La cúpula de Agricultura hizo caso omiso de siete avisos sobre la trama de Acuamed

Dicen los expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) que desde septiembre del 2014 bucean en los papeles de Acuamed que jamás habían visto de un grupo casi mafioso instalado en lo más profundo de la Administración, con mano en la caja de algunas de las obras más importantes del Estado, y que, además de contar con un poder «omnímodo», se movía con total impunidad y «a plena luz del día» ante la pasividad, si no connivencia, de «los más altos responsables» del Ministerio de Agricultura (en palabras del juez Eloy Velasco). Sobre todo de la época de Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina.

Los especialistas de la UCO confiesan que no tienen explicación alguna de cómo la trama que dirigían el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, y la directora de Ingeniería y Construcción del ente, María Gabriela Mañueco, no saltó antes de la «cacicada» de Mateo y Mañueco cuando a partir del 28 de septiembre del 2012, tras la ya famosa inundación de la desaladora de Almanzora en Almería, ambos vieron en la tragedia la oportunidad para desviar a FCC 40 millones de euros, en contra de todos los informes técnicos. Hasta siete documentos diferentes avisaban de las graves irregularidades que se estaban cometiendo en Almanzora, el mayor pelotazo proyectado, que no ejecutado, por la trama Acuamed.

Apenas habían pasado cinco semanas de la riada cuando las prisas de los responsables del ministerio por pagar 40 millones de euros a FCC para que reparara los desperfectos encendieron todas las alarmas. Por contrato, la constructora tenía que asumir los arreglos. El primero en ver el pufo fue el ingeniero de la explotación de Almanzora, David Soriano, quien el 7 de noviembre del 2012 remitió un email a la dirección de Acuamed denunciando el incumplimiento de contrato de FCC y su negativa a reparar la desaladora. Ni caso. Pero Soriano no cejó. El segundo aviso llegó en forma de nota interna el 18 de diciembre del 2012. En ella se hablaba del «abandono» de la desaladora y se pedía la convocatoria de un concurso público urgente.

Las denuncias de Valiente

En abril del 2013, Francisco Valiente, el testigo que finalmente destapó el caso, desembarcó en Acuamed como director general de Construcción. Valiente, nada más llegar, se «olió la tostada», sobre todo después de saber que en junio de ese año era el mismísimo secretario de Estado de Medio Ambiente, el dimitido Federico Ramos de Armas, quien estaba presionando para soltar el dinero. El 23 de enero del 2014 llegó el tercer aviso. El más serio. Un «informe de situación» de la desaladora de la Dirección General del Agua, que era tajante: había que denunciar el contrato por «causas imputables» a FCC. No soltar ni un euro.

Pero el equipo de Arias Cañete no hizo ni caso. Al contrario. El propio ministro acudió el 24 de febrero a un encuentro preparado por Mateo para que FCC volviera a reclamar el pago «indebido». El cuarto aviso fue del propio Valiente en varias reuniones en marzo del 2014 con el director financiero Acuamed, Carlos Añibarro, en las que denunció directamente la trama. La quinta ocasión en la que el Gobierno supo de las irregularidades fue el 21 de marzo del 2014. Valiente se entrevistó con el Abogado del Estado de Agricultura, Pablo Fernández. El 31 de marzo del 2014, por sexta vez, Agricultura tuvo noticias de las ilegalidades. Fue en forma de un requerimiento notarial dirigido por Valiente al consejo de Acuamed. La respuesta del ministerio fue despedir el 2 de abril de 2014 a Valiente de forma fulminante. Poco después, esa misma primavera, la Abogacía del Estado dio el séptimo toque a través de un correo electrónico en el que avisaba de que se opondría a cualquier pacto con FCC porque esa reclamación tendría que pasar por un arbitraje o por los juzgados de lo contencioso. A los equipos de Arias Cañete y Tejerina les dio igual. El Ministerio de Agricultura incluyó esas «compensaciones irregulares» en los Presupuestos Generales del 2015 y del 2016.

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