Anticorrupción exculpa al PP de delito fiscal y pide cinco años para Bárcenas

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

BENITO ORDÓÑEZ

Acusa al extesorero de falsedad documental y apropiación indebida

28 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

En solo dos párrafos de su escrito, la Fiscalía Anticorrupción exoneró ayer al PP del delito fiscal que le imputó el instructor Pablo Ruz al cerrar la investigación de la causa de la caja B, hace un mes. El representante del ministerio público en este procedimiento, Antonio Romeral, aseguró en su escrito de calificación penal de los hechos que «no resulta debidamente justificada la perpetración» del fraude que hizo Ruz, y por ello reclamó su sobreseimiento en el juicio.

El juez se explayó en más de una decena de folios de su auto en justificar la responsabilidad fiscal del PP. Unos densos argumentos, precedidos de una dura pugna con la oficina antifraude de la Agencia Tributaria, que el fiscal anticorrupción desbarató. No obstante, el acusador público, el defensor de la legalidad, sí considera al partido de Rajoy responsable civil subsidiario de la contabilidad paralela que manejaban los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, a los que pide cinco años de prisión por tres delitos (falsedad documental continuada, apropiación indebida y delito fiscal) y una multa fija de 261.000 euros por casi dos décadas de caja B (1990-2008), respectivamente.

Para Romeral, el PP se enfrenta a una multa como persona jurídica por los ilícitos penales de sus antiguos empleados, pero en ningún caso debería sentarse en el banquillo de los acusados por no tributar el impuesto de sociedades del ejercicio del 2008, que no superó con amplitud la cuantía mínima para ser delito, 120.000 euros.

El juez Ruz determinó que las donaciones irregulares percibidas en aquel curso superaron el millón de euros, de los que 888.000 euros fueron destinados a los pagos en negro de las obras de la sede nacional. Aunque en el 2008 la Ley de Financiación de los Partidos exoneraba de tributar las donaciones, Ruz partió de la base de que estas fueron irregulares y se destinaron para un fin ilícito, los referidos pagos en B. Por lo tanto, según su disposición y la de la Sala de lo Penal, dijo, el PP debió de declarar unos 220.167 euros del Impuesto de Sociedades.

Sin embargo, en dos párrafos el fiscal Romeral rebate el argumento del juez. Hizo suyo el criterio de la Agencia Tributaria, que en tres informes concluye que las donaciones se encuentran exentas de tributar el referido gravamen, según la Ley de Financiación de Partidos del 2007. En todo caso, añade el acusador en su escrito, «integradas tales rentas en el Impuesto de Sociedades, la cuota presuntamente defraudada por el PP en el 2008 alcanzaría un importe de 25.630 euros», muy inferior a la cuantía del delito fiscal.

El perito díscolo

Aquí están las diferentes apreciaciones de juez y fiscal. Pero, ¿cómo llega el segundo a esta conclusión? Como Romeral no lo explica, hay que acudir al informe pericial de Hacienda que Ruz reclamó con reiteración antes de concluir la investigación de la caja B. El funcionario determinó que en el caso de haber tributado las donaciones la cuota a pagar por los populares hubiera sido de 220.167 euros. Pero este perito se permitió la licencia de elaborar otro cálculo diferente, al margen del criterio fijado por el juez. El trabajador de la Agencia Tributaria tuvo en cuenta los ingresos totales del PP en el 2008 (83 millones de euros, incluyendo las donaciones ilegales) y los gastos totales de ese ejercicio (72 millones). Como las donaciones ilegales suponen un 1,08 % de los ingresos totales del partido, el experto aplicó ese porcentaje a los gastos totales, lo que le dio una cifra de 778.148 euros, que serían deducibles en el Impuesto de Sociedades. Así, si el PP ingresó por esa vía 888.000 euros y se podrían deducir 778.148 euros, debería abonar un 25 % por la cantidad restante, lo que daría una cuota íntegra a pagar de 25.630 euros. La misma cuantía que el fiscal Romeral.

El PSOE asegura que el exsenador y Lapuerta eran solo «unos mandados»

El secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, aseguró ayer, tras conocer el escrito de Anticorrupción, que los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta eran «unos mandados» y pidió la «depuración de responsabilidades» entre los altos cargos del partido. El político socialista exigió a la cúpula de los populares que «no se vaya de rositas» por veinte años de «financiación ilegal». Pradas, considera que «el peso de la ley» no debe reducirse exclusivamente a los tesoreros, por lo que afirmó que la Fiscalía debe ampliar las responsabilidades penales a los dirigentes del PP que fueron, a su juicio, «los verdaderos ideólogos», entre ellos Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, de la financiación ilegal «a lo largo de toda su historia».

El caso, a la gran pantalla

El caso del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas tendrá su propia película gracias a la recaudación de 50.000 euros a través de la plataforma de crowdfunding Verkami. Además, el proyecto resultó ganador en la III edición de los Premios Te queremos comunicar, organizados por la agencia Cultproject.

Actualmente están implicadas en la producción dos productoras independientes, Bolo Audiovisual (Navarra) e Inicia Films (Barcelona). El rodaje comenzará en mayo y su estreno en salas está previsto para finales de septiembre. Por su parte, hoy el extesorero del PP comparecerá en un juzgado madrileño para ratificar la denuncia que interpuso contra la jefa de personal de la formación Milagros Puentes.