El llamado caso San Antonio es «evidentemente, un tema administrativo» y «no hay causa penal», dice el partido en Vizcaya
16 may 2016 . Actualizado a las 19:18 h.El secretario general del PP de Vizcaya, Javier Ruiz, ha subrayado que la condena del Tribunal de Cuentas a los dirigentes de su partido Alfonso Alonso y Javier Maroto no es por un caso de «corrupción» sino «administrativo», y ha defendido la «honradez y honestidad» de los cargos sancionados.
El Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al secretario sectorial de PP, Javier Maroto, a abonar 393.862 euros por la firma en el 2007 del alquiler gravoso de unas oficinas en Vitoria cuando los populares gobernaban la capital alavesa. Preguntado sobre este asunto en una rueda de prensa celebrada en Bilbao para presentar unas jornadas organizadas por el PP, Ruiz ha afirmado que el llamado caso San Antonio es «evidentemente, un tema administrativo» y «no hay causa penal», ya que se concreta en «diferencias de precio de tasación o de valor real del mercado» de las oficinas en litigio.
Ha opinado que «convertir» este asunto es un «caso de corrupción» es «tergiversar» el problema, con el único «interés» de «erosionar y desgastar al PP». El secretario general del PP vizcaíno ha opinado que este caso no influirá en la confección de las listas para las próximas elecciones, dado que Alonso y Maroto son «dos baluartes y valores importantísimos del PP».
«No se puede enfangar la situación de dos personas que han demostrado su honradez y honestidad en su trayectoria política», ha destacado Ruiz, quien se ha mostrado convencido de que Alonso y Maroto «darán las explicaciones oportunas». Ha calificado de «despropósito» que el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), dijera ue el PP alavés «no es nada diferente a la peor versión del PP de Valencia o Madrid».
Ruiz ha pedido «prudencia» a Urtaran dado que «el caso de corrupción más importante que ha habido en Euskadi ha sido precisamente en Álava y en su propio partido», en alusión al caso De Miguel.
En relación con este asunto, Ruiz ha reprochado que el Gobierno Vasco pida una multa conjunta de cerca de 222.000 euros para 7 de los 26 encausados en la presunta trama vasca de cobro de comisiones ilegales en la que están implicados exdirigentes del PNV, una cantidad que es «prácticamente la mitad» de la cuantía a la que han sido condenados Alonso y Maroto, por lo que el PP observa «desproporción» entre ambos casos.
Javier Ruiz ha recordado que contra la sentencia condenatoria de Alonso y Maroto cabe recurso ante el propio Tribunal de Cuentas y ante la jurisdicción contencioso administrativa. «Ni los propios denunciantes dicen que es un caso penal», ha indicado.