La Fiscalía rechaza investigar a Rajoy y Hernando por atentar contra las víctimas del franquismo
ESPAÑA
También queda fuera el alcalde de Baralla, que afirmó que las víctimas «algo habrían hecho» y que «se lo merecían»
19 ago 2015 . Actualizado a las 15:43 h.La Fiscalía General del Estado ha rechazado investigar a políticos por haber hecho declaraciones que atentarían contra las víctimas del franquismo, tal y como le pidió la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) el pasado julio.
En un escrito firmado por el fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía y fechado el pasado 5 de agosto se comunica a la ARMH que no se han encontrado «elementos suficientes como para ejercer acciones penales o civiles» tras el análisis del informe que presentó la asociación recogiendo diversos recortes de prensa con declaraciones de políticos.
Entre otras cosas, aparecen en el informe las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando «celebra que la Audiencia Nacional prohíba las exhumaciones del juez Garzón en 2008» y del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que dijo, según la asociación, que «las víctimas de la dictadura únicamente se acordaban de sus familiares cuando había dinero».
Otro de los políticos contenidos en el informe, de 42 páginas, es el alcalde de Baralla (Lugo) que, ante la petición de exhumar una fosa común, afirmó que las víctimas «algo habrían hecho» y que «se lo merecían».
El documento denuncia también el mantenimiento de títulos nobiliarios concedidos por Franco a personas que la ARMH considera responsables de violaciones de derechos y el hecho de que la familia del dictador conserve el de «Grandes de España».
La Fiscalía General del Estado no ve delito en estas declaraciones ni en los títulos nobiliarios, por lo que ha comunicado a la asociación que por parte de este departamento «no se va a emprender ningún tipo de actuación», aunque recuerda al presidente de la ARMH, Emilio Silva, que tiene la facultad de «ejercer por sí mismo cuantas acciones estime pertinentes».
Silva ha lamentado la decisión de la Fiscalía porque, a su juicio, «parece que desde el poder judicial hay un doble lenguaje» y mientras «se persigue el enaltecimiento en el caso de algunas declaraciones, en el caso de otras no», lo que no debería ocurrir en una democracia como la española.