Dos colosos informáticos optan al megacerebro cazaterroristas de Interior

Indra y Accenture rivalizan en diseñar un programa que identifique criminales


madrid / colpisa

El futurista proyecto del Ministerio del Interior de crear un megacerebro que localice terroristas quizás no sea ciencia ficción. Dos gigantes tecnológicos, Indra y Accenture, creen que es posible crear ese monstruo electrónico capaz de identificar -a través de cálculos estadísticos y cruzando ingentes cantidades de datos en milisengundos- perfiles de personas potenciales terroristas entre los millones de pasajeros que cada año se mueven por los aeropuertos españoles.

Las dos multinacionales son las finalistas del concurso que el pasado 27 de marzo convocó el Gobierno para crear por 1,6 millones de euros, IVA incluido, ese engendro informático. Las dos empresas han completado todos los trámites y en sus pliegos aseguran verse capaces de poner en marcha este proyecto, tal y como exige el Ministerio del Interior, antes del 10 de diciembre. Una tercera compañía, Bityvip, no ha pasado las duras condiciones para este concurso.

El proceso de adjudicación de este controvertido proyecto, de acuerdo con los papeles oficiales, no está siendo un concurso burocrático más, habida cuenta de lo delicado del programa, que el Ejecutivo considera «cuestión de seguridad nacional», según han revelado fuentes de los servicios antiterroristas.

La mesa de contratación está siendo férreamente controlada por los servicio de Inteligencia e Información del Estado, de hecho serán ambos los que decidan el concurso. En ese comité hay como vocales un representante de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones y otro del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), la gran estructura en la que comparten datos sensibles los servicios secretos del CNI y los de Información de Policía Nacional y Guardia Civil.

Un comisario imputado

Se da la circunstancia de que el representante de los servicios de Inteligencia del CITCO elegido por el Gobierno para controlar la contratación es el comisario Miguel Ángel Barrado Casado, imputado en el caso Pequeño Nicolás y que declarará ante el juez acusado de revelación de secretos el próximo día 22. Barrado ha negado cualquier relación con Francisco Nicolás Gómez-Iglesias y con su entorno. El comisario, en sus escritos remitidos al juzgado, niega haber consultado matrículas fuera de sus atribuciones, tal y como investiga el juez Zamarriego.

El proyecto por el que compiten Indra y Accenture, y cuya adjudicación se decidirá antes de agosto, se llama PNR (Registro de Nombres de Pasajeros, por sus siglas en inglés). Interior no esconde que el objetivo último de este ingenio informático es la «identificación automática del perfil demográfico y sociológico del pasajero» siempre que los datos que aporten las fuentes de la computadora lo permitan. Y el departamento que dirige Jorge Fernández tampoco oculta en el «acta de nacimiento» del PNR que la recopilación de datos de inteligencia se hará con informaciones personales en «fuentes abiertas» en Internet.

De acuerdo con los «requisitos funcionales» que establece Interior, las dos empresas finalistas ven viable crear un sistema capaz de dar «alertas sobre perfiles sospechosos a partir de los datos del pasajero». Las dos compañías -entiende Interior- también tienen la tecnología adecuada para cumplir la exigencia más polémica que plantea el pliego de condiciones: capacidad de «captar» informaciones en redes sociales y otras «fuentes de Internet», entre ellas Twitter, Google Plus, Linkedlin, Tumblr, Instagram, Flickr, Youtube, Vimeo, LiveLeak o los buscadores Google, Bing, Yahoo o Duck Duck Go. El cerebro igualmente debe tener la potencia para en cuestión de segundos presentar a la policía los «foros, blogs o páginas genéricas» en las que aparezcan menciones del pasajero.

El Ministerio del Interior ha pedido a las empresas finalistas el diseño de una nueva herramienta para suplir la imposibilidad de «analizar manualmente» la «gran cantidad de datos disponibles» a la caza de «anomalías» (que revelen la existencia de potenciales terroristas).

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