El Congreso denunciará al Gobierno ante el Constitucional por eludir los controles

Alfonso Torices MADRID / COLPISA

ESPAÑA

BENITO ORDOÑEZ

Todos los grupos, excepto el del PP, le dan un mes para rectificar y que comparezca

07 abr 2016 . Actualizado a las 09:16 h.

El choque de trenes entre el Legislativo y el Ejecutivo que comenzó a gestarse hace un mes cuando Mariano Rajoy y sus ministros comunicaron al Congreso que se negaban a someterse a su control por estar en funciones, se convirtió ayer en una realidad. En un conflicto institucional sin precedentes, el pleno del Congreso acordó demandar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por considerar que con la negativa a dar cuentas de su gestión ante la Cámara que representa la soberanía nacional viola las competencias que la ley y la Carta Magna atribuyen al Parlamento, así como la división de poderes.

La resolución, que contó con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, 218 votos a 113, da de todos modos un ultimátum y una salida al Gobierno. Si en el plazo de un mes no rectifica y acepta someterse al control, el Congreso presentará un «conflicto de atribuciones» ante el Constitucional para que declare la ilegalidad que comete el Ejecutivo y le obligue a someterse a la fiscalización de los diputados. Los demandantes, que representan a diez partidos que suman los dos tercios del Congreso, saben que si el Ejecutivo en funciones se enroca en su postura logrará eludir el control de las Cortes, pero han decidido, pese a todo, llegar hasta el final para que cuando falle el Constitucional, en meses o años, impida que otro Gabinete pueda repetir lo que califican de «rebeldía».

Los plazos y nuevo pulso

La razón es que el conflicto no llegará al tribunal antes del 6 mayo, para cuando ya habrá un nuevo Gobierno o las Cortes estarán disueltas para ir a elecciones. No obstante, PSOE, Podemos, Ciudadanos, Esquerra, Convergència, PNV y el Grupo Mixto no agotarán con el recurso el pulso al Gobierno. La semana próxima convocarán para el día 20 un pleno de control en el que otros tantos diputados dirigirán 26 preguntas a Rajoy y sus ministros para que las respondan o no o, incluso, si deciden plantar a sus señorías.