La oposición no cree a Artur Mas y le pide que renuncie a ser presidente

Los grupos de la oposición en el Parlamento catalán exigieron ayer a Artur Mas que asuma responsabilidades por los casos de corrupción que afectan a su partido y, en la última sesión, antes de que el lunes se constituya la undécima legislatura, pidieron al dirigente convergente, que había solicitado la comparecencia por iniciativa propia y de urgencia, que renuncie a ser el próximo presidente de la Generalitat.

El bloque no independentista -formado por PSC, PP, Iniciativa y el PP-, reprochó al líder nacionalista la hipoteca con la que pretende ser el próximo jefe del Ejecutivo autonómico, que a su juicio lo deslegitima de pleno. Quince sedes embargadas, los dos últimos tesoreros del partido detenidos por sospechas de financiación ilegal, tres frentes judiciales abiertos por corrupción (Palau, Pujol y el caso 3 %), y el hito de ser la única formación española cuyos expresidente y exsecretario general están imputados (Jordi Pujol y su hijo Oriol Pujol, respectivamente).

Un negro panorama de sospechas de corrupción que llevó a Miquel Iceta (PSC) a interrogar a Mas si considera que en este contexto está «en condiciones de seguir aspirando a volver a presidir la Generalitat». «No puede ser presidente de Cataluña porque está salpicado de corrupción», afirmó Inés Arrimadas, de Ciudadanos, que acusó al dirigente de CDC de utilizar el proceso soberanista para tapar el 3 %. Desde el PP, Santi Rodríguez, instó a Mas a «renunciar» y Joan Herrera (ICV) le reclamó que dé un «paso atrás».

La CUP no participó en la sesión, porque no forma parte de la diputación permanente, pero al final del debate Antonio Baños declaró que Mas no le había convencido e insistió en su negativa a investirle presidente. «No nos hemos movido ni una coma, somos independentistas no para salvar a CDC de sus males, sino para hacer limpieza», dijo.

Sentido democrático

Artur Mas criticó a los grupos de la oposición por reclamar su renuncia, puso en cuestión el «sentido democrático» de todos ellos y les recordó que hace un mes ganó unas elecciones, obteniendo 1,6 millones de votos. El presidente de la Generalitat saltó también como un resorte cuando el PP e ICV revelaron una reunión el pasado miércoles con Jordi Pujol, justo cuando la Guardia Civil detenía al tesorero de CDC y registraba la sede del partido. Reconoció el encuentro, admitió que desde la confesión del expresidente, en julio del 2014, se han visto cinco o seis veces y acusó al Estado de estar «siguiéndole», porque solo así ha podido trascender que ambos políticos estuvieran juntos. «Sí, le he visto, ¿y qué?», afirmó desafiante. «¿Es un delito?», preguntó. «Volveré a ver al president», avisó.

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Casi lo de menos fueron sus explicaciones sobre las acusaciones de corrupción en CDC y en la adjudicación de obra pública, en parte porque repitió casi los mismos argumentos de siempre. Mas negó las prácticas corruptas, si acaso reconoció algún error administrativo, y acusó al Estado de montar un «espectáculo» policial y judicial para hacer «daño» a CDC y al proceso soberanista, que, según dijo, no se detendrá por más que las «cloacas» del Estado sigan actuando.

«Hace diez años que se nos investiga y no hay ni una sola sentencia que haya demostrado absolutamente nada», afirmó. Mas admitió que la fundación de CDC recibe donaciones de empresas constructoras, «como otros partidos», aunque insistió en que esas aportaciones son 100 % legales. Según aseguró, no ha habido trato de favor a empresas que dan donaciones a la formación a cambio de contratos de obras públicas porque el sistema de adjudicación de la Administración catalana lo impide. «Somos un ejemplo de buenas prácticas. Nuestro sistema de contratación es impecable, no hay errores, ni posibilidad de influir de una manera partidista o personal», dijo.

Quien se movió en el alambre fue Esquerra, que fue crítica, pidió a Mas que vaya hasta el final, que depure responsabilidades y haga limpieza. Marta Rovira, además, pidió el relevo de la comisionada para la Transparencia, Núria Bassols, ya que su marido es uno de los empresarios detenidos en la operación Petrum. ERC, no obstante, hizo suya la teoría del presidente catalán de que «no es una casualidad» el momento político en el que se han llevado a cabo las últimas operaciones policiales

El juez reclama a la Generalitat el desglose de los gastos del 9N

Los problemas se le acumulan al presidente catalán en funciones. En paralelo a la investigación sobre las supuestas mordidas de su partido, el Tribunal Superior de Cataluña prosigue la que afecta a la consulta del 9N, un proceso en el que está imputado el propio Artur Mas. El juez que investiga la causa acordó ayer media docena de diligencias de oficio, entre ellas un requerimiento al Departamento de Economía que le certifique el coste de la consulta, desglosando sus partidas presupuestarias, y otra en la que pregunta al Institut d?Estadística de Catalunya (Idescat) si cedió datos del registro de población de Cataluña para la votación.

El magistrado reclama también a las distintas empresas con las que contrató la Generalitat que detallen quién era el responsable de coordinar los trabajos encomendados. Y, en atención a otra petición de la Fiscalía, quiere disponer de la documentación sobre la instalación de los programas informáticos en los ordenadores portátiles que se utilizaron en los centros de votación y sobre las contrataciones relativas a la página web que informaba de la consulta. Los querellados adujeron ante el juez que la Generalitat no desactivó esa página tras la suspensión de la consulta debido a su complejidad técnica, dado que estaba alojada en distintos servidores en el extranjero para evitar ataques informáticos.

En sus declaraciones ante el juez, Artur Mas, y la consejera de Enseñanza también en funciones, Irene Rigau, y la exvicepresidenta Joana Ortega argumentaron que la Generalitat dejó de organizar el 9N cuando el Constitucional suspendió la consulta.