Cada paso es una nueva demostración de que los soberanistas han tomado las instituciones al asalto con la única intención de apropiarse de ellas, someterlas y utilizarlas para sus intereses. La decisión de la presidenta del Parlamento catalán es la demostración más evidente y debería hacer caer la venda de los ojos a esas personas, posiblemente bien pensadas, que aún se creían la retórica del mandato democrático para la independencia. Eso es tan falso como cierto es que Carme Forcadell es la persona más inapropiada para ejercer un papel institucional como el que corresponde a la presidencia de la cámara. Su obligación, por ley y por dignidad institucional, es velar por los intereses de todos los parlamentarios, que son los representantes del pueblo catalán. Ponerse de parte de unos en contra de todos los demás es absolutamente antidemocrático, porque es tanto como apoyar a una parte de los catalanes y despreciar a todos los demás. Su actitud es propia de una activista, que es lo que es, y nadie se lo cuestiona. Pero no puede serlo en un cargo como el que ocupa. O una cosa o la otra. Pero las dos al mismo tiempo es absolutamente reprobable. Lo más grave es que no se trata de una cuestión personal sino de una estrategia política de los partidos soberanistas. Lo suyo es un atropello de la ley y de todos los principios democráticos. Y lo hacen con total alevosía. Por si a algún ingenuo le quedaba aún alguna duda.