Los jueces callan sobre los ordenadores de Bárcenas, pese a haber deliberado ya

La causa lleva dos años dando vueltas, con expedientes perdidos y numerosas demoras


madrid / colpisa

La causa penal del borrado de los ordenadores que utilizó Luis Bárcenas en su despacho del PP, y que según el extesorero contenían pruebas de la contabilidad secreta del partido, sigue su camino entre demoras sin justificación. Dos años y cuatro meses después de que el representante legal de los populares entregara al juez Ruz los dos equipos informáticos que usó Bárcenas, el procedimiento está a la espera de su conclusión definitiva en forma de archivo o, en el peor de los escenarios para el PP, su enjuiciamiento por delitos de daños informáticos y encubrimiento.

Este agujero negro judicial comenzó en agosto de 2013. En plenas vacaciones, el juez Ruz, entonces instructor de la causa de la caja B de los populares, recibió un acta pericial de los ordenadores que utilizó Bárcenas en su despacho de la calle Génova hasta enero de 2013. El informe concluía que no se podía extraer la información de los discos duros porque mostraban «signos evidentes» de que habían sido extraídos o cambiados.

El documento pericial causó revuelo judicial y político, con acusaciones directas al PP de que habían destruido pruebas y entorpecido el trabajo del juez. Ruz apreció indicios de delito y se inhibió en favor de un juzgado ordinario de Madrid por carecer de competencia para investigar los hechos.

El Juzgado de Instrucción número 32 recibió este regalo envenenado. Su titular entonces, la magistrada María Esperanza Collazos, dio carpetazo sin formular diligencias, para sorpresa de las acusaciones populares y con el criterio favorable de la Fiscalía. El auto de archivo provisional señaló que no hubo delito de daños porque los ordenadores eran del PP, no de Bárcenas, y añadió que tampoco se puede hablar de encubrimiento porque la Audiencia Nacional aún no ha condenado a Bárcenas por delito alguno.

Una accidentada recta final

Las partes recurrieron el archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid. Pero, sorpresa, el expediente se extravió y el caso estuvo parado más de un año. Se supo de su pérdida cuando un abogado de la acusación pidió al juzgado explicaciones por la demora. La funcionaria solo pudo responder que en febrero de 2014 se remitió la apelación a la Audiencia mediante una providencia, sellada con fecha de entrada un mes después en el Decanato de los Juzgados de Madrid. El papel nunca llegó a su destino.

El CGPJ abrió una investigación, pero las pesquisas acabaron en saco roto: no vio responsabilidad ni de la juez sustituta de María Esperanza Collazos ni del secretario judicial. En febrero de este año, el juzgado de Madrid pidió a las partes la documentación que aportaron en su día para reconstruir el procedimiento. Hasta el juez Ruz tuvo que aportar el historial del juzgado.

En marzo, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, responsable de resolver el recurso definitivo, nombró ponente del caso al magistrado Ignacio Sánchez Yllera. En su mano estaba escribir el archivo definitivo o decidir si imputa al PP.

Para ello la decisión tiene que tener el apoyo de al menos dos de los tres magistrados del tribunal. La sorpresa volvió a llegar cuando este juez pidió apartarse por haber ocupado cargos de libre designación en gobiernos socialistas. Además, admitió tener una amistad con la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. Pero en mayo, la Audiencia Provincial no vio motivos para recusarle. Vuelta a empezar y más demora.

En verano, sin noticias. En septiembre, con el comienzo del curso judicial, se esperaba una decisión del tribunal. Pero nada. Han pasado tres meses y unas elecciones generales y las fuentes judiciales consultadas aseguran que los tres magistrados ya han deliberado, pero no hay noticias de la resolución de Sánchez Yllera. ¿Por qué tanta tardanza? «Sin palabras», añaden las fuentes.

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