Puigdemont se estrena redoblando el desafío

El nuevo presidente catalán afirma que aplicará de inmediato la resolución secesionista anulada por el Constitucional y que se dejará la piel para avanzar hacia la independencia

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«No es momento para cobardes» Carles Puigdemont pronuncia su discurso de investidura como presidente de Cataluña

Cristian Reino / Colpisa

A rey muerto, rey puesto. Con 62 votos a favor de Junts pel Sí y ocho de la CUP (dos diputados anticapitalistas se abstuvieron) y 63 en contra, Carles Puigdemont fue investido anoche presidente de la Generalitat. Tres meses y medio después de las elecciones catalanas, planteadas por el independentismo en clave de plebiscito, el alcalde de Gerona (renunciará hoy al cargo municipal) tomó el relevo de Artur Mas, tras una rocambolesca negociación entre las fuerzas independentistas, y salió elegido en un pleno especial convocado horas antes de que expirara automáticamente la legislatura, lo que pone de relieve las dificultades con las que llega al palacio de la Generalitat. Puigdemont ofreció casi nulas diferencias en el programa de gobierno respecto a su predecesor. Afirmó que «no le temblarán las piernas» y, como Artur Mas, puso rumbo sin dilaciones hacia la creación de un Estado independiente. «Iniciamos el tramo más incierto del proceso soberanista», dijo el nuevo jefe del Ejecutivo catalán. «Lo culminaremos con éxito, me dejaré la piel», añadió.

La elección del nuevo presidente de la Generalitat, que pertenece al ala más secesionista de Convergència, supone el giro definitivo de la formación nacionalista hacia la independencia. Puigdemont dejó pocas puertas abiertas a la negociación con el Gobierno central y, de hecho, limitó las conversaciones con Madrid a la constitución de un Estado en Cataluña y a su reconocimiento. Seré el presidente de la «postautonomía y de la preindependencia», aseguró. En la práctica, esta afirmación implica que en 18 meses el Gobierno catalán tratará de poner «a punto» algunas de las principales estructuras de Estado, como la hacienda propia, el banco central o la seguridad social, tramitará el proceso constituyente y la ley de transitoriedad jurídica e internacionalizará el proceso.

El nuevo presidente de la Generalitat se mostró moderado en las formas, pero contundente en el fondo. «La declaración abría el proceso constituyente y espero que al final de la sesión tengamos los instrumentos para llevarla a cabo», dijo. Una defensa cerrada del texto, aprobado por la Cámara catalana el pasado 9 de noviembre y que con posterioridad suspendió el Tribunal Constitucional, y con la que Puigdemont corroboró que no ralentizará el desafío y que está dispuesto, como así afirma la propia resolución anulada, a ignorar a la corte de garantías, lo que anuncia un próximo choque institucional, ya que el texto señala que los trabajos para elaborar las leyes que desarrollan la hacienda, la seguridad social y el proceso constituyente deberán comenzar en el plazo de un mes. Y es que el independentismo, a pesar de que el 27S el 52% de la ciudadanía votó a formaciones no secesionistas, tiene prisa, aunque Puigdemont reconociera que la mayoría social a favor de la secesión necesita ser más amplia, por lo que la undécima legislatura catalana se antoja de vértigo.

«Últimas consecuencias»

Al margen de la urgencia incluida en la declaración soberanista, el programa de Junts pel Sí contempla que transcurrido el año y medio previsto en el período transitorio que comenzó ayer, el Parlamento proclamará la independencia, se convocarán elecciones y se someterá a referendo la eventual Constitución catalán. Todo esto es irrenunciable para Puigdemont, que se pone al frente del primer Gobierno inequívocamente secesionista en la historia de Cataluña. Está por ver si su intención final es tirar adelante el proceso hasta sus «últimas consecuencias», como afirmó el portavoz de Junts pel Sí, Jordi Turull, si espera un movimiento del Estado por la vía de un pacto constitucional o un futuro referendo, o si Mas, renunciando en la persona de Puigdemont, solo ha querido ganar tiempo y continuar una huida hacia delante incierta para poder reconstruir CDC y reforzarse de cara al futuro.

Sea lo que sea, el nuevo Ejecutivo catalán, que tendrá a Oriol Junqueras como vicepresidente responsable del área económica y a Neus Munté y Raül Romeva como hombres fuertes encargados de la portavocía y el sector exterior, respectivamente, no lo tendrá nada fácil, porque la empresa que tiene por delante se antoja imposible. Por razones tanto de tipo interno, pues la CUP no será un socio sencillo de moldear y además porque la coalición de Junts pel Sí es un amalgama en la que están CDC, ERC e independientes, que no siempre van a remar en la misma dirección, y también externas, ya que el Gobierno central sigue teniendo la llave del grifo del Fondo de Liquidez Autonómica y recurrirá al Constitucional toda iniciativa que busque la ruptura. Puigdemont se despidió con un «visca Catalunya lliure».

Duras críticas de la oposición

Puigdemont arranca con una sociedad dividida por el debate soberanista y un Parlamento partido casi en dos mitades iguales. Las formaciones de la oposición, que votaron en contra en bloque, le reclamaron que respete la ley y que abandone la línea unilateral. La líder de la oposición, Inés Arrimadas, que calificó a Puigdemont de «señor más de lo mismo», acusó a los independentistas de haber tenido miedo a las urnas y a las elecciones y les advirtió de que no podrán mirar a los ojos de los catalanes si se saltan la democracia. Miquel Iceta, del PSC, le reclamó que escuche y trabaje por el 52 % de los catalanes que no comparten la hoja de ruta independentista. Lluís Rabell, de Catalunya Sí que es Pot, mientras, vaticinó que no habrá desconexión, porque el Gobierno no tiene la legitimidad de los votos y afirmó que la secesión es una «fanfarronada que nadie se cree». El más contundente fue Xavier García Albiol, del PP: «Ni usted ni nadie iniciará la ruptura con España. Cataluña seguirá siendo España», remató.

Forcadell pide audiencia al rey para hoy mismo

La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, solicitó anoche una audiencia con el rey hoy mismo para comunicarle la investidura de Carles Puigdemont. La sanción real es preceptiva para que la asunción de la presidencia de la Generalitat se haga efectiva. En caso de que la audiencia no fuera posible hoy, como era intención de Forcadell, comunicaría la decisión del Parlamento a Felipe VI por vía telemática.

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