La Sala Civil y Penal del tribunal resolvió que las autoinculpaciones no implican «la participación en ninguno de los delitos» atribuidos a Mas, Ortega y Rigau. El hecho de ir a votar, continúa la sala, no supone ninguna infracción penal porque no hay constancia de que provocaran desórdenes públicos u otro tipo de delitos.
En la consulta del 9N participaron 2,2 millones de personas, de las que 1,9 millones votaron a favor de la independencia de Cataluña. La votación, según el Gobierno de Rajoy, vulneró la prohibición de celebrarla, como había dictaminado el Tribunal Constitucional.
Testigos
Dentro de la misma investigación, el Tribunal Superior de Cataluña citó para que declare como testigo el 30 de julio al inspector jefe de Enseñanza, Francesc Güell, quien asistió a dos reuniones para informar a los centros educativos de su papel en la consulta, en la que fueron centros de votación. También llamó a declarar a dos directoras de institutos públicos, una de las cuales se negó a ceder las llaves de su centro para que tuviera lugar la votación. El sindicato Manos Limpias ha pedido al TSJC que adopte medidas de protección para los dos inspectores que denunciaron la celebración de estas reuniones, «dadas las represalias y repudias sociales y mediáticas» que han sufrido.
El Gobierno autonómico valoró ayer muy positivamente la decisión del alto tribunal catalán y consideró que si votar en el proceso participativo del 9N no era ningún delito, «poner las urnas tampoco lo debe ser» porque «es lo normal» en todo país democrático.
