El Supremo procede contra Chaves y Griñán por prevaricación administrativa en los ERE

El juez ha abierto una doble vía, instando por un lado el suplicatorio de Chaves y de los también aforados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías y solicita que Griñán, que ya no es aforado, siga siendo enjuiciado. Tras conocerse la noticia, los tres parlamentarios han renunciado a sus actas de diputados


Madrid

«Se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del Consejo de Gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado». El juez Alberto Jorge Barreiro, que investiga en el Tribunal Supremo el caso de los ERE fraudulentos, imputó ayer con estos argumentos por un delito de prevaricación administrativa a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a los exconsejeros autonómicos José Antonio Viera y Gaspar Zarrias. En el caso de Viera, el magistrado entiende que cometió además un delito de malversación de caudales públicos. Según Barreiro, Chaves «contribuyó a materializar el otorgamiento de ayudas/subvenciones a sabiendas de que se otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios de las subvenciones regladas ni tampoco de las excepcionales».

El juez exculpa a Mar Moreno

El juez deja fuera del procedimiento a la ex consejera y actual senadora Mar Moreno, a la que no atribuye ningún delito. Como estaba previsto, Manuel Chaves abandonó de inmediato su escaño en el Congreso y lo mismo hicieron Zarrías y Viera, también diputados nacionales. El juez envió una exposición motivada a la sala de admisión para que pida el suplicatorio a las Cortes, dada su condición de aforados. Griñán, que no ocupa cargo alguno en este momento tras dejar su acta de senador, y por tanto no es aforado, será enjuiciado conjuntamente con el resto de acusados como coautor, ya que su caso no se puede desgajar.

La inculpación de los ex responsables del Gobierno andaluz pone fin a un largo proceso jurídico y político en el que ninguno de ellos quiso asumir responsabilidades políticas por un fraude cometido mientras eran los máximos responsables de la Junta.

En su exposición motivada, Bareiro describe el mecanismo empleado entre los años 2000 y 2010 por la Junta de Andalucía para conceder ayudas a empresas y particulares y que, tras sucesivas modificaciones, acabó transformado en un sistema de transferencias de financiación, eludiendo cualquier tipo de control sobre esas subvenciones «ilegalmente concedidas» y generando un falseamiento del presupuesto. Para el magistrado, esas modificaciones fueron arbitrarias y sirvieron para desviar fondos hacia un objetivo «claramente ilícito». El juez hace constar las reiteradas advertencias por parte del interventor Manuel Gómez sobre las irregularidades, dando así crédito a su declaración, un elemento clave para dar por acreditado que los imputados conocían la ilegalidad del sistema.

El juez cuantifica en 855 millones de euros el dinero que la Junta dedicó a las subvenciones concedidas. Pero no precisa a cuánto asciende el perjuicio ocasionado a la Administración, algo que, según explica, se tardará años en precisar. La mayor parte del dinero se dedicó a sufragar 77 eres en los que hubo pagos excesivos.

El PSOE no los expulsa

La dirección del PSOE aceptó de inmediato la renuncia a sus escaños en el Congreso de Chaves, Zarrías y Viera. Pese a ello, no los suspenderá de militancia La expulsión solo se producirá, de acuerdo con el código ético cuando se abra juicio oral contra ellos. Respecto a si el PSOE, y su líder, Pedro Sánchez, siguen defendiendo la presunción de inocencia de los imputados, el secretario de Organización, César Luena, eludió comprometerse y dijo que «el PSOE respeta el proceso judicial y confiamos en que dentro del sistema judicial y del proceso a través de su defensa puedan probar su inocencia». Aseguró además que, en caso de que no hubieran renunciado, el partido se lo habría demandado.

La dimisión de Chaves y Griñán fue una de las exigencias que impuso Ciudadanos para dar su apoyo a la presidenta andaluza Susana Díaz. Aunque en un principio reclamó que dejaran sus escaños de inmediato, posteriormente aceptó que Griñán se limitara anunciar que no repetiría como senador y que Chaves dimitiera cuando se le imputara un delito concreto, como ha ocurrido finalmente.

El juez afirma que Chaves aprobó en Consejo de Gobierno como presidente de la Junta los proyectos de presupuestos de los años 2002-2009 sabiendo que incluían los pagos de subvenciones fraudulentas.

El juez estima que aunque no estuvo presente cuando se acordó elevar al Consejo de Gobierno las modificaciones presupuestarias, sí estuvo presente en la lectura del acta, «por lo que tuvo conocimiento de su tramitación».

El juez dice que siendo consejero de Economía y Hacienda actuó a sabiendas de que el importe modificado se destinaba a abonar ayudas sociolaborales y a empresas «concedidas por un procedimiento ilegal».

El juez afirma que hay «diferentes elementos incriminatorios que desvirtúan sus alegaciones exculpatorias, cuando menos desde la perspectiva indiciaria que ha de regir en la fase procesal en que nos hallamos».

Hasta diez años de inhabilitación

La prevaricación administrativa está tipificada en el artículo 404 del Código Penal como la «resolución arbitraria en una resolución administrativa» dictada por una autoridad o funcionario público a sabiendas de su injusticia. Está castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un período de entre siete y diez años.

El PP exige a Díaz y a Sánchez que den explicaciones por una «década de corrupción»

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, sostuvo que el de ayer fue un «día triste» para Andalucía debido a la «crónica de una imputación anunciada», y pidió a la presidenta de la Junta y secretaria del PSOE andaluz, Susana Díaz, y al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que den explicaciones por la «década de corrupción» en el Gobierno andaluz. Pidió a la dirección nacional de los socialistas que aclare si conocía estos hechos y «se miró para otro lado».

El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Juan Marín, aseguró que su formación le hubiera planteado una moción de censura a Susana Díaz si Chaves, Zarrías y Viera no hubieran entregado sus actas tras ser imputados, porque esa era una exigencia en el documento firmado con los socialistas. Ahora, afirmó Marín, esta renuncia de los imputados «reafirma» el acuerdo de investidura firmado con el PSOE.

Podemos: No es un caso aislado

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, pidió a la Justicia que actúe «con premura» para que los ciudadanos no tengan que «respirar cada día el clima de impunidad» sobre la corrupción en casos como el fraude de los ERE en Andalucía que, según dijo, «no es un caso aislado». Consideró también que se trata de «un día triste» porque se ha conocido que «los dos presidentes más destacados de la Junta de Andalucía están acusados de delitos muy graves de corrupción», «avergonzándonos a los andaluces». El líder de IU, Cayo Lara, consideró que el PSOE debería haber exigido la renuncia a los imputados hace tiempo. «Creo que eso no resuelve los problemas de Andalucía, pero de cualquier forma ya lo tenían haber hecho hace tiempo, deberían haber resuelto esa situación hace muchos años», dijo.

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
10 votos
Comentarios

El Supremo procede contra Chaves y Griñán por prevaricación administrativa en los ERE