El PSOE ve en la confesión de Ortiz la «prueba definitiva» de la financiación ilegal del PP
ESPAÑA
El empresario reconoce haber abonado 348.115 euros para la campaña de las generales del 2008 del PP valenciano y solicita a la Audiencia Nacional que le rebaje la pena
01 abr 2016 . Actualizado a las 20:43 h.El empresario Enrique Ortiz ha admitido que financió de forma ilegal al PP en la campaña de las elecciones generales de 2008 a través de pagos ficticios a la empresa de la red Gürtel en Valencia Orange Market y ha pedido que, ante ese reconocimiento de los hechos, se le aplique la atenuante de «confesión tardía». El PP ha evitado hacer valoraciones sobre las declaraciones del empresario, mientras que el PSOE considera que la confesión es la «prueba definitiva» de la financiación ilegal de la formación de Marino Rajoy.
«Los escritos que están presentando los empresarios y los acuerdos a los que están llegando esos empresarios que han financiado ilegalmente el PP con la fiscalía son el cierre del círculo y la prueba definitiva de la financiación ilegal del PP», señaló el portavoz del PSOE en el Congreso, Rafael Hernando, quien recordó que hay empresarios que están «asumiendo años de cárcel» porque «saben que han financiado ilegalmente al PP». El partido de Mariano Rajoy, en su opinión, «lo que no puede hacer es mirar para otro lado».
Por su parte, la vicepresidenta del gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado el «máximo respeto» del Ejecutivo a las actuaciones judiciales y ha dejado claro que no participará «en escenarios de defensa de los implicados», ni hará comentarios.
Confesión y petición de rebaja
Ortiz ha reconocido estos hechos en su escrito de defensa presentado tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de abrir juicio oral a 20 acusados, entre ellos 5 excargos del PP de Valencia como Ricardo Costa y Vicente Rambla, por delito electoral y falsedad en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y por delito fiscal.
En ese escrito, el constructor manifiesta estar «conforme» con las acusaciones contra él y pide que se le rebaje a 15 meses la pena de 4 años de cárcel que pedía para él la Fiscalía Anticorrupción por falsedad en las cuentas electorales y falsedad en documento mercantil mediante la aplicación de la atenuante de «confesión tardía».
En cuanto a las responsabilidades civiles que se le reclaman en esta causa, la defensa de Ortiz, que está además imputado en tres piezas del 'caso Brugal' -las relacionadas con tramas de presunta corrupción en torno a la recogida de basuras en la Vega Baja, el urbanismo en Alicante (caso que propició la dimisión de la alcaldesa popular Sonia Castedo) y el plan Rabasa- recuerda que ya ha abonado los 40.133 euros que le requería el juez en el auto de apertura de juicio.
En su escrito acusación, con el que ahora se muestra «conforme» Ortiz, la Fiscalía sostiene que el constructor «abonó una parte de los gastos del PPCV con ocasión de la campaña de las Elecciones Generales de 2008» con 348.115 euros. «Para dar cobertura formal a esas entregas, Orange Market S.L. elaboró diversas facturas que suponían la prestación de servicios por su parte a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras», concluye Anticorrupción.
En esta causa, la Fiscalía pide para los 5 excargos del PP valenciano 7 años y 9 meses de cárcel, en el caso de Ricardo Costa, Vicente Rambla, Cristina Ibáñez y David Serra; y 6 meses y 650 euros de multa para Yolanda García, así como multas que ascienden a 6.600 euros.
Entre los 20 acusados figuran además responsables de empresas y trabajadores de la trama Gürtel como el presunto cabecilla Francisco Correa, Pablo Crespo, el propietario de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez Alonso «El Bigotes», y José Ramón Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol.
Según explica De la Mata, la investigación de todos estos años permite concluir la existencia de una forma de pago de carácter dual por parte del Partido Popular valenciano, abonándose parte con dinero oficial (denominado Alicante en algunas conversaciones y documentos) y otra parte presuntamente en dinero «con fondos ajenos al circuito económico financiero oficial (dinero en B denominado Barcelona; estas cantidades engrosarían la denominada Caja B de Orange Market y la del grupo)».
El juez cree que los miembros del PPCV imputados contrataron a Orange Market «con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008», servicios que abonaron «de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros».
Así, en las elecciones de 2007 Orange Market se embolsó 1,1 millones de euros por las autonómicas y 78.878 por las municipales, mientras que en las generales de 2008 obtuvo 801.810 euros, sin que esos servicios prestados fueran «objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria».
La Fiscalía cree que la expansión del Grupo Correa a Valencia entre 2003 y 2005 «tenía como finalidad aprovechar las posibilidades de negocio mediante el acceso a determinadas personas que desarrollaban su actividad política en aquella comunidad, con el objetivo de conseguir una posición ventajosa en la adjudicación de contratos en actos del partido, de la Administración o entidades dependientes». «Una parte del gasto comprometido por los acusados vinculados al PPCV fue financiado por empresas directamente a Orange Market», que supuestamente facilitó facturas falsas.