Los asesores de la Casa del Rey, en el objetivo de los acusados del caso Nóos

La infanta y Urdangarin destacan su papel en la supervisión de la empresa


palma / colpisa

El puzle sobre el papel de la Casa Real en el entramado Nóos empieza a resolverse tras las declaraciones de los principales imputados en el caso, pero aún faltan piezas. Y piezas importantes. Por fin las versiones de los protagonistas sobre el grado de implicación de la Zarzuela en los negocios de Iñaki Urdangarin y Diego Torres comienzan a coincidir después de cinco años de flagrantes contradicciones. Todos, incluida la infanta Cristina, apuntan ya sin ambages a la responsabilidad de algunos de los más importantes cargos de la Casa Real en la época, pero nadie ha revelado quién dio las órdenes a estos altos cargos y asesores de don Juan Carlos de supervisar o, a veces, incluso ayudar en los enredos de Urdangarin.

Y por qué estas personas hicieron la vista gorda ante la evidencia de que el cuñado de Felipe VI y su socio se estaban saltando continuamente la legalidad, tanto en sus relaciones con las administraciones que les adjudicaban a dedo como en sus amaños contables, financieros y fiscales para desviar a sus bolsillos más de seis millones de euros públicos. Cristina de Borbón lo dijo meridianamente claro el pasado jueves: «Todo lo que hacíamos estaba controlado». La infanta se sumaba así, como ya había hecho su marido, a la tesis de Diego Torres, quien hasta entonces había sostenido en solitario (aunque amparado en una montaña de correos electrónicos) que la Casa Real supervisaba absolutamente todo y que Zarzuela jamás hizo un solo «reproche», como recordó Urdangarin.

Cinco niveles

El exduque, tras años de evasivas, fue claro: la Casa Real estableció cinco niveles de control sobre Nóos. El primero era el «asesor real» y secretario de las infantas, Carlos García Revenga, al que se consultaba hasta la menor nimiedad. «No daba un paso en mi vida sin consultárselo a García Revenga», llegó a afirmar. La propia Cristina de Borbón confirmó este extremo en su declaración. José Manuel Romero, conde de Fontao, el fiel abogado de Juan Carlos I, visaba los temas «jurídicos» de Urdangarin. Él se ocupó de sacar del Instituto Nóos a los entonces duques de Palma cuando comenzaron los escándalos. Pero también fue él, según han confirmado Torres y Urdangarin, quien ayudó a crear la Fundación Deporte Cultura e Integración Social, el sucedáneo de Nóos, que siguió dedicándose a los mismos negocios que su predecesora. El tercer nivel de control, el fiscal, era el de Federico Rubio, el alto funcionario de Hacienda que hacía de asesor fiscal para toda la Casa Real. La infanta también señaló a Rubio. Según Urdangarin, además, la supervisión de sus actividades tenía otros dos niveles: seguridad y comunicación, que también estaban controlados por personal de la Zarzuela.

Desde luego, esa versión de la supervisión extrema de Urdangarin y Torres por parte de la Casa Real sí que encaja perfectamente con la cascada de correos electrónicos en los que los dos dirigentes de Nóos, pero también trabajadores del instituto, se dirigían continuamente a García Revenga o a Fontao en busca de instrucciones o autorizaciones. Torres sí que se atrevió a insinuar que todos estos fontaneros reales trabajaban por orden del entonces jefe del Estado y reportaban a Juan Carlos I, pero ni Urdangarin ni la infanta Cristina, ni mucho menos, fueron tan lejos. El exdeportista, al contrario, se esmeró en desvincular al rey emérito de todo. «En ningún momento Juan Carlos I intercedió en mis negocios ni en los de mi esposa», llegó a afirmar.

Llama la atención que prácticamente en ningún momento de los trece días de interrogatorios haya salido el nombre del entonces jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza, que estuvo en el cargo entre el 2002 y el 2011, durante todos los años de los desmanes del Instituto Nóos.

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