La policía cree que el tesorero de CDC desviaba dinero a los secesionistas

M. Saiz-Pardo, C. Reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Entre los diez detenidos en la operación figuran directivos de seis empresas

22 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

La Unidad Central Operativa (UCO) apunta muy alto en la tercera fase de la operación Petrum, desatada ayer por la Guardia Civil con la detención de diez personas, entre ellos el tesorero de Convergència y el director de Infraestructuras de la Generalitat. Y lo hace en un momento político especialmente delicado. Los agentes del instituto armado y Anticorrupción buscan evidencias que confirmen sus sospechas de que de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y su Fundació Catalanista i Demòcrata (CatDem) no solo se financiaron con las mordidas de 3 % que pagaban empresas amigas a cambio de adjudicaciones públicas amañadas, sino que tanto CDC como la fundación pudieron usar ese dinero negro también para sufragar actos y campañas de colectivos cercanos en favor de la independencia y de las diferentes iniciativas secesionistas.

Según informaron fuentes de la investigación, la UCO aún no tiene esas pruebas, pero confía en encontrarlas entre la abundantísima documentación incautada ayer en los veinte registros, entre ellos el de la sede central de la formación catalana, allanada casi en su totalidad. Hasta allí fue conducido el personaje clave de esta nueva redada, el tesorero de CDC, Andreu Viloca, de quien Anticorrupción cree que podría dirigir toda la trama del 3 % y estar al tanto del desvío de parte de las comisiones irregulares a algunos de los colectivos que montaron actos por la independencia. Sea como fuera, Viloca (acusado por Anticorrupción de seis delitos: cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo) es el origen de esta nueva operación.

Mandos del caso explicaron que en la operación del 28 de agosto se percataron de que el tesorero había tenido tiempo para destruir diez páginas de documentos en una trituradora que tenía en su despacho. En las últimas semanas, el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil ha logrado reconstruir casi en su totalidad esos papeles, que, junto a otros documentos encontrados el pasado verano, confirmarían el pago de comisiones por parte de las empresas ayer registradas, entre ellas Urbaser (filial de ACS), Copisa, Rogasa Construcciones, Tec4, el Grupo Soler y la madrileña Oproler. Un dinero, sospechan los investigadores, que llegó a CDC y Catdem pero que, en parte, salió de inmediato para otras plataformas pro secesionistas.