El Consejo de Estado respalda recurrir la declaración independentista

Agencias MADRID

ESPAÑA

Considera que «existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar la moción ante el Constitucional»

10 nov 2015 . Actualizado a las 19:24 h.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad un informe favorable a la intención del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución independentista aprobada este lunes por el Parlamento de Cataluña, han informado fuentes del órgano consultivo. «Existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Tribunal Constitucional», dice el acuerdo de la Comisión, que ha estado reunida desde las 13 horas de hoy para estudiar el trabajo realizado por la sección primera del Consejo a partir del expediente que este lunes por la tarde le entregó el Ejecutivo. Tras más de una hora de reunión, el informe favorable ha sido aprobado por unanimidad y remitido al Gobierno.

El Consejo de Estado considera que la resolución secesionista muestra una «voluntad de desobediencia o desacato» a la Constitución y supone una «declarada insumisión» a las instituciones del Estado. En el dictamen en el que respalda al Gobierno en la presentación de un recurso al Constitucional contra la resolución apoyada por Junts pel Sí y la CUP, el Consejo de Estado afirma que el texto contraviene los principios constitucionales de la soberanía nacional y de unidad de la nación española.

Cree además que la proyectada desobediencia a las decisiones del Constitucional, anunciada ya en el texto, supone «un atentado a uno de los elementos básicos con que se configura el Estado social y democrático de derecho en España». La resolución del Parlament, afirma el Consejo de Estado, «implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución Española -la atribución de la titularidad del poder constituyente-» y «niega» el orden constitucional vigente en su conjunto, «proclamando expresamente una ruptura con la primacía incondicional de la Constitución».

A su juicio, cualquier decisión de las instituciones «sin excepción» debe estar sujeta a la Constitución sin que existan para el poder público «espacios libres» o «ámbitos de inmunidad frente a ella». «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», recuerda el Consejo de Estado, que cree que la violación de este principio es tanto más grave cuando es adoptada por una institución parlamentaria y se dirige como instrucción al futuro gobierno de la Generalitat.

En el dictamen, de 21 páginas, el Consejo de Estado advierte de que el desacuerdo del Parlament de Cataluña con la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parte del Estatut «en modo alguno legitima la desobediencia de sus sentencias». Junto a ello, el órgano consultivo no tiene dudas sobre el carácter jurídico de la resolución que el Gobierno pretende impugnar.

Argumenta que el texto de la resolución del Parlament establece un exhaustivo programa de actuaciones en el que se formulan medidas concretas que, en muchos casos, ya constituyen incumplimientos de leyes estatales o de sentencias del Tribunal Constitucional. Por este motivo, el Consejo de Estado considera que la impugnación debe dirigirse contra la resolución «en su conjunto» -tal y como ha propuesto el Gobierno- y no contra puntos concretos, «puesto que todos ellos guardan una clara interdependencia y responden a unos mismos criterios».

El dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno se basa en el artículo 161.2 de la Constitución, que establece que el Gobierno podrá impugnar ante el TC las decisiones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas y que esta impugnación «producirá la suspensión» de la resolución recurrida. Esa suspensión, continúa el artículo, deberá ser ratificada o levantada por el Tribunal Constitucional en un plazo no superior a cinco meses.

Está previsto que el Consejo de Ministros autorice el miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la declaración secesionista, que fue aprobada ayer con los votos de los 72 diputados de Junts pel Sí (JxS) y la CUP.