Zapatero y Rajoy desoyeron a la policía sobre el peligro de la embajada en Kabul

GEO y antidisturbios reclaman desde hace seis años el cambio de ubicación de la sede


madrid / colpisa

Fueron infinidad de avisos, notas y documentos. Los informes policiales sobre la imperiosa necesidad de cambiar la ubicación de la Embajada española en Kabul no han dejado de llegar a los Gobiernos socialista y popular de forma periódica, a veces con una cadencia de solo dos meses, desde que en octubre del 2009 un ataque talibán en las inmediaciones de la legación dejara claro que la protección no pasaba por reforzar las medidas de seguridad sino por llevarla fuera de un barrio, otrora bastante seguro, pero que había crecido en solo cuatro años sin orden ni concierto y cuyas edificaciones habían rodeado la legación. Algunos de esos avisos, incluso, vaticinaban un ataque calcado al que hace una semana costó la vida a dos policías españoles.

Nadie en los dos Gobiernos niega esos documentos ni su contundencia al pedir una mudanza como única solución. Los actuales y pasados responsables del Ministerio del Interior, a los que llegaron estos informes policiales, aseguran de manera «tajante» que los transmitieron a Exteriores porque no tenían competencia sobre el cambio de ubicación, ni siquiera sobre mejoras puntuales. Los actuales y pasados responsables de Exteriores alegan que la mala situación inmobiliaria en Kabul ha hecho imposible durante seis años adquirir un edificio en la blindada zona verde, donde se ubican la mayoría de las embajadas de los países occidentales, algunos de las cuales sí se mudaron del caótico barrio de Shirpur en el que siguió la española.

Este periodista ha tenido acceso a dos de esos documentos y ha podido consultar otros redactados por jefes policiales y responsables de GEO, UIP (antidisturbios) o GOES (Grupo de Operaciones Especiales). Dosieres enviados durante los mandatos en Exteriores de Miguel Ángel Moratinos, Trinidad Jiménez y José Manuel García-Margallo; y en Interior der Alfredo Pérez Rubalcaba, Antonio Camacho y Jorge Fernández Díaz.

La riada de avisos comenzó en noviembre del 2009, solo unos días después de que el 28 de octubre de ese año tres terroristas vestidos de policías y con armas automáticas y cinturones con explosivos asaltaran la casa de huéspedes Bekhtar, situada a solo 150 metros de la embajada, en la que se alojaban decenas de trabajadores de la ONU. Seis extranjeros, un civil afgano y los tres terroristas murieron. Trece balas impactaron en la sede de la Embajada de España. Incluso, el entonces canciller, Carlos Lozoya, dijo que se había «salvado de milagro». Moratinos habló entonces de un «esfuerzo suplementario» para garantizar la seguridad.

Documento premonitorio

Espoleados por esas promesas llegó el primer informe de los servicios de seguridad de la misión. El documento, plagado de fotografías, fue remitido con copia al embajador Turpín, al departamento de seguridad de Exteriores y a la Unidad de Cooperación de la Policía. La sentencia era clara: el edificio era «vulnerable a cualquier tipo de ataque» y un «blanco fácil para la colocación de cualquier artefacto explosivo». Es más, el documento era premonitorio: hablaba de la posibilidad de un ataque con coche-bomba y de la «invasión de varios individuos armados» en la legación, como había ocurrido días antes en el hostal Bekhtar. La lista de deficiencias era enorme: la legación estaba rodeada por tres calles, en algunas zonas había menos de un metro entre los edificios oficiales y el muro, solo había una puerta de acceso.. «Reubicar la Embajada» era la recomendación tajante. Pero lo que se hizo, según diferentes fuentes, fue tapiar una de las puertas, todas las ventanas de la primera planta, colocar algunas planchas metálicas, levantar una segunda pared y construir dos garitas. «Ni el espacio ni el dinero daba para más», comenta uno de los GEO destinados por entonces en la legación.

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