El PP descarta tomar medidas contra los nuevos imputados en el caso Púnica

mateo balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Sergio Barrenechea | EFE

Cinco diputados de Madrid y Murcia, implicados en el cobro de comisiones

03 jun 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

La sombra de sospecha sobre los contratos públicos adjudicados a la trama Púnica se extendió ayer como una mancha de aceite por la moqueta de la Comunidad de Madrid. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dio un paso casi definitivo para cerrar la instrucción con la imputación de cinco diputados autonómicos del PP, dos de ellos consejeros de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar y Salvador Victoria, y un tercero de Murcia, Juan Carlos Ruiz, el único que presentó la dimisión. Los otros dos encausados son los parlamentarios regionales madrileños Mario Utrilla y José Miguel Moreno. El PP no tomará medidas contra ninguno de ellos porque no son partidarios «de linchar a la gente antes de que lo hagan los jueces», en palabras del portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando.

El movimiento de Velasco estaba dirigido contra los altos cargos vinculados a la red corrupta de contratos y subvenciones, cuyos tentáculos se extienden por Madrid, Murcia y León. El magistrado ha tenido que hilar fino con estas imputaciones por la actual situación política. Se trata de políticos aforados hasta la próxima semana, cuando se constituyan las nuevas cámaras legislativas autonómicas. A partir de ese momento perderán esa condición y podrán ser llamados a declarar ante Velasco, porque ninguno fue incluido en las listas del PP para las elecciones del pasado 24 de mayo y pasarán a ser ciudadanos de a pie.

El juez ha mirado de reojo el calendario para interrogar a los imputados por delitos relacionados con la corrupción. Entre el próximo 11 y el 26 de junio los acusados pasarán por la Audiencia acompañados de sus abogados para responder por los indicios que apuntan a su presunto trato de favor a empresas de la trama y a sus cabecillas. Para ello, un informe de la Guardia Civil incluido en la parte de la instrucción declarada secreta ha sido definitivo para confirmar su implicación. Este documento se centra en las pesquisas realizadas por la Unidad Central Operativa en los tres últimos meses.

La fecha no es baladí. La propia Lucia Figar, consejera de Educación durante la etapa de Esperanza Aguirre, primero, y con el presidente madrileño Ignacio González después, anunció el pasado 27 de marzo que abandonaría la política por «razones personales» cuando concluyera la legislatura. Una sorpresa para muchos porque se trataba de un valor emergente e, incluso, llegó a sonar en algún momento como ministra del ramo en sustitución de José Ignacio Wert. Sin embargo, su imputación ha dejado en palabras mojadas sus «razones personales».

Un aspecto elocuente fue la reacción de su departamento ayer, al asegurar que «están colaborando con la justicia desde hace meses, cuando se remitieron los expedientes completos de los contratos, de unos 1.900 euros mensuales, y la acreditación de los servicios prestados, todo fiscalizado por la Intervención».

No obstante, a Figar, que declarará el viernes 26 junto a su compañero Salvador Victoria, le investigan por contratos por valor de 80.000 euros que su Consejería habría firmado con Madiva, una de las empresas del conseguidor de la trama Alejandro de Pedro.

En el caso de Victoria, número dos de Ignacio González, está relacionada con la labor del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Este reclamó presuntamente a Indra, adjudicataria de numerosos contratos, pagos en negro por 120.000 euros que tendrían a De Pedro como destinatario, que también fue citado el 11 de junio. Una semana más tarde declarará David Marjaliza, cerebro empresarial de la red.

Investigados 3 consejeros y 2 parlamentarios

Salvador Victoria. Consejero de Presidencia y Justicia de la C. de Madrid

Deberá comparecer inicialmente ante el juez el 26 por un delito de corrupción, al estar supuestamente implicado en el cobro de comisiones por la adjudicación de contratos.

Lucía Figar (en la imagen superior). Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid

Citada para declarar el día 26, Figar, que fue consejera en la etapa de Aguirre y en la González, sorprendió a todos cuando anunció que abandonaba la política por razones personales

Juan Carlos Ruiz. Consejero de Industria del Gobierno de Murcia

Aunque las investigaciones permanecen secretas, el juez le implica en una trama de amaño de contratos públicos en varios municipios, entre ellos Cartagena. Dimitió tras ser imputado. Declarará el 22.

Mario Utrilla. Diputado de la Comunidad de Madrid.

El día 11 declarará sobre un delito de corrupción.

José Miguel Moreno. Diputado de la Comunidad de Madrid

Deberá comparecer el día 18.