Mas oculta con qué porcentaje de voto declararía la independencia

Una de las grandes incógnitas del proceso soberanista de Cataluña seguirá en la bruma del misterio. El Gobierno de Artur Mas considera innecesario fijar qué mayoría de votos o escaños será necesaria para respaldar la declaración de la independencia. «Trabajaremos para conseguir una mayoría suficiente y que sea incontestable», resumió Neus Munté, la portavoz del Ejecutivo catalán.

En la seudoconsulta del 9 de noviembre no se fijaron los mínimos para dar legitimidad democrática a la decisión de los catalanes porque la votación independentista solo era una muestra de voluntad política sin consecuencias jurídicas. Pero el Gobierno de Cataluña tampoco parece que en esta oportunidad vaya a fijar un mínimo, ya sea en porcentaje de votos o en número de diputados, para dar consistencia legal al proceso secesionista tras las elecciones del 27S.

Todos los dirigentes soberanistas, desde Artur Mas a Oriol Junqueras o de menor relevancia pública, se han escabullido siempre que ha surgido este asunto. Hasta que la portavoz del Gobierno catalán decidió ayer encarar el tema. «No fijaremos ningún porcentaje ni ningún número -dijo Munté- hay que conseguir una mayoría suficiente e incontestable porque queremos elecciones en clave plebiscitaria y resultados claros de cara al Estado y la comunidad internacional».

En el mundo independentista hay división de opiniones. Hay quien considera que una mayoría absoluta el 27S en votos y en escaños sería suficiente para abrir el proceso secesionista con una declaración solemne del Parlamento de Cataluña. Pero también los hay que creen que debe ser con una mayoría cualificada. Para reformar el Estatuto de Autonomía catalán se requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara, 90 diputados.

Esta indefinición no es casual porque nadie tiene la certeza de que los resultados del 27S vayan a ser incontestables para el independentismo. Ni siquiera la mayoría absoluta es segura. Las encuestas solo apuntan a una mayoría absoluta raspada en caso de una lista unitaria de todo el soberanismo, y en la de Juntos por el sí falta la CUP. En los procesos de independencia recientes, los referendos secesionistas fueron ganados con porcentajes abrumadores, por encima del 90 %, en la mayoría de los casos. Es lo que ocurrió en Croacia, Georgia, Lituania, Uzbekistán, Ucrania y Macedonia, en 1991, y en Kosovo en el 2008. Solo en Letonia y Estonia bordearon el 80 %.

«Estén tranquilos»

El Gobierno de Mariano Rajoy se niega a alimentar la polémica de los porcentajes en votos o escaños porque las del 27S son unas elecciones autonómicas sin carácter plebiscitario, y mucho menos un referendo sobre la independencia de Cataluña. El presidente del Gobierno pidió ayer a todos los ciudadanos que «estén tranquilos» porque él y su Ejecutivo se comprometen a que, hagan lo que hagan los soberanistas tras las elecciones del 27S, «nadie va a perder su condición de español y catalán, la soberanía nacional no se va a romper, ni va a haber independencia de Cataluña». Rajoy acusó a Mas sin citarlo de ser un «irresponsable». Considera que le importan muy poco «los problemas reales y el interés general de los ciudadanos de Cataluña» y que se dedica solo a «generar una división como no se recuerda» en su propio interés personal y político. «¡Ojo con colocarse por encima del bien y del mal!», le advirtió Sáenz de Santamaría.

Sánchez ofrece a Cataluña mejorar la financiación y un gobierno de «mayor calidad»

Pedro Sánchez defendió ayer en Barcelona su propuesta de reforma constitucional como única solución al «callejón sin salida» que, a su juicio, proponen a los catalanes Artur Mas y Mariano Rajoy. Insistió en que, a diferencia del líder del PP, el PSOE quiere abrir un diálogo sobre una reforma de la Carta Magna que debería servir para «constitucionalizar los elementos esenciales de un sistema de financiación autonómica conforme a los principios de autonomía financiera, suficiencia, solidaridad, equidad interterritorial, corresponsabilidad y cooperación, mejorando así la financiación de comunidades autónomas y singularmente la de Cataluña». Otra de las grandes líneas sería «conseguir un autogobierno de mayor calidad en las comunidades que tengan vocación de autogobierno». En las filas populares, ya hay voces que ven la reforma como inevitable.

«Está metido en un lío del que no sabe salir», dice Duran sobre el presidente de la Generalitat

Unió Democrática, el exsocio de Convergència, se mostró ayer convencido de que a Artur Mas «se le ha escapado de las manos» el proceso soberanista porque sus objetivos originales no pasaban por la independencia de Cataluña, según el secretario general de la formación democristiana, Ramón Espadaler.

Una idea en la que abundó el presidente de Unió, Josep Antoni Duran, quien apuntó que el presidente catalán, al que conoce muy bien, se ha visto «arrastrado» por Esquerra y las entidades civiles soberanistas. El resultado, añadió, es que Mas está metido en «un lío» del que no sabe como salir. «En la Unión Europea nadie entendería que alguien proponga saltarse la ley ni tampoco a quien mantiene su incapacidad para hacer política en mayúsculas, profundizó Duran, quien subrayó que Unió puede servir como puente para reconducir la situación.

El Tribunal Superior catalán concluye que haber votado el 9N no es delito

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archivó los centenares de escritos de autoinculpación de personas que dijeron haber votado en la consulta independentista del 9N. No es delito, resolvieron los jueces.

Varios centenares de catalanes presentaron en juzgados de toda Cataluña escritos en los que se autoinculparon por haber votado en la consulta del 9N en solidaridad con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la entonces vicepresidenta Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau. La Fiscalía presentó una querella contra los tres por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos al organizar la consulta soberanista.

La Sala Civil y Penal del tribunal resolvió que las autoinculpaciones no implican «la participación en ninguno de los delitos» atribuidos a Mas, Ortega y Rigau. El hecho de ir a votar, continúa la sala, no supone ninguna infracción penal porque no hay constancia de que provocaran desórdenes públicos u otro tipo de delitos.

En la consulta del 9N participaron 2,2 millones de personas, de las que 1,9 millones votaron a favor de la independencia de Cataluña. La votación, según el Gobierno de Rajoy, vulneró la prohibición de celebrarla, como había dictaminado el Tribunal Constitucional.

Testigos

Dentro de la misma investigación, el Tribunal Superior de Cataluña citó para que declare como testigo el 30 de julio al inspector jefe de Enseñanza, Francesc Güell, quien asistió a dos reuniones para informar a los centros educativos de su papel en la consulta, en la que fueron centros de votación. También llamó a declarar a dos directoras de institutos públicos, una de las cuales se negó a ceder las llaves de su centro para que tuviera lugar la votación. El sindicato Manos Limpias ha pedido al TSJC que adopte medidas de protección para los dos inspectores que denunciaron la celebración de estas reuniones, «dadas las represalias y repudias sociales y mediáticas» que han sufrido.

El Gobierno autonómico valoró ayer muy positivamente la decisión del alto tribunal catalán y consideró que si votar en el proceso participativo del 9N no era ningún delito, «poner las urnas tampoco lo debe ser» porque «es lo normal» en todo país democrático.