La demolición del Algarrobico costará 7 millones de euros

EFE

ESPAÑA

Atlas TV

El Gobierno y la Junta de Andalucía asumirán de forma conjunta el pago de los trabajos para devolver la zona a su estado anterior

19 feb 2016 . Actualizado a las 18:08 h.

El Gobierno ha garantizado este viernes que colaborará con la Junta de Andalucía en la demolición del hotel El Algarrobico tras la sentencia del Tribunal Supremo, unos trabajos que costarían 7,17 millones de euros según el estudio que ambas administraciones encomendaron conjuntamente a TRAGSA en el 2012.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha manifestado en un comunicado que «reafirma su compromiso en devolver la zona a su estado anterior», colaborando con la Junta.

En este sentido, ha informado de que en julio del 2012 ambas administraciones encomendaron conjuntamente a la empresa pública TRAGSA un estudio sobre las actuaciones necesarias para demoler el hotel y restaurar la zona, con un coste estimado de 7,17 millones.

El Gobierno acordó con la Junta entonces llevar a cabo conjuntamente la demolición del hotel si los tribunales establecían que así debía ser. Ha subrayado que la construcción del hotel se inició en el 2003 y ocupa parcialmente una zona de servidumbre de protección, un ámbito de competencias autonómicas, mientras que el deslinde del dominio público marítimo terrestre del tramo de costa fue declarado conforme a derechos de manera definitiva por dos sentencias.

El Gobierno ha indicado que ha de analizar «al detalle» la sentencia del Tribunal Supremo, «que aún no conoce», para determinar sus consecuencias y «velar por su estricto cumplimiento, como ha venido haciendo en todo momento, dentro del respeto al marco competencial que regula una situación compleja como esta». Ha afirmado que la reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno «evita precisamente que situaciones de inseguridad y confusión como la de El Algarrobico puedan repetirse en el futuro».

La cláusula «antialgarrobico» permite que el Estado, tan pronto como tenga noticia de que una licencia municipal infringe la Ley de Costas, pueda suspenderla en vía administrativa, por lo que se evita «que pueda avanzar un costoso proceso constructivo que finalmente resulte inviable», ha añadido.