Ciudadanos, PSC y PP recurren de forma coordinada al Constitucional, pero los socialistas no llegan a pedir la suspensión cautelar del pleno del lunes
05 nov 2015 . Actualizado a las 09:33 h.«El Estado de derecho tiene mecanismos suficientes para hacer frente a esta situación. Es cierto que nunca hasta ahora hemos tenido que emplearlos, porque nunca hasta ahora se ha dado semejante deslealtad de una administración contra la ley sobre la que se fundamenta su legitimidad». Mariano Rajoy expresó así ayer, sin decirlo explícitamente, su disposición a utilizar el artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención de una autonomía si atenta contra el interés general de España, en caso de que los independentistas catalanes sigan adelante son su plan desconexión de España. Aunque no quiso desvelar qué pasos se darán, garantizó que, si se aprueba la resolución independentista que han presentado Junts pel Sí y la CUP, la recurrirá «al día siguiente o a los dos días». «Esa es la única decisión tomada porque tenemos conciencia de que se va a celebrar un pleno sobre este asunto», añadió.
El mayor desafío en décadas
El presidente del Gobierno consideró que el desafío planteado desde la Generalitat y ahora desde el Parlamento catalán es «el mayor que ha vivido nuestro orden constitucional y la nación española en décadas». Y, aunque agradeció el respaldo que le han otorgado los partidos leales a la Constitución, así como los agentes sociales, durante la ronda de contactos que ha puesto en marcha, descartó la firma de un acuerdo por escrito, como plantea Ciudadanos. «Ya hay un documento muy importante que es la Constitución española y se trata de cumplirla», señaló al se preguntado durante un foro organizado por el diario El Mundo.
Negó también que piense utilizar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para presionar a los promotores de la independencia, aunque denunció que «lejos de atender las necesidades de los catalanes, su única prioridad ha sido crear un clima de opinión basado en falsedades contra nuestra historia común»
A la espera de los acontecimientos que pudieran poner en marcha las inéditas medidas anunciadas por Rajoy, la resolución independentista presentada por Junts pel Sí y la CUP en el Parlamento catalán está ya en manos del Tribunal Constitucional. PP, PSC y Ciudadanos escenificaron ayer su unidad de acción frente al desafío secesionista acudiendo juntos al Constitucional para presentar tres recursos de amparo contra la admisión a trámite por parte de la Mesa de la cámara autonómica del texto en el que se plantea el inicio de un proceso de desconexión con España y la abierta desobediencia a las leyes y la Constitución.
Los líderes en Cataluña de Ciudadanos, Inés Arrimadas, PSC, Miquel Iceta, y PP, Xavier García Albiol, fueron los encargados de presentar los recursos. «Hoy hemos estado a la altura», destacó Arrimadas, que explicó que esta es solo la primera de una serie de acciones conjuntas de los tres partidos para hacer frente a la hoja de ruta independentista.
El PSC no pide parar el pleno
García Albiol calificó la jornada de ayer como un día «triste» por tener que acudir al Constitucional para «defenderse» de un acto de «tiranía inadmisible» perpetrado por los independentistas. E Iceta justificó el recurso ante «una situación grave en la que se pretenden pisotear derechos y libertades» y explicó que el Gobierno de España tendrá su apoyo frente a un proceso que sitúa a Cataluña «fuera de la legalidad y del Estado de Derecho».
A pesar de presentarse al unísono, los tres recursos contienen distintos matices. El más destacado es el de que el PSC no reclama la suspensión cautelar de la votación en el pleno del 9 de noviembre en la que los independentistas prevén aprobar su moción. Tanto Ciudadanos como el PP reclaman esa suspensión al estimar que la aprobación en pleno de ese texto supondría «la vulneración de derechos fundamentales» y porque «está en riesgo la supervivencia del orden constitucional». De aceptar el Constitucional su propuesta, la moción no podría someterse a votación.
Defensa de España, pero sin pactos
Rajoy transmitió un mensaje de tranquilidad a los agentes sociales sobre el desafío secesionista, pero no les planteó pacto alguno. Los responsables de las patronales CEOE y Cepyme mostraron su preocupación por los efectos negativos para la recuperación económica. Por su parte, los líderes de los sindicatos CC.OO. y UGT pidieron a Rajoy una reforma de la Constitución como vía para resolver la situación.