El juez dictará en los próximos días un auto en el que delimitará que el presunto delito que habrían cometido los expresidentes socialistas sería el de prevaricación administrativa, sin apreciar malversación
27 may 2016 . Actualizado a las 13:47 h.El juzgado de los ERE tiene previsto cerrar en breve la investigación de la pieza «política» del caso, relativa al procedimiento empleado por la Junta de Andalucía para pagar ayudas a empresas, y en ella se incluirán como investigados a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Fuentes judiciales han explicado que el juez que instruye esta pieza dictará en los próximos días un auto en el que delimitará que el presunto delito que habrían cometido los expresidentes socialistas sería el de prevaricación administrativa, sin apreciar malversación.
Esta pieza, denominada técnicamente del procedimiento específico, será la primera que se concluya dentro del caso de los ERE, que empezó a instruir hace cinco años y medio en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla la magistrada Mercedes Alaya y acumula casi 300 imputados. En junio del 2015 se hizo cargo del juzgado María Núñez, que dividió la causa de los ERE en noviembre del 2015 y fijó como prioridad esta pieza política porque consideró que tendría efectos en el resto del caso.
La juez abrió la investigación el 17 de noviembre del 2015 con 52 ex altos cargos de la Junta de Andalucía implicados, entre ellos Chaves y Griñán, aunque el número se redujo a 51 por la muerte de uno de los ex dirigentes imputados. Las previsiones son que el auto de procedimiento abreviado que dicte el juez, en el que se delimitan los presuntos culpables y el delito cometido, reduzca los investigados a menos de la mitad de los que se incluyeron al principio.
La última semana de enero del 2016, la juez cedió parte del caso, entre ella la relativa a la pieza política de los ERE, al magistrado de refuerzo del juzgado, Álvaro Martín, que citó en marzo pasado a declarar a los expresidentes.
Ambos se remitieron a la declaración que prestaron en abril del 2015, cuando eran parlamentarios, ante el Tribunal Supremo, que al final apreció que ambos habrían cometido prevaricación administrativa y también descartó la malversación.