Los secesionistas admiten a trámite en la Cámara catalana una moción ilegal

cristian reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Marta Pérez | EFE

Piden a la CUP que modifique su propuesta de desobedecer al Constitucional

30 mar 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Junts pel Sí, coalición que agrupa a Convergència, Esquerra e independientes, buscó ayer la cuadratura del círculo, al tratar, por un lado, de no desobedecer al Tribunal Constitucional y, por otro, buscar contentar en esa misma rebelión a la CUP, con la que tiene pactado un acuerdo de estabilidad. El resultado fue una decisión «kafkiana y daliniana», según fuentes parlamentarias, de la Mesa de la Cámara catalana, que autorizó tramitar una moción de la formación anticapitalista que insta al Parlamento autonómico a ratificar la vigencia de la declaración independentista aprobada el pasado 9 de noviembre, que fue anulada por el Tribunal Constitucional. Una moción, que de aprobarse la próxima semana en el Cámara catalana, supondrá un desafío en toda regla a la autoridad del tribunal de garantías y el primer supuesto acto de desacato.

No obstante, y ahí radica lo rocambolesco, la vía libre de la Mesa -porque los soberanistas tienen la mayoría en este órgano- está «condicionada» a que la CUP modifique el texto, ya que Junts pel Sí tiene «dudas» sobre su «legalidad». Los anticapitalistas, sin embargo, afirmaron que no tocarán ni una coma porque «sin desobediencia no puede haber independencia» y el proceso, según la visión de la izquierda radical, necesita de gestos como este que «aumenten la movilización» secesionista. De tal manera que, salvo que Junts pel Sí consiga convencer en una semana a sus socios para que rebajen el texto, la presidenta de la Cámara deberá someter al pleno si se mantiene o no el debate y la votación de la moción.

Malestar en el Gobierno catalán

Convergència, Esquerra y los independientes tendrán una buena patata caliente entre manos y tendrán que elegir «si cumplen con la resolución del 9N o con la suspensión del Constitucional», según señaló el diputado de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela. Una disyuntiva en la que tienen poco que ganar y mucho que perder. De entrada, el texto de la polémica, que insta además a la Generalitat a que se «desatiendan» los requerimientos de la Audiencia Nacional a los ayuntamientos investigados por apoyar la declaración del 9N, ha causado malestar en Junts pel Sí y en el Gobierno catalán, en especial en las filas de Convergència, y ha tensado sobremanera las relaciones entre los dos socios independentistas, que tienen un pacto firmado para ir de la mano hacia la secesión.

«No creemos que sea necesario pasar una reválida cada quince días», afirmó la consejera de la Presidencia, Neus Munté, quien advirtió a la CUP de que una «excesiva gesticulación» no ayuda al proceso.

Artur Mas, por su parte, muy crítico con los anticapitalistas, habló de «discusiones estúpidas» entre soberanistas. «La experiencia nos demuestra que la estética de la gesticulación es lo que nos puede perder», aseguró.

Aunque la Generalitat quiso dejar claro que su enfado con la CUP por la moción no afecta al acuerdo de estabilidad, a nadie escapa que no fomenta el buen clima que ambas fuerzas necesitan para superar la prueba del nueve, que será la aprobación de los presupuestos.

Paso a paso

Junts pel Sí y la CUP comparten el objetivo de la independencia, pero sus ritmos pueden llegar a ser incompatibles. La coalición que sustenta al presidente Carles Puigdemont y las plataformas de la sociedad civil prefieren ir paso a paso, sin forzar el choque de trenes definitivo aún y dando pasos discretos en la hoja de ruta soberanista. Por ello, el independentismo dio ayer una de cal y otra de arena en su objetivo hacia el Estado propio.

Mientras Convergència y Esquerra contemporizaban con la moción de la CUP, la Cámara aprobaba la comisión que recibirá el encargo de elaborar el texto de la proposición de ley del régimen jurídico catalán, la segunda ley de la desconexión, llamada de transitoriedad jurídica, que debería ver la luz al final de la legislatura dentro de 15 meses. La tercera, la de la seguridad social, denominada ley integral de protección social para burlar la suspensión del Constitucional, constituirá su ponencia mañana. Esta semana, por tanto, las tres leyes de la desconexión habrán iniciado ya su andadura en la Cámara catalana. La primera, la de la hacienda propia ya ha superado los primeros trámites parlamentarios, y está a la espera de que comiencen los trabajos para empezar a elaborar el texto legislativo. En la misión solo participarán Junts pel Sí y la CUP.

La Generalitat oculta el plan de ajuste que presentó para pedir 7.520 millones a Hacienda

La Generalitat catalana admitió ayer que presentó un plan de ajuste al Ministerio de Hacienda para poder acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el mecanismo de préstamos para facilitar recursos a las comunidades con problemas de tesorería. La Administración catalana solicitó para este año 7.520 millones, pero negó que vaya a hacer nuevos recortes del gasto social.

El PP denunció ayer que la Generalitat ha ocultado al Parlamento, a los partidos y a sus socios este plan de ajuste, que según la versión de los populares incluye algunas condiciones. La Generalitat, en cambio, se esforzó en intentar rebajar la trascendencia del plan. «No es ningún plan de recortes sino un trámite técnico necesario para solicitar el FLA», según la portavoz de la Generalitat, Neus Munté. Se trata, añadió, de un «procedimiento pautado» que se realiza cada año y que deben seguir las comunidades que se quieren acoger al FLA.

El Gobierno autonómico aseguró que elaborará unos presupuestos sin recortes y que dará «cumplimiento a todas las medidas sociales a las que se ha comprometido», incluido el plan de choque social negociado con la CUP. La Generalitat, que en el 2015 recibió 9.460 millones del FLA, registró un déficit del 2,9 % de su PIB, por lo que para llegar al 0,3 % fijado para este año, deberá hacer nuevos ajustes, aunque lo niegue. Montoro, por tanto, tiene la llave. Cuanto más inflexible sea, más difícil será que la CUP pueda asumir las cuentas de la Generalitat. Y sin presupuestos, el pacto entre Junts pel Sí y los anticapitalistas saltará por los aires.