La Audiencia deja en manos del juez Castro la reducción de la fianza de la infanta

Cristina de Borbón, sobre la que pesa una fianza civil de 2,7 millones de euros, reclama que la caución le sea reducida a 449.500 euros


El tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma que juzgará el caso Nóos ha acordado este miércoles que la competencia para decidir sobre la petición de la infanta Cristina de que se le reduzca la fianza es del juez instructor, José Castro, y le ha devuelto la documentación sobre este asunto. La hermana de Felipe VI pidió a principios de mayo una reducción de 2.697.150 a 449.525 euros de la caución por responsabilidad civil fijada en su contra en el caso Nóos, donde está acusada de cooperación en dos delitos fiscales, por considerarla «manifiestamente injustificada», una solicitud a la que se adhirió la Fiscalía.

El juez Castro había declarado el pasado lunes en un auto que no tenía competencia para adoptar una decisión sobre la petición de rebaja de la fianza porque el caso Nóos ya ha sido trasladado al tribunal de la Audiencia de Palma encargado de juzgarlo, sobre el cual recaería también dicha solicitud.

En un auto dictado este miércoles, el tribunal, que preside Juan Pedro Yllanes, y completan Samantha Romero y Eleonor Moyà, ha acordado que la competencia de la reducción de fianza postulada por la infanta «corresponde al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma» y le ha devuelto el asunto.

El juez Castro señaló el lunes que, en el caso Nóos, el Juzgado de Instrucción número 3 sólo conserva la competencia sobre las piezas de medidas cautelares impuestas de manera «puramente residual» y ceñida a la ejecución material de las fianzas, a custodiar los pagos y embargos. Añadió que la decisión afecta al auto de apertura de juicio oral que es donde fijó las fianzas, y que la causa ya obra en poder del tribunal que la juzgará, que en su opinión sería el competente.

El tribunal de la sección primera señala en su auto que la tramitación de las fianzas mediante piezas separadas, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tiene el objeto de que se resuelvan todas las posibles incidencias sin entorpecer la instrucción y le es aplicable «el régimen general de recursos». La jueza ponente, Samantha Romero, afirma en el auto que considera «trascendente» el hecho de que la infanta formuló la petición el 8 de mayo y las actuaciones se elevaron a la Audiencia de Palma diez días después. 

Además, indica que Castro asumió la competencia cuando el día 12 dio trámite de alegaciones a las demás partes personadas para que manifestaran lo que considerasen oportuno. La jueza recuerda al juez que «no puede plantear cuestiones de competencia al órgano superior».

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