El exvicepresidente del Gobierno está imputado por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
06 oct 2015 . Actualizado a las 20:44 h.El juez que investiga a Rodrigo Rato por fraude fiscal, blanqueo y corrupción entre particulares ha impuesto medidas cautelares al exvicepresidente del Gobierno, consistentes en la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer una vez al mes en su Juzgado.
El exvicepresidente del Gobierno comenzó a declarar ante el juez Antonio Serrano-Arnal, que le ha citado imputado por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Rato ha llegado a primera hora de la mañana a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, mucho antes de su cita con el magistrado, y ha empezado su interrogatorio aproximadamente a las 11.15 horas. A diferencia del pasado mes de julio, en esta ocasión el exministro de Economía no ha pedido autorización para entrar por el garaje.
En las puertas del tribunal, una veintena de preferentistas empezaron a congregarse para esperar al exdirector gerente del FMI, profiriendo gritos de «Rato, ratero, igual que tu padre, igual que tu abuelo» mientras muestran pancartas en las que se puede leer «Blesa y Rato a prisión» o «Han saqueado este país».
Rato se acogió a su derecho a no declarar en su primera declaración ante el juez porque decía desconocer muchas de las acusaciones que han vertido sobre él la Oficina Antifraude (Onif) y la Fiscalía. Desde entonces, no solo se han conocido las nuevas sospechas de la Onif de que pudo lavar dinero en el exterior, sino que el caso ha salpicado a otras ocho personas, entre ellas gente de su máxima confianza como su secretaria personal, Teresa Arellano, y su gerente y presunto testaferro, Miguel Ángel Montero.
Ambos, imputados por los mismos delitos que Rato, ya declararon el pasado viernes después de haber sido detenidos por la Guardia Civil, que practicó además registros en sus domicilios para recabar documentación.
El propio Rato también fue interrogado el jueves en la Comandancia de la Guardia Civil, el mismo día en que se supo que otro de sus supuestos testaferros, el administrador de Albisa Inversiones, Alberto Portuondo, asegurara al juez que pagó 40.000 euros mensuales a la sociedad Kradonara, epicentro de su entramado societario.