Una reforma constitucional con intenciones electorales

El PP quiere presentarse a los comicios catalanes como defensor del modelo territorial actual frente a la ambigüedad socialista

Rubio Llorente presidía el Consejo de Estado que elaboró el informe de reforma constitucional que ahora quiere recuperar Rajoy
Rubio Llorente presidía el Consejo de Estado que elaboró el informe de reforma constitucional que ahora quiere recuperar Rajoy

Madrid / La Voz

Después de casi toda una legislatura en la que ha estado echando balones fuera sobre la reforma de la Constitución, Mariano Rajoy se ha convertido de repente, en pleno mes de agosto, en su promotor. La justificación del presidente del Gobierno para este tardío empeño es que durante estos casi cuatro años evitar la quiebra y el rescate y colocar al país en al senda de la recuperación ha sido su objetivo prioritario, que no dejaba espacio para abordar cambios en la Constitución.

Pero significativamente este giro de 180 grados en su estrategia política tiene lugar a poco más de un mes y medio de las elecciones catalanas. El propio Rajoy ha dicho que «las claves» de lo que hay que reformar están en el informe que hizo en el 2006 el Consejo de Estado por encargo de José Luis Rodríguez Zapatero, que luego abandonó en un cajón.

Techo competencial

En ese documento se asumían cuatro reformas concretas: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión a la Corona, la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, la inclusión de la denominación de las comunidades autónomas y la reforma del Senado.

Pero el documento del organismo que presidía Francisco Rubio Llorente también alertaba del «riesgo de crisis por la apertura del sistema» autonómico e incluso sugería modificar el artículo 143, que recoge el derecho al autogobierno de las autonomías, para incluir expresamente la obligación de solidaridad.

Lo que pretende Rajoy es fijar el techo de las competencias autonómicas, es decir delimitar con claridad cuáles pertenecen a las comunidades y cuáles al Estado. O, al menos, ese es el mensaje que quiere trasladar antes de las trascendentales elecciones catalanas. Es una forma de apelar al electorado no nacionalista, presentando al PP como el más firme defensor del Estado de las autonomías frente a los socialistas, que abogan por una reforma asimétrica que incluya la «singularidad» y el reconocimiento del «hecho diferencial» de Cataluña.

El PP quiere pescar votos en el caladero socialista entre los decepcionados por lo que considera deriva soberanista del PSC, aprovechando sus pactos con los independentistas en varios ayuntamientos catalanes. Los dirigentes del PSOE se han visto obligados a negar que defiendan un pacto fiscal para Cataluña, similar al régimen fiscal del que gozan el País Vasco y Navarra.

Rajoy se ha sacado este asunto de la chistera veraniega cuando todas las encuestas indican que el PP perderá su mayoría absoluta y que el bipartidismo retrocederá de forma espectacular. El acuerdo con los socialistas habría sido más fácil durante esta legislatura que la próxima, en la que el Congreso estará más fragmentado y en el que Podemos irrumpirá con fuerza.

Garante del modelo

Por ello, cabe concluir que su anuncio, al margen de que Rajoy crea que la reforma la Constitución en el 2016 sería positivo, tiene un indudable componente electoral, presentarse en las catalanas como el garante del modelo constitucional sin privilegios para ninguna comunidad, al tiempo que aboga como guiño por una nueva financiación autonómica.

Para trasladar ese mensaje ha optado por Xavier García Albiol, un político combativo con el independentismo capaz de disputar encarnizadamente el voto al PSC y a Ciudadanos. Rajoy parte del menguante apoyo a la independencia que muestran las encuestas de la propia Generalitat y cree que la única opción del PP de evitar la catástrofe electoral es presentarse en las urnas a cara descubierta.

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