Las formaciones recibieron en el 2013 cinco euros de dinero público por cada uno que ingresaron en aportaciones de sus militantes
31 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Los partidos «son instrumento fundamental para la participación política», señala el artículo 6 de la Constitución. Para garantizar esta función, esencial en una sociedad democrática, la Carta Magna prevé una generosa financiación pública de las formaciones políticas. Una forma de protegerlos en un momento, en los albores de la transición, en que los partidos aún no tenían gran arraigo social. Ocurre que, casi 40 años después, el dinero público sigue siendo su sustento fundamental, ya que las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes apenas representan una quinta parte de sus ingresos. Así lo vuelve a constatar, un año más, el informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos correspondiente al 2013 hecho público ayer por el Tribunal de Cuentas. El Estado aportó ese año un total de 216,7 millones de euros a todas las formaciones políticas, que en cambio solo ingresaron 42,8 millones por cuotas de militantes y simpatizantes. Es decir, por cada euro que ponen los miembros del partido, el Estado les da cinco.
La debilidad del músculo financiero de los partidos, sumado a las numerosas y cada vez más costosas campañas electorales, explica el abultado endeudamiento de todos ellos. En conjunto, deben 205,7 millones de euros, el equivalente a cinco años de ingresos de cuotas de afiliados o el total de las subvenciones públicas recibidas en el 2013. Más de la mitad de la deuda, en concreto 127 millones de euros, son con garantía hipotecaria. La situación es especialmente crítica para Izquierda Unida y los dos partidos hasta hace poco socios en CiU, Convergència Democrática y Unió Democrática, con un abultado patrimonio neto negativo, es decir que en caso de que fueran una empresa se encontrarían en situación de quiebra técnica.
Uno de los seis partidos que se encuentran en esta tesitura es el BNG, que tenía al finalizar el 2013 un saldo negativo de 2,6 millones de euros. No obstante, el Tribunal de Cuentas pone en valor el plan de reestructuración de gastos que el Bloque puso en marcha en el 2012 «en orden a alcanzar el necesario equilibrio patrimonial, que debe continuar en el futuro a fin de evitar posibles dificultades de financiación a largo plazo». En esta línea, el órgano fiscalizador hace extensiva a todos los partidos su recomendación de recortar gastos.
Los principales beneficiarios del sistema de financiación son el PP y el PSOE, que entre los dos se reparten dos tercios del dinero público que reciben los partidos. Son también las formaciones que más adeudan a las entidades de crédito (en conjunto 118,5 millones de euros, más de la mitad de la deuda total de los partidos). Los populares cerraron el ejercicio del 2013 con un resultado positivo de 14,8 millones de euros. El Tribunal de Cuentas le da un toque de atención por haber contabilizado de forma conjunta las aportaciones por cuotas de afiliados (4,3 millones) y de los cargos públicos (9,4 millones).
Más irregularidades detecta el Tribunal de Cuentas en la contabilidad del PSOE, que no identifica adecuadamente donaciones por importe de 8.848,67 euros. Asimismo, vulneró la ley al pagar diez mil euros en efectivo a un proveedor, cuando el máximo permitido es de 2.500 euros. El Tribunal de Cuentas también detecta irregularidades menores en otros partidos, como donativos recibidos en cuentas no acreditadas para ello o donaciones de personas jurídicas a Convergència y a Unió sin el acuerdo del órgano social competente.
Más gastos en viajes
Ayer se conocieron también los gastos de los diputados en viajes, que han aumentado en el segundo trimestre. Según la información del Portal de la Transparencia del Congreso, entre abril y junio los diputados gastaron en viajes 1.184.686 euros, es decir 157.576 más que entre enero y marzo. En el primer semestre del año, la factura total asciende a 2,59 millones, lo que da una media de 1.200 euros al mes por parlamentario.
El grueso de los gastos de viaje se refieren a los desplazamientos de los diputados entre sus lugares de residencia habituales y Madrid para asistir a las sesiones. Algo menos de un 10 % de la factura corresponde a viajes relacionados con actividades políticas del grupo parlamentario que paga el Congreso. En este segundo trimestre no ha habido ningún viaje oficial de delegaciones de la Cámara baja.