Anticorrupción se querella contra Matas y Villar Mir por adjudicación de un hospital
ESPAÑA
A juicio del fiscal, este caso resulta paradigmático de cómo «con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar»
23 jul 2015 . Actualizado a las 19:47 h.El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha presentado hoy una querella contra el expresidente del Govern balear Jaume Matas, el presidente de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, y otras seis personas por la presunta corrupción en la adjudicación del hospital Son Espases de Palma.
El resto de querellados son la exconsellera de Salud balear Aina Castillo, el ex director general del Servicio de Salud Sergio Beltrán, el propietario de la consultora Global PM, Jesús Peinado, el asesor de esa sociedad Luis Francisco Piña, el director de hospitales de OHL José Magán y el exgerente del PP Fernando Areal, cuñado de Matas.
La querella, fruto de una investigación iniciada por el fiscal el año pasado, atribuye a los ocho ex responsables públicos y gestores empresariales delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración. El supuesto amaño en la adjudicación de Son Espases, la mayor obra pública llevada a cabo en Baleares con un presupuesto inicial de casi 780 millones de euros, fue objeto a principios de este año de una comisión de investigación en el Parlament balear.
«El mayor concurso público de Baleares fue manipulado y pervertido por orden de Jaume Matas, quien ostentaba un control absoluto sobre el mismo», sostiene Horrach, que subraya que pese a que los imputados Castillo y Beltrán han colaborado aportando numerosos datos, aún queda por aclarar una cuestión clave: «si se solicitaron y abonaron comisiones o sobornos». El fiscal resume que Matas dirigió «maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias» ocultas bajo «una falsa apariencia de corrección y pulcritud», y para ello se sirvió de subordinados como «títeres complacientes» que una vez empleados de «escudo protector» fueron «abandonados sin escrúpulos».
A juicio del fiscal, este caso resulta paradigmático de cómo «con demasiada frecuencia se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o simplemente no tiene cabida».
Horrach solicita que comparezcan ante el juez en calidad de imputados los ocho querellados y que se tome declaración en calidad de testigos a los miembros del Consejo Consultivo, al que se le pidió un informe cuando se dio marcha atrás a la adjudicación a OHL.