Junts pel Sí y los anticapitalistas votarán distinto para dejar caer el punto que insta a los Mossos a desoír a la Audiencia Nacional
06 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La desobediencia que pide la CUP al Gobierno catalán y al Parlamento autonómico tendrá que esperar. Los anticapitalistas llevan semanas tratando de impulsar una moción, que planteaba que la resolución del 9N está vigente e instaba a los Mossos a que no actúen como policía judicial y desatiendan los requerimientos de la Audiencia Nacional. Sin embargo, Junts pel Sí, que apuesta por un proceso de desconexión más pausado y sin dar saltos al vacío, se negaba a dar su apoyo a un texto de ruptura tan explícito y cuya aprobación podía haber tenido consecuencias judiciales para sus impulsores. Después de semanas de tira y afloja, y tras afirmar por activa y por pasiva que no moverían ni una coma, la CUP cedió ayer a las presiones y accedió a modificar el texto, que desde Junts pel Sí consideraban de dudosa legalidad.
Ambas formaciones pactaron una enmienda al texto. Así, la moción que se votará mañana en el pleno de la Cámara catalana «reiterará los objetivos» de la resolución independentista del 9N, que fue anulada por el Constitucional, pero ya no hablará de desatender al tribunal de garantías ni de afirmar la vigencia de la declaración del 9N, como decía el texto original, que podía haber puesto en serio riesgo a la Mesa del Parlamento catalán. Por tanto, la declaración final ratificará «la firme voluntad de seguir llevando a cabo las actuaciones previstas y aprobadas por esta Cámara para alcanzar y culminar democráticamente la independencia, y por todo esto, el Parlamento reitera los objetivos contenidos en la declaración del 9N».
Respeto a la Audiencia Nacional
En el otro punto controvertido, el que hace referencia a los Mossos, porque se pide que desatiendan los requerimientos de la Audiencia Nacional, el texto se queda tal cual. Pero el acuerdo al que llegaron los independentistas es votar por separado. De tal manera que Junts pel Sí rechazará ese punto y no se aprobará en la votación de mañana.
El punto que «alienta a los cargos electos a seguir desatendiendo las peticiones de las instituciones no democráticas de España» tampoco será aprobado. Pero sí en cambio, el que insta al Ejecutivo autonómico a elaborar y presentar en este Parlamento «en un máximo de sesenta días el plan de ejecución de todas y cada una de las medidas tendentes al cumplimiento de los anexos de la declaración del 9N».
Quien desatendió ayer la orden de acudir a un juzgado fue la alcaldesa de Berga, Montse Venturós (CUP), que fue citada como investigada por no retirar la «estelada» (bandera independentista) del consistorio durante las últimas elecciones catalanas y generales. No compareció, dijo, «por coherencia con el derecho a desobedecer». Desde la puerta del propio juzgado, declaró: «Desobedeceré, sin miedo, para obedecer el mandato del pueblo y no de los tribunales españolistas».