Chaves y Griñán piden que se reclamen a Alaya pruebas que creen exculpatorias

Las defensas reclaman una serie de documentos clave que avalarían la legalidad y el conocimiento «al detalle» que tuvo el Parlamento andaluz del sistema presupuestario


madrid / colpisa

Las defensas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y de los otros tres exconsejeros imputados en la causa de los ERE fraudulentos en el Tribunal Supremo tratan de incorporar nuevas pruebas exculpatorias, según sus abogados, antes de que el juez decida en los próximos días si solicita o no el suplicatorio al Congreso y el Senado para actuar contra todos los parlamentarios o solo contra algunos de ellos.

En un escrito presentado ayer, los abogados reclamaron al magistrado Alberto Jorge Barreiro una serie de documentos clave, según su parecer, que avalarían la legalidad y el conocimiento «al detalle» que tuvo el Parlamento andaluz del sistema presupuestario de las ayudas sociolaborales que ahora está bajo sospecha.

Esta prueba documental no fue enviada al Tribunal Supremo por la juez de Sevilla Mercedes Alaya, que instruye el procedimiento ordinario, por lo que la instancia judicial superior no ha tenido acceso a ella. La razón de esta omisión se desconoce. Se trata del llamado Anexo XX1, que incluye la documentación presupuestaria, debates y enmiendas parlamentarias relativas al programa 31.L, el nombre técnico de los ERE o las ayudas sociolaborales a empresas en crisis del 2000 al 2011.

Este anexo son miles de folios encuadernados en tomos que fueron solicitados al Parlamento andaluz por la jueza. Fueron remitidos el 19 de agosto del 2014 y desde entonces «siguen sin foliar en los archivos del juzgado», según las defensas. De las miles de páginas, Alaya solo incorporó a la causa cinco papeles que contienen el índice de estos documentos.

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