Editores y periodistas logran que Catalá se avenga a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal

redacción / la voz

ESPAÑA

El ministro se compromete a buscar un texto que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y el del investigado

02 jul 2015 . Actualizado a las 04:00 h.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a buscar un texto alternativo que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado en el artículo 520.1 de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), como le han solicitado editores y periodistas.

En una reunión de trabajo con el ministro, representantes de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), a la que pertenece La Voz de Galicia, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), y del Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), mostraron su inquietud porque el citado artículo, introducido en una enmienda en el Congreso de los Diputados, pone en peligro el derecho constitucional a la información. Concretamente, con el voto favorable de los grupos Popular y CiU, se añadió al artículo 520.1 referido a las detenciones. Especifica que en el arresto «se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores».

En la reunión, además de precisar que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, según sentencias del Tribunal Constitucional, se puso sobre la mesa que las palabras «adoptar las medidas necesarias» han creado un gran desconcierto y total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial. 

Libertad de información

Los representantes de los editores, organizaciones profesionales y sindicatos han valorado la voluntad de diálogo del ministro y su disposición a buscar fórmulas para que la reforma legislativa no suponga una traba a la libertad de información. 

En otro encuentro con representantes de las organizaciones de editores y periodistas, el portavoz del Grupo Socialista del Senado ?donde se tramita en la actualidad el proyecto de ley?, Óscar López, mostró su disposición a rechazar el texto del artículo 520.1, tal y como ha sido remitido desde el Congreso, pidiendo la retirada del polémico párrafo.

En la reunión con el ministro  de Justicia participaron representantes de AEDE, así como de la FAPE, del FOP, de la Agrupación de Periodistas de UGT y de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). 

El polémico artículo

La parte más polémica del artículo y que choca con la libertad de información es la primera frase: «La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio». Esta redacción podría poner trabas a la libertad de información. La polémica se avivó en abril pasado con la detención del exdirigente del FMI y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, cuando los fotógrafos captaron las imágenes de su detención.