El precio del alquiler se fijó en una primera mensualidad de 6.000 euros y las restantes de 4.000 euros mensuales (sin IVA)». A partir de enero del 2016 subía hasta los 5.000 euros mensuales. Sin embargo, el ayuntamiento gobernado por Colau decidió rescindir el contrato de arrendamiento, por la que la dueña del local volvió a instar el desahucio.
El contrato recoge también que el ayuntamiento pagaría la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las cinco fincas unidas que formaban el Banco Expropiado -que ascendían a 3.058 euros anuales-, así como «las contribuciones, arbitrios y tasas ya existentes o de nueva creación». Igualmente, debía hacerse cargo de la tasa de recogida de basuras. La fiscalía investiga si existió una malversación de fondos públicos.