El juez Castro sospecha que hay una estrategia para exculpar a la infanta

Melchor Saiz-Pardo / Colpisa MADRID

ESPAÑA

CATI CLADERA | EFE

«Seguiré en la caso Nóos mientras me dejen», dice la abogada de Manos Limpias

27 abr 2016 . Actualizado a las 20:03 h.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, quien durante más de cinco años instruyó el caso Nóos, insinuó el martes la posibilidad de que haya una «estrategia diseñada para que ocurran estas cosas», en referencia a la situación actual de Manos Limpias y a una hipotética disolución de la entidad. El sindicato es la única acusación que ejerce acciones penales contra la infanta Cristina en el marco de la anterior causa. «Sobre este tema recibo informaciones contradictorias y no sé si son ciertas, si son rumores que corren. Y tampoco sé si hay una estrategia diseñada para que estas cosas ocurran», manifestó el juez tras las informaciones sobre la posible disolución de Manos Limpias.

También se refirió a este tema la abogada del sindicato en el caso Nóos, Virginia López Negrete, quien dijo no tener intención de abandonar el proceso que garantiza que la infanta Cristina siga acusada de ser la colaboradora en dos fraudes fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin. «Seguiré acusando en el caso Nóos mientras me dejen», aseguró el martes la letrada.

López Negrete explicó que desde la detención de Miguel Bernad, secretario del sindicato, hace diez días en el marco de la operación de Nelson contra la trama de extorsión de Ausbanc, no tiene contacto alguno con Manos Limpias y que nadie de la entidad se ha puesto en contacto con ella, tampoco para comunicarle si Bernad «sopesa o no cerrar el sindicato». La letrada aseguró que su intención es «llegar al 30 de junio», fecha en la que esta previsto que acabe la vista oral del caso Nóos y en la que la acusación final contra la hermana del jefe del Estado se convertiría en «definitiva». A partir de ahí, solo una sentencia absolutoria podría exculpar a la hermana del rey.

Pero la abogada, admitió, no las tiene todas consigo. Reconoció que habría «problemas jurídicos» para seguir en el proceso si Bernad, desde la cárcel, comienza los trámites para disolver el sindicato, aunque un «proceso de ese calado» (el de extinción) llevaría «mucho tiempo», por lo que no está claro que Manos Limpias pudiera desaparecer legalmente en solo dos meses y «solo» por la decisión de su secretario general.

«Confianza»

Harina de otro costal, admitió, es si Bernad, desde la prisión de Navalcarnero, «me retira su confianza o me ordena a través de un burofax abandonar el caso». Según López Negrete, si su «cliente» le conmina a dejar la causa no le cabría otra opción que marcharse del tribunal de Palma. La sala, explicó, daría un plazo a Manos Limpias para designar a un nuevo letrado, pero sí no nombrara abogado «la acusación decaería» y la «absolución de la infanta sería automática».

La tercera opción para apartar al sindicato del proceso (además de la desaparición de Manos Limpias o la desautorización expresa a López Negrete) sería que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Nelson, ordenara la suspensión cautelar de actividades de Manos Limpias. Fuentes judiciales y policiales aseguran que en la investigación sobre la trama chantajista no hay indicios para declarar la «muerte civil» de Manos Limpias de forma «preventiva». Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no descarta impulsar la suspensión si aparecieran nuevo datos en los registros. El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, da por hecho el «archivo de la causa» contra la infanta si efectivamente desaparece Manos Limpias.

Pedraz bloquea 50 fincas de los líderes del sindicato y de Ausbanc

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó el martes el bloqueo inmediato de medio centenar de fincas e inmuebles en el marco de la operación Nelson contra la supuesta trama chantajista que lideraban el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. Según explicaron fuentes del caso, la inmensa mayoría de los inmuebles que el juez ha prohibido enajenar están relacionados «directamente» con Pineda o son propiedad o están vinculados a las 30 empresas del líder de Ausbanc, usadas supuestamente para ocultar el dinero procedente de las extorsiones, de las cuotas de los asociados y de subvenciones públicas ilegales. Varios de los inmuebles bloqueados están a nombre de las once firmas vinculadas a Pineda y que el juez cree acreditado que sirvieron para desviar al bolsillo de los imputados al menos 7,1 millones. El magistrado tomó declaración como investigados a tres de los supuestos miembros de la trama chantajista, todos miembros de Ausbanc.