Los servicios jurídicos sugieren al Gobierno no recurrir aún la moción

Recuerdan que el Constitucional rechazó el recurso de Aznar parar frenar el plan Ibarretxe antes del debate parlamentario


Madrid / La Voz

¿El Gobierno debe recurrir ya ante el Tribunal Constitucional la resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP admitida a trámite por la Mesa del Parlamento catalán, como defiende Albert Rivera, o hay que esperar a que la apruebe el pleno, como pretende hacer Mariano Rajoy? Hay un precedente que indica que lo más prudente sería hacer lo que sostiene el presidente del Gobierno, ya que si el Constitucional sigue la doctrina que fijó con el llamado plan Ibarretxe rechazaría el recurso. Los servicios jurídicos del Estado que están estudiando cómo frenar la declaración de inicio del proceso independentista desaconsejan impugnar la mera declaración antes que la apruebe la cámara, en la que los secesionistas tienen la mayoría absoluta.

El Gobierno de José María Aznar recurrió el 25 de octubre del 2003 los acuerdos del Gobierno vasco, presidido por Juan José Ibarretxe, por los que se aprobaba la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi y el 4 de noviembre de ese mismo año también recurrió la decisión de la Mesa del Parlamento vasco que acordaba el inicio de la tramitación del proyecto.

Los recursos pedían la suspensión inmediata del proyecto y de su tramitación al entender que vulneraba en más de cien ocasiones la Constitución, el Estatuto de Autonomía vasco y el propio reglamento del Parlamento autonómico, por atentar contra la soberanía nacional.

El Constitucional se pronunció mediante un auto el 27 de abril del 2004, y en el mismo rechazaba los recursos por considerar que el denominado plan Ibarretxe aún era un proyecto y también porque admitirlos iría contra la «lógica del sistema parlamentario democrático».

Consideró que los acuerdos no eran una resolución y, por tanto, no podían ser suspendidos, ya que eso habría supuesto impedir el debate, desnaturalizando los principios fundamentales de la democracia parlamentaria. El auto dejaba claro que «el simple enunciado de una proposición contraria a la Constitución no constituye objeto de enjuiciamiento por este tribunal». El auto fue aprobado por siete votos contra cinco.

Existe otra posibilidad jurídica para tratar de frenar la declaración secesionista. Ciudadanos tiene previsto presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos humanos antes del debate en Cataluña sobre la declaración hacia la independencia. El problema de utilizar esta vía es que no tiene consecuencias jurídicas inmediatas.

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