«La corrupción no es un delito exclusivo de lo público, también es de la sociedad»

El ministro de Justicia visitó ayer Vigo dentro de la campaña electoral. Su mandato coincide con la aprobación de reformas de leyes centenarias. Si repite mandato su intención es reformar el código mercantil.

-El otro día una señora pidió en una librería de Vigo «los tres nuevos códigos que han salido porque han cambiado tres leyes el mismo día». ¿Cómo valora el arranque de estas reformas?

-Es verdad que esta legislatura ha sido intensamente reformista en distintos ámbitos de las políticas públicas como el sector financiero, el mercado laboral o la educación, porque precisábamos adecuar el marco jurídico de muchos ámbitos a las nuevas necesidades. Eso mismo ha sucedido en la Justicia, por eso hemos reformado leyes centenarias como la de Enjuiciamiento Criminal y la ley orgánica judicial o el código penal. Hubo muchas reformas y todas con calado para buscar una justicia más cercana y eficaz. La de penal entró en vigor en junio, la criminal hace dos días. Necesitan un tiempo de implantación, no son leyes que haga el ministerio sino que se trabaja con jueces, fiscales o procuradores. Creo que estas leyes van a mejorar nuestra justicia.

-Critican la reforma de la ley procesal porque grandes casos, como la Pokemon o Campeón, serían más difíciles de resolver. ¿Se plantean su revisión?

-He oído esas críticas y esas quejas y creo que o hemos tenido un problema de información por nuestra parte a los profesionales o son quejas infundadas porque la reforma no genera en ningún caso ningún riesgo de impunidad, sobreseimiento o de dificultad de los jueces de hacer su labor, no tiene nada que ver con eso. Esas críticas de que esta es una ley de punto final, como algunos han dicho, o que ha sido creada para dificultar la instrucción de casos de corrupción me parecen infundadas o malintencionadas. Hemos tomado muchas medidas para ayudarles a hacer mejor su trabajo quitándoles de la mesa todos los atestados sin autor conocido, fomentando que en todas las alcoholemias pueda haber conformidad, y al despenalizar las faltas les estamos ayudando a que se dediquen con más intensidad a los asuntos verdaderamente importantes.

-Usted acudió en Vigo a la reunión de jueces decanos de España que le aconsejaron medidas. ¿Le gustaría implantarlas?

-Las reuniones de decanos son creadoras de ideas, ellos están en el día a día, en contacto con sus compañeros, la información que nos viene desde ahí es muy relevante. Sus propuestas se producen al final de la legislatura y la posibilidad de incorporar medidas no existe en este momento. Pero las asumimos otras veces como la dotación de medios tecnológicos para que la agilización funcione. Estamos haciéndolo en colaboración con las comunidades autonómicas, en este caso con la Xunta, para que sean una realidad en las oficinas. También estamos hablando de la necesidad de crear nuevos juzgados, como sucede aquí en Vigo, en toda Galicia, y España. Y los informes de los decanos los tomamos en consideración para hacer los estudios previos que nos lleven a ampliar la planta judicial.

-El tribunal de la UE da toques a España por el derecho de los consumidores, las cláusulas abusivas en hipotecas o el derecho de retracto. ¿Revisarán la ley?

-Ya la hemos revisado con motivo del enjuiciamiento civil, en el procedimiento monitorio, para que se pueda revisar las cláusulas abusivas. Ya está en vigor. La crisis económica nos ha puesto de manifiesto situaciones en las que podría haberse dado algún abuso por parte de entidades financieras o las inmobiliarias. Hubo una colisión profunda de esos contratos, de las condiciones y de igualdad de derechos de las partes contratantes y de la tutela judicial, como el caso de las preferentes, muy importante en Galicia. La UE dice que hay que fortalecer la posición del consumidor. Hemos especializado juzgados para trabajar en las preferentes y las acciones colectivas y nos hemos comprometido en el programa electoral a regular las acciones colectivas. Hemos aprobado la ley de segunda oportunidad. Estas medidas y resoluciones del Tribunal de la UE son muy recientes, cuando el Parlamento ya estaba disuelto y, por tanto, ya no podíamos legislar. Será para la próxima legislatura.

-La operación Patos es un caso de tráfico de influencias que implica a 50 políticos, funcionarios y empresarios de 3 provincias gallegas. Da la sensación de que la corrupción está muy extendida.

-La corrupción es una realidad de la sociedad española que afecta a la sociedad civil y a las administraciones públicas. Esto no es un delito exclusivo del ámbito público, también existe en la sociedad española. Hemos intentado fortalecer las leyes para que la comisión de delitos de corrupción no tenga margen de impunidad. Hemos endurecido las penas, quien la hace la paga, el fruto del delito no va a poder ser disfrutado por el delincuente, hay una ley de transparencia de las Administraciones Públicas para que quienes ocupen un cargo tengan los bolsillos de cristal, saber cuál es su patrimonio y sus ingresos. Es un paquete de medidas para la lucha contra la corrupción, un cerco para que estos delitos sean más difíciles. Hemos expulsado de nuestro partido a los que han cometido estos delitos, nos hemos personado contra ellos. Estas reformas garantizan que casos, como el de la Patos y otros que hemos vivido estos últimos años, no vuelvan a suceder.

Sobre Cataluña: «La soberanía corresponde a todos los españoles y no a una parte»

Rafael Catalá señala que su Gobierno intentó en toda la legislatura, como Gobierno democrático y sometido a las leyes, una negociación continuada durante los cuatro años. «Se ha hecho política, se ha hecho mucho diálogo y además ha habido defensa del Estado de derecho. Cuando la Generalitat ha llevado a cabo actuaciones que no hemos considerado que no se adecuaban a la Constitución hemos ejercido las acciones. Así lo dijo el Tribunal Constitucional para garantizar la igualdad en todo el territorio, la unidad de España, que la soberanía corresponde a todos los españoles y no a una parte», indicó ayer. El ministro añadió que «estos principios han estado presentes en nuestras actuaciones cuando el Tribunal Constitucional ha ido resolviendo estos asuntos favorablemente a la posición del Gobierno. Es necesario que todos los gobernantes estemos siempre sometidos a la ley y sabiendo que los principios básicos de la Constitución están basados en la concordia, consenso, la igualdad, en la soberanía nacional, en cumplir la ley todos».

«Vemos que la lacra de los malos tratos subsiste en los más jóvenes, se repite la conducta»

La jueza de violencia sobre la mujer número 1 de Vigo ha pedido refuerzos y más medios. Es la ciudad con más crímenes machistas de España este año. Catalá se mostró sensibilizado. «Hemos creado juzgados especializados, formado a los jueces, dotado de equipos psicosociales que colaboren en el diagnóstico, análisis, colaboración con las víctimas, aprobado el estatuto de la víctima, pero seguimos teniendo un problema serio en España con la violencia machista y por tanto hay que seguir trabajando en el plano judicial, las fuerzas de seguridad y trabajar en el plano de la concienciación y la educación y sensibilización desde la escuela», dijo.

El ministro añadió que «se repiten estos comportamientos en chavales de las nuevas generaciones y que tendrían que estar educados en la igualdad, el respeto. Vemos que esta lacra subsiste en las nuevas generaciones. Es un trabajo complejo desde la educación y justicia. Hay que seguir trabajando hasta que haya cero delitos».

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