La policía cree que el tesorero de CDC desviaba dinero a los secesionistas

Atlas TV

La Unidad Central Operativa (UCO) apunta muy alto en la tercera fase de la operación Petrum, desatada ayer por la Guardia Civil con la detención de diez personas, entre ellos el tesorero de Convergència y el director de Infraestructuras de la Generalitat. Y lo hace en un momento político especialmente delicado. Los agentes del instituto armado y Anticorrupción buscan evidencias que confirmen sus sospechas de que de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y su Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem) no solo se financiaron con las mordidas de 3 % que pagaban empresas amigas a cambio de adjudicaciones públicas amañadas, sino que tanto CDC como la fundación pudieron usar ese dinero negro también para sufragar actos y campañas de colectivos cercanos en favor de la independencia y de las diferentes iniciativas secesionistas.

Según informaron fuentes de la investigación, la UCO aún no tiene esas pruebas, pero confía en encontrarlas entre la abundantísima documentación incautada ayer en los veinte registros, entre ellos el de la sede central de la formación catalana, allanada casi en su totalidad. Hasta allí fue conducido el personaje clave de esta nueva redada, el tesorero de CDC, Andreu Viloca, de quien Anticorrupción cree que podría dirigir toda la trama del 3 % y estar al tanto del desvío de parte de las comisiones irregulares a algunos de los colectivos que montaron actos por la independencia. Sea como fuera, Viloca (acusado por Anticorrupción de seis delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo) es el origen de esta nueva operación.

Mandos del caso explicaron que en la operación del 28 de agosto se percataron de que el tesorero había tenido tiempo para destruir diez páginas de documentos en una trituradora que tenía en su despacho. En las últimas semanas, el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil ha logrado reconstruir casi en su totalidad esos papeles, que, junto a otros documentos encontrados el pasado verano, confirmarían el pago de comisiones por parte de las empresas ayer registradas, entre ellas Urbaser (filial de ACS), Copisa, Rogasa Construcciones, Tec4, el Grupo Soler y la madrileña Oproler. Un dinero, sospechan los investigadores, que llegó a CDC y Catdem pero que, en parte, salió de inmediato para otras plataformas pro secesionistas.

La macrorredada, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell y coordinada por los fiscales Anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo, acabó con la detención y registro de los domicilios de seis de los directivos de las compañías que pagaron supuestamente coimas: Jordi Soler (Grupo Soler), Xavier Tauler (Copisa), Antonio García Bragado (Tec 4), José Luis Romero (Rogasa), Josep Manel Bassols (Oproler Barcelona) y Sergio Lerma (Oproler Madrid). A este último se le incautaron 200.000 euros en metálico.

Infraestructuras

Además, fue detenido Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalitat y máximo responsable de GISA, la empresa de la Generalitat que promueve la obra pública autonómica. Esta mercantil, que fue también registrada, es, según los investigadores, el nudo gordiano de esta nueva fase de Petrum, ya que desde allí habrían partido las adjudicaciones amañadas a favor de los empresarios pagadores. Junto a ellos fueron igualmente detenidos dos trabajadores de la sede de Convergència, entre ellos a Carlos del Pozo, mano derecha de Viloca, secretario del patronato de Catdem y exgerente de CDC, y a la administrativa Anna Benítez.

La Guardia Civil también practicó registros en otras instituciones catalanas, entre ellas en el Consorci d?Educació de Barcelona y los ayuntamientos de Olot y Sant Fruitós de Bages. En el primer consistorio los agentes buscaban documentación sobre un concurso de basuras supuestamente amañado, mientras que en el segundo trataban de encontrar papeles para probar que desde ese ayuntamiento se hicieron donaciones de dinero público a la fundación Catdem a cambio de certificaciones de obra supuestamente falsas.

La conexión con el caso Pujol

El detenido Xavier Tauler, consejero delegado desde hace 25 años de Copisa, se ha convertido en el primer nexo de unión fehaciente entre el caso del 3 % y los sumarios que afectan a la familia Pujol. Este amigo íntimo de Jordi Pujol Ferrusola, ya está imputado en la Audiencia Nacional por haber supuestamente pagado comisiones al primogénito del expresidente para conseguir concursos.

Andreu Viloca, tercer responsable de las cuentas del partido salpicado por la corrupción

Miembro de la dirección de Convergència, Andreu Viloca es el máximo responsable de las cuentas del partido desde 2010. Asumió las riendas de las finanzas convergentes después de que su predecesor, Daniel Osácar, se jubilara poco después de su implicación en el caso Palau. Osácar está imputado por la supuesta financiación ilícita del partido. El juez que instruye el caso Palau, aún pendiente de juicio, sospecha que CDC se benefició con seis millones del expolio perpetrado por Félix Millet y Jordi Muntull de la entidad cultural. Mas ha afirmado en más de una ocasión que pone la mano en el fuego por Osácar, pero no se ha comprometido a dimitir si el extesorero acaba siendo condenado. Osácar sucedió en el cargo a Carles Torrent, también implicado en el caso Palau, aunque ya fallecido. Los tres últimos tesoreros, por tanto, están implicados en casos de corrupción. El último, Viloca, un alto cargo muy discreto, hasta el punto de que su foto no figura en la web de CDC ni constan declaraciones públicas, llegó procedente del Colegio de Médicos. Bajo su dirección, CDC está acometiendo una dura reducción de gastos y, entre otras grandes operaciones, Viloca, relacionado con el sector inmobiliario, ha culminado la venta de la sede central del partido a un grupo inversor de Hong Kong. El inmueble que el juez del caso Palau tenía embargado y que tras su venta el magistrado cambió por 15 subsedes

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