Los jueces verán si el ministro Jorge Fernández Díaz actuó conforme a la legalidad cuando decidió otorgarle con carácter honorífico la Medalla de Oro al Mérito Policial a la Virgen de Nuestra Señora María Santísima del Amor
10 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.¿Fue legal la concesión de la medalla policial del ministro del Interior a la Virgen de Nuestra Señora María Santísima del Amor? La Audiencia Nacional tiene la última palabra y hoy cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativa revisarán la resolución ministerial, después de que la asociación Europa Laica interpusiera una demanda pidiendo su nulidad al considerarla «arbitraria» e «irracional».
La vista se celebrará a puerta cerrada y, es probable que hoy se conozca el signo del fallo. Los jueces verán si el ministro Jorge Fernández Díaz actuó conforme a la legalidad cuando decidió otorgarle con carácter honorífico la Medalla de Oro al Mérito Policial a la citada Virgen, la más alta condecoración. Para ello defendió que comparte con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad «una serie de valores como la dedicación, el desvelo, la solidaridad y el sacrificio».
«Ente impersonal»
El recurso de Europa Laica sostiene que la orden de Interior de febrero del 2014 adolece de un «contenido imposible» al atribuir a un «ente impersonal», como es una «figura religiosa», la máxima condecoración de la Policía Nacional, la cual está concebida para premiar actuaciones «concretas» de «personas» que hayan prestado servicios extraordinarios.
Precisamente, la doctrina del Tribunal Supremo avala estos reconocimientos para que las personas condecoradas «puedan seguir manteniendo» esos comportamientos que son beneficiosos para los intereses generales y «sirven de ejemplo» a otras. Es decir, menciona la actitud de las persona físicas.
«La orden impugnada no es objetiva ni es eficaz. Es más, es fácil pensar que provocará el efecto contrario al pretendido desincentivando a las personas que realmente pudieran ser merecedoras de la distinción policial por su comportamiento ejemplar», alegaron los recurrentes. Destacan que el hecho de que la concesión sea un acto discrecional del Gobierno no excluye que esté también sometido al control de los tribunales para evitar su «arbitrariedad» y concluyen que la Virgen «no es una persona en el sentido civil o jurídico de la palabra».