Diputaciones: caras, ineficientes y opacas

Un estudio cifra en 1.230 millones de euros el ahorro anual a medio plazo que supondría su eliminación y alerta de los sobrecostes de la gestión por nepotismo, despilfarro y corrupción

Eficiencia en el gasto por habitante Eficiencia en el gasto por habitante

Madrid / La Voz

A menos de un mes de que comience la campaña electoral, un nuevo estudio pone encima de la mesa el debate sobre el ahorro de dinero público que supondría la eliminación de las diputaciones provinciales y alerta del sobrecoste que implica el clientelismo y la corrupción en la gestión de estos organismos. Según el informe Coste y utilidad de las diputaciones provinciales: claves para un debate necesario, presentado por la Fundación ¿Hay Derecho?, la supresión de las diputaciones, sin dejar de prestar los servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes, supondría un ahorro inmediato de casi 600 millones de euros. La mayor parte es un coste puramente político, al desaparecer los gastos asociados a los propios órganos de gobierno de las diputaciones, así como las transferencias de fondos que realizan a sus propios entes y a otras administraciones sin finalidad concreta.

Eliminación de duplicidades

Estas partidas han supuesto un total de 587.490.374 millones de euros para las 38 diputaciones provinciales de régimen común en los presupuestos del 2015, que son los analizados en el estudio, y por tanto ese sería el ahorro inmediato. De esa cantidad, un total de 140.560.866 euros corresponden al gasto de los órganos de gobierno de las diputaciones y otros 446.929.508 a transferencias a otras Administraciones Públicas sin una finalidad concreta.

Pero, en el medio plazo, los ahorros serían bastante mayores y alcanzarían los 1.230 millones de euros anuales. La principal vía de ahorro sería la integración de los servicios que prestan las diputaciones con los que prestan las delegaciones provinciales de las comunidades autónomas, lo que permitiría eliminar duplicidades. La racionalización de las políticas públicas a realizar y la eliminación de todas las sociedades instrumentales serían también vías para economizar gasto público. Y el informe destaca también que «se produciría una importante eliminación del sobrecoste en la gestión de las diputaciones ocasionado por el clientelismo y la corrupción».

Los ahorros posibles se miden en base al cálculo de la eficiencia, en el que se tienen en cuenta el coste del personal de las diputaciones, los gastos corrientes y las transferencias corrientes eliminando las ayudas directas a la ciudadanía. En base a ese criterio, la diputación más eficiente, es decir, la que menos gasto por habitante dedica a su propio personal y a sus gastos y transferencias corrientes, es la de A Coruña, con 81,4 euros por habitante. La de Pontevedra es la tercera más eficiente, con 90,4 euros de gasto por habitante y año, mientras que la de Lugo ocupa la decimosexta posición, con 134 euros por habitante y año dedicados a su propio funcionamiento, y la de Ourense el vigesimosegundo, con 157,8 euros. La de Soria ocupa la última posición, con 343,4 euros.

En total, durante el 2015 el gasto de las diputaciones de régimen común -es decir, excluyendo las diputaciones forales vascas, los siete cabildos insulares de Canarias y los cuatro consejos insulares de Baleares- ascendió a 6.300 millones de euros. La conclusión de los autores del estudio es que debe abordarse la supresión de las diputaciones o plantearse su reforma en profundidad, porque con su modelo de funcionamiento actual tienen «elevado componente político» con un claro reflejo en sus estructuras administrativas, «donde abundan los cargos de confianza y de contenido poco definido». A ello hay que añadir «la ausencia de rendición de cuentas electoral, la falta de autonomía en su financiación y sobre todo la ausencia de competencias propias claramente definidas».

Entre otros problemas se detectan también la libertad de las diputaciones para decidir su propia estructura, la ausencia de una fiscalización externa rigurosa y la variedad de sus fórmulas de gestión, que incluyen la creación de entidades instrumentales. Todo ello ha llevado a que muchas diputaciones hayan podido «convertirse en estructuras sobrecargadas con personal de origen político y que hayan generado redes clientelares importantes que a su vez han provocado numerosos casos de nepotismo, despilfarro y corrupción».

Pero el informe advierte también de las limitaciones en el ahorro que puede alcanzarse, ya que la supresión de las diputaciones no debería conllevar en ningún caso la desaparición de los servicios básicos que prestan a los municipios de menos de 20.000 habitantes, aunque «otra cosa sería si se plantease también una fusión de municipios».

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