Los prelados han pedido perdón por no haber atendido siempre «con prontitud» a los más necesitados
27 abr 2015 . Actualizado a las 20:56 h.Los obispos soltaron ayer una andanada contra la corrupción, causante de un «progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes». En el documento La Iglesia, servidora de los pobres, aprobado por más de dos tercios del plenario de la Conferencia Episcopal, los prelados sostienen que el enriquecimiento ilícito «es una conducta éticamente reprobable y un grave pecado». La jerarquía eclesiástica hace autocrítica y, en un gesto infrecuente, pide perdón por no haber acudido siempre a socorrer con diligencia a los más necesitados. En el texto, los dirigentes de la Iglesia apuestan por un pacto social contra la pobreza, para lo cual es preciso que los poderes públicos y la sociedad civil aúnen esfuerzos. En sintonía con el magisterio del papa Francisco, cuya lucha contra la «cultura del descarte» se ha convertido en una prioridad de su pontificado, los obispos españoles abogan por la opción preferencial por los pobres. En su diagnóstico sobre la realidad social, los obispos consideran que el reparto de los sacrificios ha sido injusto. «La crisis no ha sido igual para todos. De hecho, para algunos, apenas han cambiado las cosas» A la luz de las estadísticas oficiales, la desigualdad y la exclusión social han crecido de manera destacada, lo que para los prelados representa una «seria amenaza a largo plazo». Aunque la crisis no conoce fronteras, el episcopado aduce que en España se han «socializado las pérdidas», mientras que los «beneficios no se han compartido». «Lo que la crisis ha puesto de manifiesto es que, en nuestra economía, en época de recesión, se acrecienta la pobreza, sin que llegue a recuperarse en la misma medida en épocas expansivas», argumentan los autores de la instrucción pastoral.
La Iglesia no hace tabla rasa ni acusa a todos los gestores de ser unos corruptos. Dicho esto, advierte de que si no se actúa con firmeza contra la corrupción, las consecuencias pueden ser muy lesivas. «La falta de energía en su erradicación puede abrir las puertas a indeseadas perturbaciones políticas y sociales».
«Seria afrenta»
La Conferencia Episcopal denuncia que la corrupción, además de moralmente condenable, deteriora el sistema político, impide la competencia leal y encarece los servicios. Para la jerarquía católica, el enriquecimiento ilícito «supone una seria afrenta para los que están sufriendo las estrecheces derivadas de la crisis; esos abusos quiebran gravemente la solidaridad y siembran la desconfianza social». Anticipándose a posibles críticas, el portavoz de la jerarquía católica, José María Gil Tamayo, aseguró que la instrucción pastoral «no es un documento contra nadie, no es la palabra de un contrincante político en tiempo electoral», sino «la voz de la Iglesia que quiere hablar a los fieles y una iluminación a los problemas que tiene nuestro país».
Los obispos exhortan a una «verdadera regeneración moral», aunque son conscientes de que la mayoría de los políticos «ejerce con dedicación y honradez sus funciones públicas». Para Juan José Omella, presidente de la comisión de Pastoral Social del episcopado y titular de la diócesis de Logroño, los prelados no pueden conformarse con una recuperación económica que no alcanza a todos. Desconfían de las proclamas que dicen que la crisis ha sido superada y de los mensajes que identifican crecimiento del PIB con recuperación económica. «Hasta que ésta no se haga efectiva en la vida de los afectados no nos conformaremos».
Los obispos abominan de la desregulación financiera y de los mercados, al tiempo que se rebelan contra la adoración de la «lógica mercantil»,
«La ideología que defiende la autonomía absoluta de los mercados y de la actividad financiera instaura una tiranía invisible que impone unilateralmente sus leyes y sus reglas», señala el documento. Solidaridad La jerarquía eclesiástica impugna el axioma de que «más es igual a mejor», de que el crecimiento es por sí solo un instrumento que favorece la inclusión social. «Pero esta opinión ha sido desmentida muchas veces por la realidad. Se impone la implantación de una economía con rostro humano». Los obispos apelan a la solidaridad y piden que los poderes públicos no desatiendan a los trabajadores, que corren el riesgo de quedar abandonados a su suerte. En el texto se reivindica que la economía vuelva a ser competencia de los políticos y no un asunto exclusivo de tecnócratas. «La actividad económica, por sí sola, no puede resolver todos los problemas sociales; su recta ordenación al bien común es incumbencia sobre todo de la comunidad política, la que no debe eludir su responsabilidad en esta materia»
Hacen autocrítica y entona un mea culpa
«Pedimos perdón por los momentos en que no hemos sabido responder con prontitud a los clamores de los más frágiles y necesitados». Los obispos creen que la penuria no es una fatalidad ni algo connatural a toda sociedad. «La pobreza hoy es evitable; tenemos los medios para superarla. Los principales obstáculos para conseguirlo no son técnicos, sino antropológicos, éticos, económicos y políticos», aseveran.