Los militantes de la formación eligen desde este fin de semana las propuestas del programa con el que concurrirá a las urnas el 20-D
01 nov 2015 . Actualizado a las 14:21 h.Los militantes de Podemos eligen desde ayer las propuestas del programa con el que concurrirá a las urnas el 20D en una votación online que acaba el martes, y a la que la dirección del partido ha llevado un abanico de medidas sociales, que tendría que costear con nuevos impuestos, incluido un gravamen a la banca. Estas son las principales medidas que la dirección del partido, encabezada por Pablo Iglesias, quiere llevar en su programa electoral:
Fiscalidad y deuda pública
- IVA - Aumentar los alimentos y bebidas no alcohólicas a los que se aplica el tipo superreducido del 4 por ciento, excluyendo los desaconsejables para la salud.Tipo reducido del 10 % para calefacción, gas y electricidad, gravados ahora con el 21, y reducir el tipo de productos de gran interés social«, como los culturales y escolares.Creación de un nuevo tipo del 25 % para artículos de lujo.
- IRPF- Aumentar los tramos del impuesto a partir de 60.000 euros, elevando progresivamente el tipo marginal de cada tramo desde el 45 por ciento actual hasta el 55 por ciento para rentas superiores a 300.000 euros anuales.
- Impuesto a la banca - «Impuesto de solidaridad» a las entidades financieras privadas para «recuperar progresivamente las cantidades que el sector ha recibido en forma de ayudas públicas». Sería un impuesto extraordinario a aplicar sobre los beneficios y con un carácter transitorio durante una legislatura. Reestructuración de la deuda pública vinculada a las ayudas recibidas por las instituciones financieras y una auditoría de la deuda con atención particular a la derivada del rescate financiero, así como derogar el artículo 135 de la Constitución.
- Regulación del régimen fiscal de las Sicav - Incrementar su tributación -ahora al 1 por ciento- para aplicarles el tipo máximo de dicho impuesto.
- Secreto bancario - Exigir en el ámbito internacional la eliminación del secreto bancario privilegiado de los paraísos fiscales.
- Patrimonio - Disminuir el mínimo exento en el Impuesto del Patrimonio a un patrimonio neto de 400.000 euros, frente a los 700.000 euros aplicables de manera general. La primera vivienda seguiría exenta hasta un valor de 300.000 euros.
- Impuesto de sociedades - Establecer un impuesto mínimo para las grandes empresas y un tipo diferenciado en función del destino de los beneficios, 30 % estándar para los beneficios de los accionistas y 25 % para los reinvertidos productivamente en la empresa.
- Fiscalidad verde - Desincentivar el uso de fuentes de energía contaminantes e incentivar el uso de las renovables. Reforma de los impuestos sobre los hidrocarburos y el carbón, revisar los beneficios fiscales existentes y dejar exentas del Impuesto sobre la Producción de la Electricidad las instalaciones renovables de menos de 100 kW.Igualar los tipos impositivos sobre la gasolina y el gasóleo, reformar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica teniendo en cuenta sus características contaminantes, estudiar tasas por el uso de determinadas infraestructuras de transporte y revisar las ecotasas sin objetivos medioambientales.
- Delito fiscal - Rebajar hasta 50.000 euros la cuantía para considerar objetivamente la comisión de un presunto delito, ampliar el plazo de prescripción a 10 años y aplicar las penas previstas actualmente para el tipo agravado cuando el importe de lo defraudado supere los 120.000 euros.
Política social y de empleo
- Renta garantizada - Renta básica de 600 euros para hogares sin ingresos y complemento para trabajadores de baja remuneración -con ingresos por encima de los 250 euros- para garantizar que llegan a los 900 euros mensuales por unidad de convivencia.
- SMI - Aumento progresivo del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 800 euros mensuales en 14 pagas en 2018.
- Reforma laboral - Derogación de las dos últimas reformas laborales, eliminar todos los incentivos al empleo parcial y avanzar hacia la jornada laboral de 35 horas semanales.
- Pensiones - Derogar las reformas de las pensiones del PSOE en 2010 y del PP en 2014, restablecer la edad de jubilación en los 65 años y desvincular la capacidad adquisitiva de los pensionistas del IPC. Eliminar el tope máximo a las cotizaciones sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción.
- Desahucios - Prohibir por ley orgánica los desalojos siempre que no se proporcione una vivienda alternativa, y aprobar la dación en pago retroactiva.
- Garantizar la Sanidad y Educación públicas y gratuitas - En materia educativa, apuesta por una nueva asignatura titulada «Inteligencia Emocional» para los estudiantes de ESO y disminuir la ratio de alumnos en todos los niveles.
- Devoluciones en caliente - En el ámbito de asuntos sociales, plantea paralizar las devoluciones ilegales de personas en «zonas fronterizas» y retirar los «elementos lesivos» colocados en las vallas de Ceuta y Melilla. Reconocerá el sufragio pasivo a todos los residentes extranjeros y permitirá a los extranjeros la creación de partidos políticos.
Controles democráticos
- Repetir elecciones a los dos años de legislatura si los ciudadanos deciden en referéndum que el Gobierno ha incumplido su programa electoral, considerando el mismo como un »contrato con la ciudadanía«.
- Ampliar el proceso electoral de 2 a 4 semanas, eliminar el procedimiento del voto rogado y crear una circunscripción exterior que dé voz a los emigrantes.
- Eliminar Privilegios - «Adelgazar al máximo los privilegios políticos y económicos» de diputados y senadores. Revisar los complementos económicos y gastos de representación que reciben, eliminar las indemnizaciones por cese y derogar las »pensiones de oro« de los exparlamentarios.
- Aforamientos - Reducir el número de aforados, limitándolo a quienes ostenten las presidencias de las cámaras, y extender las incompatibilidades de cargos públicos, políticos y directivos de empresas públicas, de modo que transcurra un mínimo de 10 años desde que dejan su cargo hasta que puedan intervenir en un ámbito afectado por una decisión adoptada durante su mandato.
- Prohibir las puertas giratorias - Incompatibilidad de exaltos cargos para ocupar puestos en Consejos de Administración de empresas que operen en sectores estratégicos del Estado.
Modelo territorial
- Derecho a decidir - Abrir un «amplio debate ciudadano« sobre el derecho a decidir en el marco de un «cambio constitucional».
- Plurinacionalidad - Reconocer en la Constitución la naturaleza plurinacional de España y el derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial del país.
- Tribunal Constitucional - Eliminar la reforma del Tribunal Constitucional que le otorga capacidad «punitiva» para sancionar a cargos públicos que no cumplan sus sentencias.
- Reforma del Senado para convertirlo en cámara de representación de territorial integrada por representantes de los gobierno regionales. Eliminar gran parte de las retribuciones de los senadores y reducir su número para que sea igual para todos los territorios.
- Nuevo modelo de financiación que garantice la suficiencia del ámbito competencial autonómico a través de la recaudación de los tributos cedidos a las comunidades autónomas y la participación de los tributos del Estado.
Justicia y seguridad
- Reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que esté compuesto por 15 vocales -no 20 como ahora- elegidos directamente por los ciudadanos entre jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio.
- Revisar el sistema de nombramiento del fiscal general del Estado y modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Público para dotarle de más autonomía respecto del Gobierno.
- Limitar el aforamiento de jueces y políticos al ámbito de su actuación pública, quedando sometidos al procedimiento procesal general cuando se trate de conductas ajenas a su función pública.
- Sistema de pago de sanciones administrativas y multas proporcionales a la renta de la persona sancionada.
- Derogación inmediata de la Ley Mordaza.
- Entre las medidas anticorrupción, plantea un nuevo delito de enriquecimiento injusto, aplicable a los cargos políticos que hayan obtenido beneficio derivado de una conducta corrupta aún sin haber intervenido directamente en ella.
Relaciones con la Iglesia
- Anular el Concordato de 1953 y los cinco acuerdos que firmó el Estado con la Santa Sede en 1976 y 1979. Eliminar las capillas y servicios religiosos en instituciones públicas y recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia.
- Pago del IBI - Derogar los artículos del Código Penal que tipifican como delito la ofensa a los sentimientos religiosos y suprimir privilegios fiscales, como el pago del IBI o la financiación estatal a través de la casilla del IRPF.
- Suprimir celebraciones y simbología religiosa en actos oficiales y sustituir la ley de libertad religiosa por una nueva Ley de Libertad de Conciencia.
Otras medidas
- Infraestructuras - Paralización inmediata de la ejecución de grandes obras como el AVE, autopistas o aeropuertos que no hayan sido adjudicadas y realización de una auditoría de esas grandes infraestructuras para evitar que se repitan casos de «aeropuertos fantasmas».
- En materia de derechos, Podemos propone también legalizar el cultivo y consumo de cannabis para uso personal o colectivo.
- Memoria histórica - Garantizar el acceso a los archivos, políticas de acceso a la justicia para las víctimas del franquismo, anular las sentencias de los tribunales de la guerra civil y la dictadura, aplicar la jurisdicción universal en materia de derechos humanos y elaborar un mapa integral de fosas comunes que permita diseñar un plan de exhumaciones.
- Reformar la Ley de la Carrera Militar para modificar los criterios de promoción e integrar al personal de Tropa y Marinería y oficiales temporales.
- Modificar la ley de derechos y deberes para regular los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y afiliación a partidos de los militares, y reconocer la libertad de sindicación de los agentes de la Guardia Civil. Reorganización de la plantilla sustituyendo a los agentes que prestan servicios burocráticos por personal civil administrativo y «poner fin» a los servicios que no son propios del cuerpo.