El magistrado de la Audiencia Nacional también ha enviado a la cárcel de Soto del Real al abogado que le ayudó a blanquear e impone arresto domiciliario a la hija del exbanquero
14 abr 2016 . Actualizado a las 13:16 h.Mario Conde vuelve a la cárcel casi ocho años después de abandonarla. Ayer pasó su primera noche en la prisión de Soto del Real -en sus anteriores condenas estuve en la de Alcalá Meco-, junto con su abogado de confianza, Francisco Javier de la Vega. Así lo ha decretado el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que le imputa, junto a los otros siete detenidos, la presunta comisión de once delitos: ocho contra la Hacienda Pública, además de otro de blanqueo de capitales, organización criminal y un delito continuado de frustración de la ejecución, lo que antes se conocía como insolvencia punible.
En un prolijo auto de 22 páginas, el juez describe la trama criminal que los ocho detenidos -además de Conde, sus dos hijos, su yerno y otros cuatro testaferros- desarrollaron para ocultar la fortuna real del exbanquero, «procedente de las apropiaciones indebidas que el condenado realizó contra Banesto», como acreditan indiciariamente los informes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF y la UCO de la Guardia Civil. «A través de la presunta ocultación de su patrimonio, Mario Conde habría logrado eludir de manera continua el pago íntegro de las responsabilidades pecuniarias dimanantes de los delitos por los que fue condenado en las sentencias Argentia Trust y Banesto», sostiene Pedraz, que recuerda que la responsabilidad civil impuesta solidariamente al exbanquero y a los otros acusados en las dos causas por las que fue condenado ascendía a 26 millones, de los que se han abonado 11.958.918,84 euros. Y recuerda que también debe 10 millones a Hacienda.
El auto recoge que las investigaciones han constatado que la trama, formada por «su entorno más cercano», blanqueó dinero «desde, al menos, 1999 y hasta la actualidad, de forma continuada». Entre 1999 y el 2014 se efectuaron ingresos en efectivo por importe de 2,2 millones de euros, y en transferencias desde el extranjero llegaron a España 10,7 millones, cantidades «de origen injustificado» y que afloraron en cuentas vinculadas a Conde. En total, el blanqueo ascendió a 13.062.322,40 euros.
Blanqueando hasta hoy
El auto detalla la operativa investigada por la UDEF y la UCO: «Desde 1999 y hasta la actualidad, él mismo, mediante la presunta interposición de sociedades que le ocultan, consiguió poner en el 2002 la finca Can Poleta, decomisada judicialmente, a nombre de la sociedad luxemburguesa Beteiligug, tras la que, según todos los indicios, se oculta Mario Conde; hipotecar en el 2008 parte de su finca de Los Melonares, también decomisada judicialmente, y beneficiarse desde 1999 hasta la actualidad, de grandes cantidades de dinero que, como entrada de divisas, han llegados desde sociedades controladas por él como son Galloix Holding, Dryset y Higher, hasta sus sociedades instrumentales Barnacla, Oleificio y Black Royal Oak, logrando hacer opacas a las autoridades judiciales el patrimonio de Mario Conde».
Esas firmas estaban ubicadas en una decena de países y la estructura de la organización creada, según detalla Pedraz, tenía por debajo de Conde, «en primer lugar» a su hija Alejandra, «que coordinaría con este la operativa». Considera que ambos eran «codirectores». Su hijo Mario habría sido «utilizado para instrumentar la trama defraudatoria», mientras que de su yerno, Fernando Guash Vega-Penichet, -que el lunes quedó en libertad, pero que hoy, a las 10, declarará ante Pedraz- Conde se sirvió para que fuera administrador único de Black Royal Oak, sociedad participada en su totalidad por los hijos.
Francisco de Asís Cuesta Moreno, «persona de su máxima confianza, si bien en los últimos años ha perdido peso», también actuó como testaferro, mientras que el abogado Francisco Javier de la Vega sería «pieza fundamental en todo el entramado», participando directa o indirectamente en los negocios y siendo representante de las empresas extranjeras que inyectaban dinero en las sociedades españolas vinculadas con la familia.
Por su papel clave en la operativa, el juez Pedraz ha acordado arresto domiciliario para Alejandra Conde, en lugar de prisión incondicional, como pedía la Fiscalía Anticorrupción. La medida obedece «a su situación familiar en relación con un hijo, lo cual no es oportuno relatar por afectar a su intimidad».
Tres testaferros, entre ellos un monitor de esquí, en libertad provisional
Pedraz envió a Conde y a Francisco Javier de la Vega a prisión, además de acordar el arrestro domiciliario para su hija, por considerar que, dada la gravedad de los delitos, había riesgo de fuga y de que los investigados «pudieran obstruir» la acción de la Justicia.
En lo que respecta a Alejandra Conde, el arresto domiciliario incluye la prohibición de realizar «cualquier transacción económica, movimiento bancario, orden de pago, cobro, transferencia o similar, a través de cualquier medio, oral, escrito, telefónico y/o telemático o a través de Internet».
Para su hijo, al igual que para Francisco de Asís Cuesta Moreno, hombre de confianza de Conde, y los dos testaferros -María Cristina Fernández Álvarez y Roland Stanek-, el juez dictó libertad provisional sin fianza, aunque con medidas cautelares, como la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado (todos los lunes), la prohibición de salir del país sin autorización judicial, la retirada del pasaporte (deberán entregarlo en 24 horas desde su puesta en libertad) o la designación de un teléfono móvil para estar permanentemente localizados.
Respecto al papel de los testaferros, Pedraz describe en el auto que «en su amplia declaración», María Cristina Fernández confirmó «en gran parte la estructura de la organización». La mujer figuró como administradora de Barnacla y de Oleificio Español, empresa pantalla supuestamente dedicada a la producción de productos relacionados con el aceite de oliva, que también recibía fondos del extranjero de origen ilícito.
El otro testaferro es Roland Stanek, de origen eslovaco y cuya profesión es profesor de esquí, aparece como administrador único de Oleificio Español entre los años 2009 y 2014. Durante ese período, la empresa recibió 2,8 millones procedentes de su matriz inglesa, y posteriormente transfirió fondos a otra compañía propiedad de los hijos de Conde.
Mientras tanto, el yerno del exbanquero, Fernando Guasch, comparecerá hoy ante Santiago Pedraz, investigado por participar en el entramado que su mujer Alejandra codirigía junto a su padre. Guasch fue detenido junto a otros siete investigados en la denominada operación Fénix y fue puesto en libertad el pasado lunes por la Guardia Civil.
El magistrado tomará declaración en los próximos días a los seis investigados que quedan pendientes de aclarar los lazos familiares y personales que mantenían con el entramado.