Juega una vez más a hacerse la víctima, pero la detención del tesorero del partido supone un duro golpe a sus aspiraciones presidenciales
22 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Artur Mas se presenta como supuesto mártir por la independencia y víctima de la «caza mayor» teledirigida desde Madrid. Es su táctica, aunque para ello deslegitime totalmente el Estado de Derecho y rebaje a los tribunales de justicia a meros apéndices del Gobierno. Ya lo hizo cuando tuvo que ir a declarar por celebrar la consulta independentista ilegal del 9N y lo repite ahora tras la detención del tesorero de su partido por el escándalo del 3%.
¿Ha tratado de tapar Mas los casos de corrupción con el independentismo?
Sí. A cada actuación judicial ha respondido asegurando que todo es fruto de una conspiración política para descarrilar el proceso independentista y liquidarle políticamente. El guion no cambia. Su respuesta es inamovible: «no encontrarán nada». Aunque los hechos lo desmientan rotundamente y la denuncia que encendió la mecha de este último caso la encendiera la denuncia de una concejal de ERC. Claro que se han descubierto tramas de cobro de comisiones, en el caso Palau o en los diferentes escándalos que afectan a la familia Pujol. Sin ir más lejos CDC está acusada de cobrar 6,6 millones de euros - en este caso el 4%- en comisiones de Ferrovial en el caso Palau. Los tres últimos tesoreros de CDC se han visto implicados en casos de cobro de comisiones ilegales.
Mas recurrió a la treta de colocarse como número cuatro de Junts pel Sí para evitar responder de las acusaciones de corrupción y de los recortes en sanidad y educación durante la campaña. De esa forma incumplía una de las normas básicas del funcionamiento democrático: la rendición de cuentas de su gestión de gobierno. El presidente ha tratado de tapar los escándalos de corrupción que cada vez cercan más a su partido envolviéndose en la estelada. Siguiendo la lógica perversa que emplea, los jueces nunca podrían proceder contra su partido, ni un mes antes ni un mes después de las elecciones, pero tampoco durante lo que denomina proceso.
¿Tienen base las acusaciones del cobro del 3 % por parte de CDC?
Sí. Todo apunta a que el sistema funciona desde los tiempos de Jordi Pujol. Las denuncias políticas vienen de lejos. Significativamente fue ERC la que primero denunció el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones. Lo hizo en septiembre de 1998 Josep Lluís Carod-Rovira en sede parlamentaria. Mucho antes de que, el 24 de febrero del 2005, Pasqual Maragall espetara a Mas en el Parlamento: «Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3 %». El dirigente socialista que puso fin a 23 años de pujolismo tuvo que retractarse ante las amenazas de Mas de no dar su apoyo a la reforma del Estatuto. Esa acusación se plasmó judicialmente cuatro años después con el caso Palau. La operación del pasado 28 de agosto y la de ayer muestran claros indicios de la extensión de las tramas del 3 %. Lo que comenzó siendo una investigación local se ha convertido en el descubrimiento de una gran red que se extiende por toda Cataluña y apunta a un sistema de financiación ilegal de CDC que sigue el mismo esquema en todos los niveles.
¿Reduce las posibilidades de Mas de ser presidente?
Este nuevo golpe policial llega en plenas negociaciones con la CUP, que se sigue negando a investirlo como presidente. La suerte de Mas depende de lo que haga la formación antisistema. Está por ver si prevalece el victimismo al que siempre juega Mas, que le ha servido en el caso de la celebración de la consulta ilegal, como mostró la presencia del líder de la CUP, Antonio Baños en la gran escenificación de apoyo cuando fue a declarar, o las graves acusaciones que pesan sobre su partido. ERC tiene un acuerdo cerrado con CDC para darle su apoyo, por lo que nada hará cambiar su posición. En todo caso, respaldar a Mas le será cada vez más difícil. Para el electorado independentista es mucho más fácil defender a Mas por convocar una consulta ilegal, con la justificación de que se trataba de un ejercicio democrático, que hacerlo como jefe de un partido que se ha financiado mediante el cobro de comisiones ilegales. Todo ello, mientras Mas aparentemente no se enteraba de nada. El principal lema de los independentistas, «España nos roba», podría reformularse ahora, presuntamente y a la luz de las investigaciones judiciales, en «los Pujol nos roban» o «CDC nos roba».
¿Estaría dispuesto a tirar la toalla?
Rotundamente no. Y lo dejó claro ayer. No va a dar un paso atrás si Junts pel Sí y la CUP no llegan a un acuerdo para hacerle presidente. En ese escenario convocaría una vez a los catalanes a las urnas. El plazo para ser investido se agota el 9 de enero. El partido ultraizquierdista apoyaría a otro candidato para seguir adelante con el proceso independentista, pero Mas quiere seguir. Arguye que tiene «legitimidad democrática», porque un millón y medio de votantes apoyaron a Junts pel Sí y solo 370.000 a la CUP. En solo cinco años su partido ha perdido la mitad de su escaños, ha dividido en dos mitades a la sociedad catalana, convirtió las elecciones en un plebiscito que perdió al no lograr más del 50 % de los votos, pero Mas se ha vestido el traje de héroe providencial que llevará a Cataluña a la independencia. Pero lo que está en juego, en realidad, es su supervivencia política.