El tsunami del 3 % deja muy tocado a Mas y crea fisuras en el bloque secesionista
ESPAÑA
Hace diez años, Maragall denunció las mordidas a CDC que ahora la Fiscalía Anticorrupción cree haber acreditado
29 ago 2015 . Actualizado a las 15:11 h.La operación de la Guardia Civil supone un torpedo en la línea de flotación de la candidatura independentista Junts pel Sí, en la que se integra Convergència junto a ERC y asociaciones soberanistas, y deja muy tocado a Artur Mas. Un tsunami político de incalculables consecuencias a solo un mes de las trascendentales elecciones que el presidente catalán ha planteado como plebiscitarias. El caso vuelve a poner sobre la mesa el cobro de comisiones del 3 % a cambio de adjudicaciones por parte de dirigentes del partido que denunció Pasqual Maragall en el Parlamento catalán. Diez años después, la Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que la familia Sumarroca ha pagado a CDC un 3 % de comisiones por cada obra adjudicada a sus empresas por los ayuntamientos gobernados por los nacionalistas.
Un sistema de corrupción
Del 3 % al caso Pujol. El 24 de febrero del 2005, Maragall hizo saltar por los aires el llamado oasis catalán, una comunidad donde aparentemente no pasaba nada, una vez sepultado el caso Banca Catalana en los años 80. Aquel día, el entonces presidente de la Generalitat al frente del tripartito espetó a Artur Mas: «Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3 %». El delfín de Jordi Pujol y líder de Convergència le exigió que rectificara si quería que le apoyara en la reforma del Estatuto catalán y el dirigente socialista así lo hizo. El asunto se enterró, pero puso sobre la mesa el sistema de cobro del 3 % en mordidas. Con el paso del tiempo, en el 2014, el ex vicepresidente Josep Lluis Carod-Rovira aseguró que un dirigente de CiU le había confesado que las comisiones no eran del 3 % sino del 5 %.
En el llamado caso Palau, Convergència recibió 6,6 millones de euros de Ferrovial por la adjudicación de grandes proyectos como la Ciudad de la Justicia o la Línea 9 del metro, según el juez instructor. Se consideró probada la existencia de un pacto criminal y una «trama delictiva» para la «financiación ilegal» de CDC. Las comisiones se elevaron al 4 %. El modus operandi era similar al de la trama que ahora investiga la fiscalía.
En los últimos años, la corrupción ha cercado a Convergència, pero el caso más grave y simbólico ha sido el escándalo que afecta a la familia Pujol. Hace algo más de un año, el patriarca que gobernó durante 23 años Cataluña admitió que tenía dinero negro en el extranjero. El expresidente fue imputado. Sobre sus hijos Jordi, Oleguer y Oriol recaen acusaciones judiciales gravísimas de corrupción.
Consecuencias políticas
Golpe a la lista Junts pel Sí. Artur Mas se ha agazapado en el número cuatro de la lista independentista, aunque es su candidato a la presidencia de la Generalitat. La oposición y numerosos analistas lo acusan de esconderse para no dar cuenta de su gestión, de los recortes en sanidad y educación, pero sobre todo de los graves casos de corrupción que implican a su partido, empezando por los que afectan el gran patriarca Jordi Pujol y a su familia. Mas evita así la rendición de cuentas, que es un elemento clave en el sistema democrático.
El argumentario de la lista unitaria conocido esta semana no ha podido ser más inoportuno, ya que presenta a Mas como un adalid de la lucha contra la corrupción, cuando es el máximo dirigente de un partido cuya financiación está en cuestión, ha mantenido una posición laxa e incluso comprensiva con los implicados, especialmente blanda con su antecesor. El registro de la sede de Convergència y las evidencias con las que parece contar la Fiscalía Anticorrupción dejan muy tocado a Mas y crean fisuras en la propia lista secesionista, ya que los candidatos que no pertenecen a CDC se van a sentir incómodos teniendo que hacerse de algún modo corresponsables al apoyarle como presidente. Además, los líderes independentistas se van a ver obligados a ponerse a la defensiva y a apartarse de su discurso monotemático. Los convergentes denunciaron ayer una operación política para perjudicar a los independentistas el 27S, pero el ecosocialista Raül Romeva, cabeza de cartel de Junts pel Sí, lanzó el mensaje de que hay que ser implacables contra la corrupción.
El discurso
Del «España nos roba» a los nacionalistas nos roban. Gran parte de la campaña de Junts pel Sí se basa, como mostraba el argumentario, en denunciar el supuesto maltrato de Cataluña por parte del Estado que impide su bienestar. El lema más repetido por los secesionistas, Espanya ens roba (?España nos roba?), se vuelve ahora contra un partido que presuntamente estableció un sistema de cobro de comisiones ilegales para financiarse, al margen del lucro personal que obtuvieran algunos de sus dirigentes. El caso de la familia Pujol ha mostrado claramente la extensión de la corrupción institucional que existe en Cataluña, que nada tiene que ver con las acusaciones al Estado.
Los implicados en la trama
Jordi Sumarroca, consejero delegado de Teyco
Hijo del fundador de CDC. Es hijo del fundador de Convergència y empresario Carles Sumarroca, persona muy cercana a Jordi Pujol. En los registros, el 23 de julio, de su domicilio particular y el de su empresa los agentes hallaron notas que detallan el pago de comisiones del 3 %. Fue detenido y ahora está en libertad tras pagar una fianza.
Daniel Osácar, extesorero de Convergéncia
Ya acusado en el caso Palau. Ya está acusado en el caso Palau por cobrar para Convergència comisiones de Ferrovial. El fiscal le pide siete años y medio de cárcel. Ahora se repite el modus operandi. Mas le defendió en un primer momento, pero luego dijo que la responsabilidad de las finanzas era solo del que había sido su secretario personal.
Daniel Masagué, exalcalde de Torredembarra
Recibió 1,4 millones. Fue alcalde por CDC de la localidad tarraconense entre el 2008 y el 2014, hasta que tuvo que abandonar el cargo tras su detención por corrupción en la adjudicación de contratos municipales. Está acusado de haber recibido 1,43 millones de euros desde sociedades controladas por la familia Sumarroca.
Xavier Crespo, exalcalde de Lloret del Mar
Sobornado por un mafioso. El exalcalde de Lloret de Mar (Gerona) entre el 2003 y el 2011 por CDC es uno de los regidores presuntamente implicados en la trama. También diputado nacionalista en el Parlamento catalán, tuvo que dejar el escaño a consecuencia de su imputación judicial por aceptar sobornos de un mafioso ruso en el caso Clotilde.
LA CORRUPCIÓN EN CATALUÑA
El discurso de «España nos roba» se desacredita