Aguirre, airada con el juez de la Púnica por vincular a la trama con la financiación del PP
ESPAÑA
Plantea la posibilidad de personarse en la causa ante las sospechas del magistrado
08 ago 2015 . Actualizado a las 10:02 h.Esperanza Aguirre se encara con el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, por apuntar durante un interrogatorio que la Audiencia Nacional tiene sospechas de que parte del dinero que ha obtenido en los últimos años la trama corrupta que lideraba Francisco Granados terminaba en una supuesta caja B del Partido Popular de Madrid, que preside Aguirre desde noviembre del 2004. La portavoz de los populares de Madrid se mostró tajante. Dijo que niega «absoluta y totalmente» la posibilidad de que Granados y los suyos allegaran fondos ilícitos para financiar al PP de la comunidad procedentes de comisiones irregulares por adjudicaciones amañadas. Insistió en que nunca ha habido «ningún indicio» para sostener que ha existido financiación irregular en la formación que ella dirige desde hace más de una década.
La frase que ha encendido a Aguirre la pronunció el instructor el pasado 31 de octubre durante el interrogatorio, precisamente, de Granados. Casi al final de esa declaración, el magistrado, por primera vez en más de un año y medio de diligencias, lanzó su bomba cuando el que fuera hombre fuerte de Esperanza Aguirre negaba cualquier tipo de amaño. «¿No sabe usted nada de contratos sobrevalorados? ¿De cantidades sobreexcesivas? Pues creemos que parte del dinero hinchado en esos contratos, se lo quedaba y se lo repartían el alcalde (del municipio contratante), usted y el Partido Popular de la Comunidad de Madrid», fue la frase textual de Eloy Velasco.
Granados, ante el juez, también negó en redondo esa acusación. Pero Esperanza Aguirre, ayer, incluso fue más allá y tildó de «alucinante» que el magistrado lanzara esas acusaciones y trató de explicar las palabras del juez como una suerte de lapsus. «El juez de la trama Púnica, quizás porque tenía esa idea en la cabeza, pues lo dijo en la declaración grabada», apuntó. «Pero yo quisiera que dijera si hay algún indicio, porque sino nos tendremos que personar (en el caso) como PP de Madrid para que explique qué hay ahí», anunció la veterana política, antes de anticipar, no obstante, que en las miles de páginas del sumario «no hay absolutamente nada» que apunte a la supuesta financiación irregular de la formación regional que encabeza.
La presidenta del PP de Madrid explicó que «cuando todo esto surge» fue en el año 2011 y para entonces Francisco Granados ya no era secretario general del PP madrileño ni tenía ninguna responsabilidad en las cuentas de la formación.
Los de la Gürtel, expulsados
«La corrupción es algo que rechazamos desde el minuto uno en el PP de Madrid», insistió la lideresa, quien recordó, en clara alusión a los procesados de la trama Gürtel, que ella misma expulsó de la formación regional a cargos relacionados con redes corruptas «mucho antes de que se les imputara». Eso sí, en el caso de Granados, explicó, su destitución como número 2 del partido en Madrid no fue por sus sospechas de corrupción sino por su «deslealtad para con el Gobierno regional».
Aguirre se defendió y aprovechó para lanzar algunas supuestas puyas a la dirección nacional de su partido, siempre a cuenta de la Púnica. En esa línea, apuntó que ni el PP de Madrid ni el gobierno autonómico que ella presidió entre el 2003 y el 2012 contrataron jamás con el empresario Alejandro de Pedro, el conseguidor de la trama, cuyo su nombre ha aparecido también en los interrogatorios conocidos esta semana ligado a la sede de Génova 13. En esas grabaciones, De Pedro confesó que llegó contactar con la dirección del Partido Popular para vender sus servicios para mejorar la imagen on line de la cúpula de la formación. Afirmó que tuvo un «contacto» hace «dos años» con Carlos Floriano. Y que su valedor ante el entonces vicesecretario de Organización fue Nacho Uriarte, expresidente de Nuevas Generaciones. El PP finalmente ha tenido que admitir esta semana que las declaraciones de De Pedro eran ciertas y que el empresario «ofreció sus servicios para mejorar la reputación de los líderes del partido en las redes», que cobró 5.000 euros como «prueba», pero que luego no fue contratado.
El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, pidió a Esperanza Aguirre que se ponga «a disposición de los tribunales» y que proporcione «toda aquella información que agilice la investigación sobre la implicación de altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid».