El juez da tres días a la infanta Cristina para que diga qué bienes se le embargan

No depositó ni un solo euro de los casi 2,7 millones de fianza civil por el caso Nóos

Urdangarin alega que no tuvo margen para cobrar otra cosa que los más de seis millones de euros que le pagaron las Administraciones.
Urdangarin alega que no tuvo margen para cobrar otra cosa que los más de seis millones de euros que le pagaron las Administraciones.

madrid / colpisa

Tres días. Ni uno más. La infanta Cristina ha colmado la paciencia de José Castro y ahora el magistrado del caso Nóos le da ese plazo para que comunique al juzgado qué «cuentas corrientes, depósitos, activos financieros y bienes inmuebles» prefiere que se le embarguen para cubrir los 2.697.150 euros de fianza (incluidas multas) que el instructor le impuso el pasado 22 de diciembre por responsabilidad pecuniaria como «cooperadora necesaria de dos delitos contra la Hacienda Pública» de su marido.

Castro, en un auto hecho público ayer, explica que se ha cumplido con «notorio exceso» el plazo de 20 días que dio entonces para que depositara esa millonaria caución en el juzgado. Y la hermana de Felipe VI no solo no ha depositado un solo céntimo sino que, a diferencia de otros imputados de este sumario, ni siquiera ha facilitado al juzgado un listado con los activos o bienes a embargar. No es la única imputada del caso Nóos que ha hecho completo caso omiso a la reclamación del magistrado. Castro ha abierto piezas separadas similares a la de la duquesa contra otros encausados como el expresidente balear Jaume Matas; la mujer del socio de Iñaki Urdangarin, Ana María Tejeiro; o el supuesto cerebro de las sociedades del duque en el extranjero, Salvador Trinxet. En los casos en los que los acusados ya había entregado la lista de bienes y cuentas a embargar, como los cuñados de Diego Torres, el juez ya ha dado órdenes para bloquear esos activos.

Según explicaron fuentes del caso, el embargo real de los bienes o cuentas de la infanta aún llevará algún tiempo porque el proceso es lento y la situación patrimonial de doña Cristina en este proceso es confusa, sobre todo en lo referido a un pago que ya realizó con anterioridad y a la accidentada venta del palacete de Pedralbes

Si esta semana no entrega el listado de activos a bloquear o estos no tienen un valor igual o superior a esos casi 2,7 millones de euros que le reclama Castro, el instructor solicitará a la Agencia Tributaria y al registro de la propiedad un elenco exhaustivo de las cuentas, ingresos, activos y bienes a su nombre.

Proceso largo

El proceso puede durar semanas y podría desembocar, como primera medida, en el embargo de gran parte de los más de 238.000 euros anuales que cobra como directora del Área Social de la Fundación La Caixa, el activo más fácil de decomisar, según fuentes judiciales. El pasado 17 de diciembre Cristina de Borbón depósito en la cuenta del juzgado los 587.413 euros de fianza en concepto de responsabilidad civil, pero como responsable civil subsidiaria de esos dos delitos y no como autora en grado de cómplice. Aun descontando esa cantidad, el resto de bienes compartidos con su marido ya están al 50 % embargados o vendidos, entre ellos el palacete de Pedralbes.

Iñaki Urdangarin culpa a las Administraciones de las irregularidades en los contratos

Iñaki Urdangarin se presenta como víctima de haber cobrado más de seis millones de euros de las Administraciones valenciana y balear por los encuentros deportivos que organizaba el Instituto Nóos. Es más, en su escrito de defensa afirma que no tuvo «margen negociador» ninguno y que, por tanto, cualquier responsabilidad por las supuestas irregularidades de los Valencia Summits y los Illes Balears Forum es de las instituciones de ambas comunidades que, en cualquier caso, no supervisaron que no podían otorgar a dedo la organización de eventos a su fundación sin supuesto ánimo de lucro.

«La administración pública disfruta de poderes exorbitantes ajenos a la esfera jurídica de los particulares», afirma Mario Pascual Vives, defensor del cuñado de Felipe VI. Y esos «poderes exorbitantes» fueron los que, según el duque, las instituciones de las dos comunidades autónomas usaron para forzarle a «adherirse» a los contratos que le daban más de seis millones de euros por montar cinco encuentros de poco más de un fin de semana. Él, arguye, no tuvo «margen negociador» para oponerse a la oferta.

El duque, además, alega que en aquellos encuentros deportivos no se vendía «humo» como sostiene la Fiscalía. Es más, Valencia y Baleares se dieron más que satisfechas con el resultados de aquellas cumbres tan bien remuneradas, según el duque.

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