Carlos Suárez-Mira: «La prisión permanente es la forma eufemística de la cadena perpetua»

El juez ferrolano ve regresiva la reforma penal que entrará en vigor el 1 de julio


La Voz / Ferrol

El magistrado Carlos Suárez-Mira, titular del Juzgado de lo Penal 2 de Ferrol, profesor universitario en excedencia y estudioso del Código Penal, considera que la reforma que entrará en vigor el próximo 1 de julio es «innecesaria», además de «regresiva y represiva».

-¿Qué cambios sustanciales representa el nuevo Código Penal respecto al actual?

-Los cambios son muy numerosos y profundos y se suman a los ya producidos en las más de 30 reformas que ha padecido el texto de 1995, lo cual es un verdadero despropósito, pues un Código Penal debe tener una vocación de permanencia. Se han producido grandes transformaciones político-criminales, técnicas, estructurales y de índole formal. En realidad, se ha desnaturalizado tanto el Código Penal de 1995 que podríamos decir que hoy constituye, más que un código, una colección de leyes penales.

-¿Mejora o empeora la Justicia?

-Más allá de alguna modificación que puntualmente haya podido mejorar algún aspecto problemático, en realidad la reforma resultaba totalmente innecesaria, además de ser profundamente regresiva y represiva. Aumenta la intervención penal a través de la tipificación de nuevas figuras delictivas y a través de una elevación en el rigor de las penas, otorgando una relevancia aún mayor a la omnipresente pena de prisión. Y esto es un verdadero contrasentido cuando España es uno de los países del mundo con unas tasas de delito más bajas y con una población penitenciaria más alta. Ciertamente, no había necesidad alguna de una mayor represión en un país enormemente seguro y civilizado. Todo lo contrario. Lo que se ha hecho no es otra cosa que seguir los postulados de un auténtico populismo punitivo.

-Uno de los cambios que más llama la atención es la prisión permanente revisable...

-La prisión permanente revisable no es más que una forma eufemística de denominar a la cadena perpetua. Pero es evidente que ni siquiera desde el punto de vista lingüístico ha estado afortunado el legislador, pues si la prisión es permanente no puede ser revisable, y si es revisable, resulta evidente que no es permanente. Es una pena con dos partes: una fija y otra variable. La primera puede ser de 25, 28, 30 o 35 años, según los delitos, y se ha de cumplir irremediablemente. Pasados esos períodos y si el interno ha logrado ser clasificado en tercer grado, el tribunal, en función de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito cometido, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, etcétera, podrá determinar que existe un pronóstico favorable de reinserción social y suspender en su caso la ejecución de la pena durante un plazo de cinco a diez años. Se aplica en algunos tipos agravados de asesinato, en el homicidio del rey o reina o príncipe o princesa de Asturias, homicidio del jefe de un Estado extranjero o de otra persona internacionalmente protegida por un tratado, delitos de genocidio y delitos de lesa humanidad.

-También se establece la despenalización de las faltas.

-Teóricamente desaparecen por completo las faltas, pero ello es engañoso. Pasan tres cosas: unas, muy pocas, desaparecen; otras se convierten en infracciones administrativas; y un tercer grupo se transforman en delitos leves, cuya pena acaba siendo más elevada. Las faltas relacionadas con el tráfico (lesiones u homicidios por imprudencia leve) han sido despenalizadas, por lo que quien resulta lesionado en un accidente de tráfico habrá de acudir a la vía civil para ser indemnizado. Ello es correcto, pues la mayoría eran imprudencias nimias. Las patrimoniales no desaparecen, sino que se transforman en delitos leves -el hurto, la estafa o la defraudación de fluido eléctrico por importe inferior a 400 euros-. Estos nuevos delitos leves siguen siendo enjuiciados por los jueces de instrucción y a través del vigente juicio de faltas, lo que es incongruente con el resto de delitos, que han de ser juzgados por juez distinto del que instruye. Obviamente, la despenalización de aquellas faltas que ya han sido enjuiciadas pero cuya pena aún no se ha cumplido implica el archivo del procedimiento, salvo en lo relativo a la responsabilidad civil.

-¿Estos cambios supondrán más trabajo para los juzgados?

-Sin duda, los de primera instancia van a asumir el conocimiento de lo que hasta ahora eran faltas de lesiones de tráfico, ya que los afectados tendrán que acudir a la vía civil para reclamar por sus lesiones.

carlos suárez-mira magistrado y profesor universitario

El sinsentido de poder casarse a los 14 años pero no mantener relaciones sexuales

El magistrado Carlos Suárez-Mira sostiene que los cambios que recoge el nuevo Código Penal en relación a los delitos contra la libertad sexual obedecen a una «indisimulada función promocional de valores morales o políticamente correctos». Según este estudioso de la materia, los cambios en este aspecto son muchos y, en términos generales, «se podría decir que se configuran algunos tipos totalmente novedosos, se amplía el ámbito aplicativo de los que ya existían y se endurecen de manera generalizadas las penas».

Para Suárez-Mira, es muy discutible la elevación de la edad de consentimiento a los 16 a partir de los 13 actuales. «A nadie se le escapa -señala- que las relaciones entre adolescentes son frecuentes y naturales, y por esta vía no solo estamos criminalizándolas, sino a menudo impidiéndolas de forma indirecta». A este respecto, añade que no se puede olvidar que también existe un Derecho Penal juvenil que afecta a los menores de entre 14 y 18 años, que, sin duda, van a ver coartada su libertad sexual.

Según el magistrado ferrolano, lo de casarse antes de los 16 años también va a ser objeto de modificación fijando en esa cifra la edad mínima, «pero, ciertamente, hasta entonces se producirá el absurdo de que se puede casar con un/una menor de 14 o 15 años, pero no mantener relaciones sexuales con él/ella».

En cuanto a los delitos que afectan a la intimidad de la persona, se crea uno nuevo por la difusión no autorizada de imágenes o de grabaciones audiovisuales.

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