Torres asegura que la infanta Cristina no participó en los contratos de Nóos

El exsocio de Iñaki Urdangarin sigue contestando hoy a las preguntas del fiscal Pedro Horrach tras defender ayer la legalidad de toda su gestión en Nóos


Palma de Mallorca

El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha asegurado hoy en el juicio del caso Nóos que ni su esposa, Ana María Tejeiro, ni la infanta Cristina lideraron ningún proyecto en el Instituto Nóos, aunque ambas formaban parte de la junta directiva de la entidad y están acusadas. «¿Doña Cristina de Borbón lideró alguno de los proyectos del Instituto Nóos?», le ha preguntado el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach a Torres en la décima jornada del juicio que se celebra ante la Audiencia de Palma, a lo que Torres ha respondido que «no», lo mismo que había dicho en relación a idéntica pregunta sobre su esposa.

Torres se enfrenta a peticiones de condena de entre 11 y 22,5 años de prisión en el juicio en el que también están acusados su mujer, Urdangarin, la infanta Cristina y otras 13 personas. El consultor ha explicado al tribunal que solicitó un préstamo a Urdangarin y su esposa cuando decidió comprar una casa. «Tenía que vender el piso para poder pagar la parte principal de la compra de la nueva vivienda y para hacer esa venta, necesitaba unos meses, sin embargo tienes que pagar lo que estás comprando y hasta que no está acabado no te permite el banco suscribir la hipoteca», ha relatado para explicar ese préstamo que pidió a su entonces socio en el Instituto Nóos.

Torres habló con varios bancos para pedir un préstamo puente pero «era complicado o carísimo». «Don Iñaki me dijo: 'Mira, tengo una línea de crédito, no estoy empleándola a fondo, esto es para unos pocos meses, si quieres suscribimos un contrato, yo te hago el préstamo, tu me pagas los intereses'. Y así se hizo», ha detallado. Posteriormente, ante la falta de liquidez para hacer frente a la compra de la nueva vivienda, Torres suscribió también varios préstamos con sus propias sociedades. Además, Nóos Consultoría adquirió tres pisos en Palma, que alquiló a algunas de las sociedades del grupo Nóos. Según Torres, así se lo aconsejó su cuñado y asesor, Miguel Tejeiro. «Se compraron y se alquilaba a otra sociedad, no recuerdo por qué», ha dicho sobre dichas operaciones inmobiliarias.

700 euros de sueldo

Diego Torres, ha señalado durante su declaración que, inicialmente -en el 2003-, ambos exsocios cobraban 700 euros al mes a través de Nóos Consultoría Estratégica, una de las mercantiles que integran el entramado por el que se habrían apoderado de más de seis millones de euros públicos. «Fíjese qué ánimo de lucro tan desmesurado», ha ironizado el acusado a preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach. Tal y como ha explicado, conforme pasaban los años las ganancias eran mayores y, a partir del 2008, cuando Torres se quedó solo al frente de la empresa, «fueron mayores los dividendos; eso sí, pagando los impuestos pertinentes».

El inculpado, al ser inquirido sobre si cuando ambos exsocios colaboraban se repartieron dividendos, ha señalado que «cada uno facturaba en función de la dedicación. En el único sitio en el que estábamos al 50 por ciento era en Nóos Consultoría. Por eso le compré sus participaciones». Según las pesquisas, los fondos que el Instituto Nóos percibió de las Administraciones acabó siendo repartido entre Torres y Urdangarin mediante el giro de facturas falsas de las sociedades que ambos controlaban. Unas facturas que no respondían a servicios realmente prestados, tal y como sostiene el Ministerio Público.

«Tengo unas ganas locas de explicar por qué las facturas no son falsas», ha remarcado Torres en este sentido, aseverando que cuando ambos exsocios habían dejado de colaborar se contrataban mutuamente por servicios de consultoría y «nos facturábamos los servicios correspondientes». «Es lo que siempre he hecho con otros consultores», ha remachado. El interrogatorio de Horrach a Torres ha finalizado pasadas las 12.50 horas, tras más de diez horas de declaración. Ahora es la letrada de la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, quien ha tomado la palabra y ha comenzado a inquirir al acusado.

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