Considera que el Gobierno manchego podría haberse excedido ampliamente en el incremento de la jornada laboral a funcionarios, la reducción salarial y los ajustes en la prestación por incapacidad temporal
29 abr 2015 . Actualizado a las 19:32 h.El Tribunal Supremo ha cuestionado el plan de ajustes del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. El alto tribunal entiende que la norma podría no ser constitucional en varios de sus artículos de la ley de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, por lo que pide el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
El auto con el que el tribunal responde a un recurso presentado por CC. OO. y UGT se refiere, concretamente, a los artículos relacionados con el incremento de jornada laboral a los funcionarios, la reducción salarial y los ajustes en la prestación por incapacidad temporal.
Cospedal había presentado el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos tres meses después de lograr la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas con el objetivo de ahorrar más de 1.800 milones de euros en dos años. La flamante presidenta de Castilla-La Mancha lo vendió como «un ejemplo para toda España» que serviría para sacara a la autonomía de la «ruina» en la que lo había dejado el Gobierno socialista en la comunidad.
El Supremo considera que, aunque las medidas de reducción del gasto a través de un recorte en las condiciones laborales de los funcionarios «se encuentran en esa competencia estatal básica que actúa de techo para las Comunidades Autónomas», la legislación estatal no parece, sin embargo, «dar cobertura a lo que se plasma en la ley» presentada por Cospedal para regular los ajustes. Afirma, por el contrario, que la reduccion salarial o la ampliación de la jornada laboral de los funcionarios «exceden ampliamente» las regulaciones permitidas por el Gobierno central en normativas superiores, como el real decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria presentado por Rajoy en el 2011.
Importancia «mínima» según el Gobierno manchego
El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha afirmado hoy que es «mínima» la importancia del auto porque no entra en el fondo del asunto y ha considerado «malintencionado» sacar conclusiones.
El portavoz de la Junta ha opinado que el pronunciamiento de este tribunal es «algo normal» en cualquier proceso, por lo que a su juicio «sacar conclusiones más allá» es «malintencionado y falso», y ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha, «en multitud de ocasiones, en distintos tribunales», ya ha ganado sobre el fondo de este asunto, «la última por ejemplo en el Tribunal Superior de Justicia de la región».
Con ello, ha dicho que esperan «volver a ganar» porque tiene «la seguridad de que la medida es perfectamente legal» y, por ello, ha lamentado que quienes «mienten sobre lo que dice el auto fueron los mismos que no vieron una crisis económica y que hoy niegan la recuperación que se está dando».
Al igual que el consejero portavoz, la diputada del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Carolina Agudo ha subrayado en rueda de prensa que el pronunciamiento del Supremo «no es una sentencia sino una consulta» al Tribunal Constitucional.
Con ello, ha asegurado que el plan «ha ayudado a los castellanomanchegos a garantizar y a salvar los servicios sociales arruinados tras el paso de los gobiernos socialistas» y ha apuntado que el PSOE dejó una deuda de 12.000 millones de euros.
Sin embargo, en otra conferencia de prensa, la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha advertido de la herencia «en forma de pufo legal» para futuros gobiernos que dejará el actual Gobierno regional si se confirman las dudas sobre la legalidad judicial del plan de ajuste.
«Va a ser una cuantía importantísima, un pufo, una herencia, una papeleta que va a dejar la presidenta de Castilla-La Mancha a los que vengamos después», ha afirmado Maestre, para quien el auto del Supremo «es la demostración de que se ha actuado no solo con odio y ensañamiento hacia los trabajadores públicos, sino con un tremenda irresponsabilidad en la gestión de lo público».
También han analizado el auto CC. OO. y UGT, sindicatos que recurrieron la ley que permitía aplicar el plan con el que el Gobierno regional pretendía hacer frente al elevado déficit de la comunidad.
Así, el coordinador del Sector Autonómico de la FSC de CC. OO., Ramón González, ha opinado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal está «derrotado» y ha reclamado a la presidenta regional que «antes de irse», tras los comicios de mayo -ha augurado-, retire el plan de ajuste.
Por su parte, la secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Campoy, ha dicho que el auto «ratifica la crónica de una inconstitucionalidad anunciada».