La infanta Cristina contrata a cuatro abogados más para reforzar su defensa

Ninguno de los 16 imputados cuenta con un equipo tan extenso, de seis letrados


madrid / colpisa

Cristina de Borbón quiere que hasta seis letrados diferentes la defiendan durante los cinco meses del juicio del caso Nóos. La infanta, en un documento al que ha tenido acceso este periódico, ha pedido al tribunal que, además de los letrados que ya le asistían -Miquel Roca y Jesús María Silva- puedan participar en las vistas otros cuatro penalistas. En su escrito, la hermana de Felipe VI aclara, eso sí, que solo uno de ellos intervendrá en cada una de las sesiones, dependiendo de las cuestiones de «agenda» de cada uno de los letrados.

Los cuatro letrados que pretende incorporar a su defensa ante el tribunal son los barceloneses Pablo Molins Amat, Jorge Navarro Masip y Juan Segarra Moferrer y el palmesano Jaume Riutort Ramís. Los tres primeros son compañeros de Silva en el despacho Molins-Silva, mientras que el cuarto pertenece a un bufete asociado a Roca.

El desembarco en el proceso de la artillería pesada del bufete Molins-Silva -explicaron fuentes del caso- revela que realmente, aunque Miquel Roca firmaba todos los escritos, el grueso del trabajo de defensa de la exduquesa estaba siendo realizado por el equipo de Silva. Ningún otro de los 16 imputados, por el momento, ha pedido ser defendido por un equipo tan extenso. De hecho, la infanta fue la única de los imputados que tuvo en la sala dos letrados el pasado 11 de enero en las cuestiones previas.

Requerimiento

Por otra parte, el tribunal requirió ayer a los eurodiputados del PP Esteban González Pons y Rosa Estaràs, que están citados como testigos en el juicio, que justifiquen los motivos por los que han solicitado cambiar las fechas previstas para su declaración, los días 14 de abril y 8 de marzo, respectivamente. Antes de decidir al respecto, la sección primera les solicitó a ambos que justifiquen que deben comparecer en pleno o comisión del Parlamento Europeo los días fijados para que declaren, así como «el carácter preceptivo y preferente de su comparecencia a dicho pleno o comisión frente al llamamiento de un tribunal». La sala también admitió una petición de la defensa de la exconsejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen para que una testigo que propuso pueda declarar por videoconferencia.

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